La Fiscalía surcoreana pide la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por la ley marcial de 2024
- El exmandatario niega los cargos y dice que tenía facultad de declarar ese estado de excepción
- Aunque el juez aceptara la petición, hace décadas que el país no ejecuta la pena capital
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La Fiscalía surcoreana ha pedido este martes que el expresidente Yoon Suk-yeol sea condenado a la pena de muerte por su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.
Un equipo especial de la Fiscalía ha solicitado la pena máxima para el exmandatario en el último día del juicio por insurrección que afronta Yoon en el Juzgado del Distrito Central de Seúl, que se espera que dicte sentencia a principios de febrero, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap, citada por EFE.
Si bien ese delito, de ser declarado culpable, puede llegar hasta la pena de muerte, hace décadas que el país asiático no ha ejecutado una sentencia de muerte.
La Fiscalía le acusa de declarar la ley marcial "con el propósito de permanecer en el poder durante mucho tiempo mediante el control del poder judicial y legislativo". Además, se destaca la gravedad de sus actos por movilizar recursos que deberían destinarse al bien público.
El expresidente enfrenta cargos como dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de justicia, ayudar a un enemigo y perjurio en relación con la ley marcial que el mandatario justificó como una manera de proteger a la nación de "fuerzas antiestatales".
Cómo fueron los hechos
Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, aunque la medida fue revocada horas después por el Parlamento. El mandatario anunció esa medida sin previo aviso tras acusar a la oposición de llevar a cabo "actividades antiestatales" vinculadas a Corea del Norte. La proclamación de la ley marcial conlleva el despliegue de tropas para salvaguardar las funciones estatales, prohíbe las actividades parlamentarias y los partidos políticos. Además, impide la organización de manifestaciones, huelgas y protestas.
Junto a los militares que habían asistido mientras estaba en vigor la ley marcial, cientos de personas se congregaron frente a la Asamblea Nacional para protestar y pedir la dimisión del presidente. Y se produjeron enfrentamientos con la Policía Militar, que llegó incluso a apuntar con armas a los ciudadanos.
Ya de madrugada, Yoon decidió revocar la ley marcial y ordenar la retirada de los militares desplegados tras haber sido rechazada previamente por la Asamblea Nacional.
En abril de 2025 el Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó su destitución definitiva, aunque permanecía suspendido de sus funciones desde el 14 de diciembre, después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para su destitución.
Tras eso se celebraron elecciones presidenciales en junio, cuando ganó el candidato opositor Lee Jae-myung, actual presidente.
Yoon niega los cargos
El Gobierno actual ha afirmado que espera que la Justicia falle "de acuerdo con la ley, los principios y las expectativas del público", en un comunicado recogido por Yonhap.
Yoon, de 65 años, ha negado los cargos. Y ha argumentado que, como presidente, tenía la facultad de declarar la ley marcial y que la acción tenía como objetivo alertar sobre la obstrucción al gobierno por parte de los partidos de la oposición.
En total son 24 personas las acusadas en este caso, entre ellas el entonces primer ministro, Han Duck-soo, que será el primero en recibir sentencia a finales de enero, así como el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia y el exministro de Defensa.
Otros casos
En la década de 1990, los expresidentes surcoreanos Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo fueron acusados de insurrección y los fiscales solicitaron la pena de muerte y la cadena perpetua para Chun y Roh, respectivamente. Ambos acabaron recibiendo un indulto presidencial tras pasar aproximadamente dos años en prisión.
La última vez que Corea del Sur dictó una sentencia de muerte fue en 2016, pero no ha ejecutado a nadie desde 1997.
