La Junta Militar de Birmania busca legitimidad internacional reabriendo el parlamento cinco años después del golpe
- Lidera la Cámara Baja un exjefe de la policía de la Junta y exministro clave en la represión de la disidencia
- La ONU considera que las elecciones fueron fraudulentas al impedir participar a líderes prodemocráticos
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Primera sesión en cinco años en el Parlamento de Naipyidó, la ciudad que la Junta Militar convirtió en la capital de Birmania, rebautizada por el régimen como Myanmar. A la izquierda del hemiciclo, con uniforme, los militares y algunos policías ocupan la cuarta parte de los escaños, obtenidos automáticamente, según establece la Constitución redactada en 2008 por ellos mismos, lo que se traduce de facto en un derecho a vetar cualquier enmienda a la Carta Magna.
El resto de diputados están en su inmensa mayoría ataviados con lungui (tela anudada a la cintura que sustituye a los pantalones, utilizada en países asiáticos de clima cálido), camisa blanca y el tradicional pañuelo gaung baung en la cabeza. Entre ellos, muy pocas mujeres. En la sesión retransmitida por la televisión oficial birmana, se observa la escenificación de un aparente regreso a la democracia en la forma, para asegurar su continuidad en el fondo.
La Cámara de Representantes del Parlamento birmano se ha reunido este 16 de marzo por primera vez desde el golpe de Estado que dio el Ejército en 2021 contra el Gobierno de Aung San Suu Kyi, la premiada con el Nobel de la Paz que permanece presa desde la asonada militar y que no pudo concurrir a las recientes elecciones legislativas, celebradas en tres fases entre diciembre y enero.
Una farsa para conseguir la legitimidad internacional
La Junta birmana no permitió la entrada de prensa extranjera para los comicios, como tampoco accedió a la petición de entrada de RTVE y de otros medios internacionales para el terremoto de marzo de 2025. Sin observadores externos, ni prensa independiente que dé fe del proceso electoral, muchos países occidentales y analistas consideran estos recientes comicios una farsa organizada por el Ejército para legitimar internacionalmente su permanencia en el poder, que usurparon por la fuerza a la lideresa elegida en las urnas.
La Organización de Naciones Unidas considera que esas elecciones han sido fraudulentas, al impedir la participación de partidos y líderes prodemocráticos. Para la Unión Europea, los comicios no han cumplido con los elementos básicos para ser considerados libres y justos, ni suponen un proceso electoral creíble, transparente e inclusivo que cumpla con los estándares internacionales.
En un escrutinio orquestado por el poder militar y sin oposición real que pudiera concurrir, no había lugar para la sorpresa: el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), el brazo político del Ejército, ganó las elecciones con una amplia mayoría (300 escaños de 420) y con una baja participación.
Sus diputados se han estrenado eligiendo como presidente de la Cámara Baja a Khin Yi, líder del PUSD, exjefe de la Policía de la Junta y, según el medio opositor Irrawaddy, ministro implicado en la represión de la disidencia.
"Este nivel de control deja claro que no se puede esperar nada de este Parlamento, que operará exclusivamente al antojo del líder militar. Es simplemente una maniobra del liderazgo militar para que el poder pase de su mano izquierda a su mano derecha", explica el analista independiente Htin Kyaw Aye a Reuters.
Cinco años de represión de las voces disidentes
En los últimos cinco años de dictadura militar, el régimen se ha encargado de acallar las voces disidentes, lo que sólo ha permitido concurrir en las listas a formaciones pro ejército. El sesgado proceso electoral contrasta con las legislativas anteriores, celebradas en 2020, en las que la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido liderado por Aung San Suu Kyi, obtuvo una victoria aplastante.
La alegría de los birmanos duró poco: en enero de 2021, la Junta Militar anuló los resultados, detuvo a la Nobel de la Paz y disolvió su partido, lo que desencadenó una guerra civil, que se mantiene activa en el país asiático.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, ha recordado esta semana desde Ginebra que, en estos cinco años, más de 30.000 personas han sido detenidas en Birmania por motivos políticos.
Los legisladores que ganaron aquellos comicios y no han sido detenidos se encuentran en el exilio. En paralelo, han celebrado una sesión en línea en la que han declarado que su autoproclamado “Gobierno de Unidad Nacional” sigue siendo el único poder legítimo de Birmania. Su presidente interino, Duwa Lashi, ha arremetido contra el dudoso proceso electoral: “Asistimos a una tentativa de engañar al pueblo por una representación fraudulenta surgida de estas falsas elecciones”. Y acusa a los autores del golpe de Estado de “intentar obtener una legitimidad internacional a toda costa”.
