El Tribunal Constitucional de Perú ordena archivar el juicio contra Keiko Fujimori por financiación irregular
- Los jueces han determinado que el proceso, conocido como 'caso cócteles', "carece de sustento político"
- La líder opositora estaba investigada por lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica
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El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado dejar "sin efecto" la acusación fiscal contra la líder política Keiko Fujimori y contra su partido, Fuerza Popular, tras determinar que el proceso por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 "carece de sustento jurídico".
La decisión del TC ha declarado "fundada" una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) —fallecido en 2024— y ha ordenado que se archive este proceso, conocido como el "caso cócteles", que deriva del caso Lava Jato e investigaba a Fujimori y a otras 32 personas vinculadas a su partido.
Entre los supuestos aportantes está la constructora brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, pero el partido fujimorista sostiene que los fondos fueron recogidos en una serie de cócteles de simpatizantes durante las campañas electorales.
La defensa de Fujimori celebra que la justicia les dé "la razón"
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declarasen nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso, que investiga a su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como "todos los actos precedentes" que se han recogido desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.
"El Tribunal Constitucional ha declarado fundado nuestro habeas corpus en favor de Keiko Fujimori. Se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito, vulnerando el principio de legalidad. La justicia constitucional nos dio la razón", ha informado la abogada en una publicación en X.
La resolución del Tribunal llega un mes después de que la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, demandara al Poder Judicial que declarase "la ilegalidad" del partido Fuerza Popular por realizar "actividades contrarias a los principios democráticos".
La líder opositora, que ya pasó 13 meses en prisión por el caso de corrupción Lava Javo, planea presentarse a las próximas elecciones tras haber perdido los tres comicios anteriores en la segunda vuelta
