El amor no conoce fronteras, pero la ley sí: ¿cómo se protege a los hijos de parejas internacionales?
- Un juez debe autorizar los traslados internacionales y velar siempre por el interés superior del menor
- La mediación y los acuerdos prenupciales previenen conflictos complicados de resolver en el futuro
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Dicen que el amor no entiende de fronteras, pero las parejas mixtas —de diferentes nacionalidades— con hijos se enfrentan a menudo a problemas legales derivados de situaciones tan habituales como un traslado por trabajo, el deseo de volver al país de origen o una ruptura. En ese laberinto jurídico, entran en juego los convenios internacionales y los tribunales y, en medio de todo, la vida de un niño al que proteger de convertirse en rehén de un conflicto entre adultos.
Sobre el papel, nadie duda de que el principio rector que debe guiar todas las actuaciones es el interés superior del menor, recogido en la Convención de los Derechos del Niño de 1989. En la práctica, sin embargo, lo que cada país y cada juez entiende por ese interés puede ser muy distinto.
La patria potestad no es lo mismo que la custodia
La directora del Departamento Jurídico Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR, Sonsoles Bartolomé, recuerda la importancia de no confundir términos. La patria potestad, explica, es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los progenitores respecto a los hijos y "se ejerce siempre de forma compartida en decisiones importantes, como cambiar de residencia al menor o sacarlo al extranjero".
En cambio, la guarda y custodia tiene que ver con el día a día, quién convive con el niño o quién se encarga de llevarlo al colegio y al pediatra. Tener la custodia no autoriza automáticamente a mudarse con el menor a otro país. A la hora de determinar si se puede efectuar el traslado, "un juez no va a valorar si el padre o la madre tiene un trabajo estupendo en Budapest o en París, sino si ese cambio es lo mejor para el niño", añade Bartolomé. Se debe evaluar si le aportará estabilidad, si estará cuidado y, por supuesto, si mantendrá la relación con el otro progenitor.
Más allá de la custodia y la residencia, también surgen problemas prácticos como puede ser el cumplimiento de las pensiones alimenticias cuando los progenitores viven en países distintos. Si un juez en España fija una pensión, pero el progenitor obligado se traslada al extranjero, hacer efectivo ese pago puede complicarse. La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, Lola López-Muelas, recuerda que dentro de la Unión Europea la coordinación facilita mucho los trámites, pero fuera de este marco común, es más difícil reclamar lo que corresponde.
Los conflictos son frecuentes
Un adulto puede querer mudarse por motivos muy variados, como el acceso a un nuevo trabajo o la cercanía a su familia. López-Muelas explica que estos casos, con los que está acostumbrada a trabajar, son muy frecuentes y complejos, acentuados por la globalización que ha permitido que cada vez sean más comunes las parejas mixtas y las familias que se mueven entre varios países.
En el ejercicio de su profesión, ha podido ver que el abanico de situaciones es muy amplio. Desde una madre de origen extranjero que quiere volver con sus hijos a su país de origen tras divorciarse porque en el de residencia no tiene familia ni recursos, hasta un padre que recibe una beca para hacer un doctorado durante unos años en otro país y quiere llevarse a los niños. En ocasiones, uno de los progenitores, independientemente de su procedencia, inicia una relación sentimental en otro país y pide permiso para empezar allí una nueva vida con sus hijos.
"Yo intento ser muy generosa y ofrecer al progenitor que se queda que pueda ver muy a menudo a los niños, que tenga dos tercios de las vacaciones y que sea el otro el que pague y facilite los viajes de traslado", cuenta López-Muelas. En todos los casos, la decisión no depende del deseo de los adultos, sino de cómo afectará al niño. Si está plenamente integrado en su colegio y entorno en España, será difícil que un juez considere que el cambio le beneficia. Para trasladar al menor es imprescindible la autorización judicial y "el juez querrá saber por qué esa persona se lleva al niño". Deberá conocer si ha sido su cuidador principal y si en el nuevo país cuenta con una red familiar, un trabajo y un hogar.
Si no consiguen la autorización, muchos padres permanecen "a la fuerza" en el país de residencia de sus hijos para mantener la relación. En ese punto, señala la experta, hay un riesgo importante de que, con la excusa de un viaje de vacaciones, retenga al niño en otro país. Es lo que se conoce como sustracción internacional de menores. En España se registran más de 400 casos al año. La solución jurídica depende, sobre todo, de si el país al que se ha llevado al niño es firmante o no de los Convenios de La Haya.
Tratados internacionales que regulan el proceso
Uno de los puntos más delicados en estos conflictos internacionales es definir la residencia habitual del menor, porque no se mide solo según el tiempo que ha vivido en un lugar, sino según sus vínculos: dónde va al colegio, con quién convive, si tiene amistades o familia cercana o la intención de permanencia. Esa flexibilidad permite adaptarse a cada caso, pero también abre la puerta a distintas interpretaciones.
Para ordenar estos escenarios, existen varios tratados internacionales. El Convenio de La Haya de 1980 obliga a devolver de forma inmediata a los menores trasladados ilícitamente y el de 1996 regula de manera más amplia la responsabilidad parental y la cooperación entre estados. Por eso, si ambos países han ratificado los convenios, el procedimiento es más sencillo. Se reclama al país de destino el regreso del menor y ya serán los tribunales de origen los que decidirán sobre la custodia. En el caso de España, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional de 2015 marca el procedimiento para reconocer y ejecutar sentencias extranjeras.
La Declaración de Washington sobre la Reubicación Internacional de Niños de 2010 sirve como guía para estos casos. No reconoce un derecho a mudarse con ellos a otro país, pero sienta unas bases para que, cuando se plantee esa posibilidad, se haga de forma ordenada y con garantías. Pone al menor en el centro del proceso y establece que se les debe escuchar y ofrecer apoyo psicológico, así como representación legal para comprender qué ocurre. Bartolomé aclara que "no siempre la voluntad del menor coincide con su interés superior, pero es imprescindible poderle escuchar".
Además, el documento indica que la reubicación solo se puede llevar a cabo a través de procedimientos legales y con una notificación previa y razonable a la otra parte. "Si facilitas que una persona pueda moverse a su país después de una ruptura, se evita que se lleve a la fuerza a los niños y se convierta en un caso de sustracción", apunta López-Muelas.
El papel de la mediación
La abogada insiste en que lo ideal es prevenir, hablarlo todo desde el principio y, si es posible, firmar acuerdos prenupciales que especifiquen qué ocurrirá si la pareja se rompe y uno de los dos quiere volver a su país. Cuando el conflicto ya existe, la mediación puede ser una vía menos dolorosa que los juzgados. "Nos falta mucha cultura de mediación, pero ayuda a resolver los problemas de forma más amistosa", señala Bartolomé. Si no es posible, la justicia deberá decidir en qué lugar se protege mejor el interés superior del menor.
Atravesar estos procesos es complicado para muchos padres y niños. Por eso, la Fundación ANAR, a través de sus líneas de ayuda gratuitas y confidenciales las 24 horas del día, ofrece apoyo a todos los involucrados. "A veces nos llaman los propios progenitores porque sospechan que su pareja o expareja puede llevarse al niño al extranjero y no saben cómo actuar", explica Bartolomé. Desde la entidad, recaban información sobre el caso y orientan sobre los procedimientos que deben seguir.
