Una gestora del 112 desmiente a la Generalitat en el Congreso: "Es imposible que no llegara información al Cecopi"
- Amparo López Boluda asegura que los protocolos funcionaron correctamente el día de la dana
- La trabajadora denuncia la precariedad laboral del servicio y reclama una gestión pública directa
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La comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Congreso de los Diputados ha vivido este lunes una jornada de hondo calado técnico y político. Amparo López Boluda, gestora de llamadas del servicio de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana, ha comparecido para aportar la visión de quienes atendieron el colapso desde la primera línea.
Durante su intervención, la trabajadora ha desmentido con rotundidad la tesis mantenida por el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quien afirmó en sede judicial que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no recibía información puntual de lo que sucedía en el 112.
Flujo de información ininterrumpido
López Boluda ha calificado como "absolutamente imposible" que los datos sobre la magnitud de la tragedia no llegaran a los responsables de la gestión. La compareciente ha recordado a los diputados que la sala donde se reciben las llamadas de auxilio se encuentra en un edificio contiguo al lugar donde se reunió el Cecopi aquel 29 de octubre, lo que hace inverosímil la falta de comunicación.
"Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando", ha aseverado la gestora, subrayando que la situación de preemergencia por alerta roja obligaba a una vigilancia extrema.
En su relato técnico, la trabajadora ha explicado que el sistema de emergencias trabaja de forma automatizada con más de un centenar de agencias, incluida Emergencias de la Generalitat. Según su testimonio, los protocolos están diseñados para que no quepa el error humano en el traslado de los datos.
Por ello, ha defendido la labor de los operativos de Emergen, de quienes ha dicho que estuvieron haciendo su trabajo correctamente. Para la gestora, resulta sorprendente que, con toda esa información en sus manos, los responsables políticos no dieran un paso más en la protección de la población.
Precariedad tras el auricular
Uno de los puntos más críticos de la comparecencia ha sido la denuncia sobre las condiciones laborales de los profesionales que gestionan las catástrofes. López Boluda ha lamentado que, a pesar de la responsabilidad de su cargo, se rigen por un convenio de "contact center", el mismo que se aplica al sector del telemarketing o las ventas telefónicas.
La gestora ha sido tajante al afirmar que los profesionales de las emergencias no deberían tener cabida en dicho convenio y ha reclamado que pasen a ser personal cuidado y dirigido directamente por la Administración, terminando así con el modelo de subcontratación.
Cuestionamiento de la ética política
A preguntas del diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, sobre si el secretario autonómico pudo utilizar su posición para priorizar casos particulares de su entorno, la compareciente ha recordado que tales extremos ya han sido señalados en sede judicial por personas bajo juramento de decir la verdad.
López Boluda ha concluido su intervención insistiendo en que la excepcionalidad de la situación de aquel día era evidente para cualquier técnico, lo que vuelve a poner el foco sobre la toma de decisiones en los despachos mientras las líneas del 112 se saturaban con miles de llamadas de auxilio.
