El juez archiva las denuncias por supuestas irregularidades en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud
- El juez admite "aspectos puntuales que no cumplen la normativa" pero descarta la prevaricación
- Las querellas fueron presentadas por PSOE y Podemos tras apreciar que se "trocearon" contratos
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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 13 de Sevilla ha archivado las denuncias presentadas por el PSOE y Podemos por supuestas irregularidades en los contratos de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia, al no apreciar indicios de hecho delictivo alguno en su tramitación. Admite que existen algunos "aspectos puntuales que no cumplen la normativa", pero estos no implican prevaricación.
El auto del juez José Antonio Gómez, dictado el pasado jueves y al que ha tenido acceso RTVE, rechaza que existan indicios para proceder a examinar detalladamente cada contrato, "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito".
Determina además que prolongar más la instrucción "vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento, pues se vulneraría, al menos, el artículo 24 de nuestra Constitución".
La forma de proceder del SAS fue "razonable"
El juez determina que la forma de proceder del Servicio Andaluz de Salud resultó "razonable respecto a la normativa general y específica de aplicación, si bien presenta aspectos puntuales que no cumplen la normativa, aunque no son generalizados, pero merecen una advertencia" y una serie de recomendaciones para subsanarlos.
Precisamente, el juez pone en valor "el control permanente" de la Administración, "que ha permitido conocer las posibles irregularidades" y fundamentar las citadas querellas, pero recalca que no existe "ningún indicio" que permita afirmar que el cambio de la fiscalización previa por permanente o posterior se hizo "con la pretensión de vulnerar los controles, pues resultó ser todo lo contrario".
"No debe olvidarse que la contratación de emergencia no exige, propiamente, tramitar expediente administrativo, y permite contratar libremente", incide. Este hecho, "limitaba especialmente la eficacia del control previo, o al menos podía pensarse que así podía ocurrir".
Por tanto, incide en que "el carácter prevaricador, como algo de intensidad superior a la mera irregularidad o ilegalidad, no se obtiene sumando muchas irregularidades. La suma de resoluciones irregulares no convierte en prevaricación lo que aisladamente considerado no es más que una irregularidad. No es un problema cuantitativo, sino cualitativo".
Y concluye: "Lo cierto es que, como este magistrado ha podido comprobar -pese a las referidas dificultades, subsanadas con los propios medios personales-, no existen dichas irregularidades, sino mera reorganización de la documental, tal y como fue interesado".
Las denuncias contra los gerentes del SAS por "trocear" contratos millonarios
Inicialmente, fue el PSOE quien presentó la denuncia en 2024 al poner en duda el mantenimiento de dichas contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid-19 que lo justificaba.
La querella de PSOE y una posterior de Podemos se presentaron contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores en este cargo Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, a los que acusaban de eludir el control legal de los contratos de servicios sanitarios.
Justo esta semana había declarado como testigo la actual consejera andaluza de Sostenibilidad Ambiental, Catalina García, quien fue viceconsejera de Salud durante la etapa en que se había modificado el criterio de control previo en esos contratos de emergencia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
En su declaración ante el juez, García atribuyó a los técnicos la decisión de modificar esos controles, si bien en su momento, cuando fueron interrogados en el marco de la instrucción en noviembre, estos habían señalado a los responsables políticos de haber tomado esa medida.