Objetivo: atraer inversión extranjera y regresar a la escena internacional
Debido a la fuerte caída de la inversión extranjera directa desde el golpe de Estado de 2021, con la formación del nuevo Gobierno de Birmania, la Junta Militar busca ganar el mayor reconocimiento internacional posible, a través de la normalización de las relaciones con grandes potencias como Estados Unidos, al tiempo que suma puntos para atraer inversión del exterior. Además del aspecto económico, en lo político, también pretende regresar a la escena internacional. El régimen de los generales lleva años golpeado por las sanciones económicas y sin participar en las cumbres internacionales más importantes.
El líder de la Junta, el general Min Aung Hlaing, respaldado por China y Rusia, pretende recabar más apoyos, incluso entre los enemigos de sus mayores aliados, aprovechando la actual tendencia internacional hacia un mayor autoritarismo. La Administración Trump se ha mostrado cautelosa y, aunque continúa negando la legitimidad de la Junta Militar, desde el año pasado ha hecho varios intentos de contactar con los funcionarios birmanos. En la Cumbre de la ASEAN de octubre de 2025, Washington se negó a unirse a la condena de la Junta Militar birmana y del proceso electoral sin participación de la oposición.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el 24 de noviembre de 2025 el fin del plan de protección para los birmanos, argumentando que la situación en Birmania podría lograr "avances significativos" después de unas "elecciones libres y justas". El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, también dio instrucciones a los funcionarios estadounidenses para que no evaluaran las elecciones generales de Birmania y evitaran las críticas, pidiendo únicamente a la Junta Militar que detenga la violencia y entable un diálogo, lo que muestra una actitud más abierta a reanudar los contactos con Birmania. Una de las razones que puede subyacer en este cambio de postura es el hecho de que Birmania tiene minerales críticos, también conocidos como tierras raras, que China está importando y procesando, con un claro dominio de un sector clave para el desarrollo de la tecnología y la defensa.
¿Un presidente vestido de civil?
Las dos cámaras del Parlamento, dominadas por militares y sus partidarios, elegirán en abril al presidente del nuevo Gobierno birmano. “Es imposible adivinar quién será”, ha declarado el presidente de la Cámara Baja, Khin Yi, a AFP al salir de la sesión.
Algunos expertos apuntan que el jefe de la Junta, Min Aung Hlaing, podría cambiar el uniforme militar por un atuendo civil para dirigir el Ejecutivo. Otros creen que seguirá al frente del Ejército, controlando los hilos del poder desde la sombra. “¿Quién sabe qué papel desempeñará? Pero es evidente que estará al timón y que el ejército estará claramente al mando. Será una junta militar vestida de civil”, ha dicho el relator especial de la ONU Tom Andrews.
El Ejército ha estado al frente de Birmania durante la mayor parte de su historia, desde su independencia en 1948, y sólo ha vivido un “paréntesis” de apertura democrática durante diez años, de 2011 a 2021, una era de reformas que llevaron a los birmanos a creer que podrían deshacerse del régimen militar. Pero la asonada de hace cinco años hizo añicos los sueños de un futuro democrático.
Guerra civil, crisis humanitaria y violaciones de derechos humanos
El golpe de Estado de 2021 desembocó en una guerra civil: milicianos prodemocráticos tomaron las armas junto a movimientos armados surgidos de minorías étnicas hostiles desde hace años al poder central. El conflicto armado se desarrolla en distintas regiones del país surasiático y ha generado una crisis humanitaria que afecta a millones de birmanos.
Además de las detenciones políticas, la Junta ha llevado a cabo ataques devastadores contra la población de su país: ha incendiado unas 100.000 viviendas y sólo en 2025 se contabilizaron más de 1.100 bombardeos a objetivos civiles, según Andrews, relator especial de Naciones Unidas. El experto denuncia que “la Junta ha desatado una crisis humanitaria cada vez más grave, utilizando el hambre y la privación como armas de guerra”. Casi un tercio de la población birmana precisa de asistencia humanitaria y hay 12 millones de personas que sufren desnutrición aguda, según datos de la ONU. Todo, sin olvidar que el pueblo rohinyá sigue sufriendo abusos: la persecución de esta minoría étnica musulmana generó en la década pasada un éxodo de 1,3 millones de birmanos a Bangladesh.
