El juez archiva por segunda vez el caso Pegasus por la falta de colaboración de Israel
- La investigación se centraba en el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros
- Calama archivó la investigación en julio de 2023 y la reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la investigación sobre el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre 2020 y 2021, por la ante “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel que al no ha respondido, impide investigar la autoría de los hechos.
En un auto notificado este jueves al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado que instruye la causa expone los motivos que le han llevado a a acordar el sobreseimiento provisional de esta causa.
Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa de 2021 sobre múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.
La "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel ya motivó el primer cierre de esta causa que se abrió tras denunciar el Gobierno la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, que se produjeron en unas fechas en las que España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos.
El proceso queda "aletargado o en situación de latencia"
En los fundamentos de Derecho, el juez señala que la información facilitada por las autoridades judiciales francesas no aporta novedades sobre los datos que ya habían podido extraer de los teléfonos infectados con el software, ya que no deja registros más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores. Esto hace técnicamente imposible, señala el juez, afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes.
El proceso de instrucción ha llegado, según asegura el juez, a una coyuntura que impide avanzar en la investigación de los hechos, ya que no se atisba la posibilidad de practicar otras diligencias para tal fin, por lo que le proceso queda "aletargado o en situación de latencia" hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de pruebas, permitan, en su caso, la continuación de la investigación.
