Educación y sindicatos firman el acuerdo de adecuación retributiva del profesorado cántabro
- Se pone fin a un conflicto que ha durado un año y medio
- En este tiempo ha habido trece días de huelga y cuatro manifestaciones multitudinarias
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La Junta de Personal Docente inició en octubre de 2023 sus reivindicaciones laborales para recuperar el poder adquisitivo perdido, tras una inflación del más del 34 % desde la última subida retributiva, que tuvo lugar en 2008. En el marco de la campaña #EsAhora, los sindicatos se reunieron con los grupos parlamentarios para recabar el apoyo de las fuerzas políticas, recogieron firmas en más de 70 centros escolares e incluso se llegaron a encerrar durante unas horas en las dependencias de la Consejería para exigir al departamento de Sergio Silva la convocatoria urgente de una mesa sectorial.
Las medidas de presión no calaron en la administración y, por ello, un año más tarde los sindicatos presentaron a Educación una primera propuesta en materia de adecuación salarial. Se trataba de un borrador que ascendía a un importe de 325,66 euros al mes con una progresión escalonada desde 2024 hasta 2027. El consejero presentó una contrapropuesta que no contentó a las organizaciones sindicales, quienes empezaron un encierro de protesta en la sede del Gobierno de Cantabria, que se prolongó durante 10 días.
Implicación de la presidenta de Cantabria
Al comienzo de 2025, el Gobierno de Cantabria y los sindicatos abrieron una nueva etapa de diálogo tras una reunión, encabezada por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en la que ambas partes pusieron de manifiesto su voluntad negociadora para avanzar hacia la mejora retributiva. Sin embargo, las posturas entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación estaban más lejos que nunca. Los sindicatos rechazaron la propuesta de Silva que recogía una subida salarial de 90 euros al mes desde el 1 de septiembre de 2025 y en los siguientes dos cursos, así como complementos específicos para la enseñanza en entornos rurales y por no tener bajas médicas, y ante la falta de avances, anunciaron una convocatoria de huelga en la educación pública para el 3 de abril, que culminó con una multitudinaria manifestación.
El curso escolar finalizó y la tensión fue en aumento. Tras varias negociaciones fallidas, Cantabria vivió un agitado inicio de año lectivo marcado por una huelga docente y una semana de paros con una doble convocatoria de los sindicatos. El conflicto parecía enquistado y la posibilidad de acercar posturas se veía remota, después del rechazo conjunto de los partidos de la oposición al plan presupuestario regional para 2026. En este momento, cobró especial relevancia la conocida como Cláusula Silva, una condición que supeditaba el cumplimiento del acuerdo a la aprobación de los presupuestos autonómicos.
Firma del acuerdo
A principios de marzo de 2026, el escenario político cambió y la firma del acuerdo entre PP y PRC para los presupuestos supuso un cambio de rumbo en la negociación. La Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación firmaron un preacuerdo que recogía una subida salarial lineal, general y no condicionada de un total de 180,23 euros mensuales hasta enero de 2029, más el IPC que corresponda, y la mejora de los sexenios hasta septiembre de ese mismo año, con 130 horas de formación acreditadas.
