Quién es quién en la pieza principal de la Gürtel: más de 20 investigados por blanqueo de fondos
- El último juicio de la macrocausa vuelve a sentar a los acusados en el banquillo
- En total, hay 26 imputados, de los cuales 20 han reconocido su implicación
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Los implicados en la Gürtel vuelven a sentarse en el banquillo de los acusados por la 'pieza principal'. Se enfrentan a un último juicio en el que se abordará el sistema que desplegaron los cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, para presuntamente ocultar y blanquear el dinero obtenido de las actividades de la trama.
En este juicio, que durará varias semanas, se abordará el entramado societario que Correa habría desplegado en diferentes paraísos fiscales y en cuentas bancarias de Suiza, Mónaco, Panamá, Estados Unidos o la Isla de Man (mar de Irlanda). El objetivo, evadir impuestos y ocultar el patrimonio a ojos de Hacienda. Más de 30 millones de euros que Correa había obtenido por su labor de intermediario en la concesión de adjudicaciones irregulares y por la actividad de sus empresas de eventos y viajes.
El Ministerio Público expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la "connivencia" de otros acusados para armar una "trama de confección de facturas falsas" con la "triple finalidad" de sobornar a los cargos públicos; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias con la simulación de gastos irreales, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.
En total, hay 26 imputados, de los cuales 20 han reconocido su implicación. Repasamos los nombres de los principales protagonistas de esta 'pieza principal'.
'Don Vito' Francisco Correa
El empresario español Correa se hacía llamar a sí mismo como “Don Vito” en honor a Vito Corleone, el mítico capo mafioso de El Padrino. Paradójicamente, los investigadores bautizaron la causa en su honor al usar la palabra alemana gürtel (cinturón o correa), erigiéndole en el protagonista de una de las historias de corrupción política más relevantes de las últimas décadas.
Con grandes contactos con responsables del Partido Popular a nivel local y nacional, se convirtió en el líder de una extensa red de empresas de turismo y eventos en España y el extranjero, con las que obtenía fondos y contratos de entidades públicas. A cambio, nutría a funcionarios y políticos de comisiones y regalos.
La trama estuvo en activo entre 1999 y 2009 y se desplegó sobre todo en la Comunidad Valenciana y Madrid, si bien la sombra de la Gürtel llegó también a Galicia, Castilla y León y Andalucía. Su influencia fue tal que acabó implicando no solo a empresarios y funcionarios locales, sino también a decenas de dirigentes del PP y al propio partido, al que le organizaba numerosos eventos con su empresa Special Event.
En 2018, fue sentenciado a 51 años de cárcel por una infinidad de delitos, entre ellos cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, fraude, tráfico de influencias o blanqueo de capitales. Su condena no quedó ahí, puesto que en las consecutivas piezas derivadas de la principal siguió siendo declarado culpable por sus artimañas empresariales, acumulando más de 90 años de prisión. Con todo, disfruta desde 2023 del tercer grado penitenciario por su buena conducta y por demostrar la asunción de responsabilidades.
Pablo Crespo: el 'número dos'
Todo protagonista tiene siempre a su fiel escudero y en esta trama cumplió ese papel el empresario y exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo. Compartió con Correa la gestión de la red de amaños y el gusto por los nombres de película. En su caso, utilizaba el alias de 'Maxwell Smart', protagonista de la serie de comedia Superagente 86.
Su cometido era poner orden en la trama, dar las instrucciones a quienes administraban las empresas o mover el dinero en cuentas bancarias de Singapur y Suiza. También habría ocultado parte de sus recursos económicos, que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa.
Fue condenado a 37 años de prisión solo por la primera etapa de la Gürtel, a la que se sumarían otras sentencias posteriores por su papel relevante como número dos. Al igual que Correa, disfruta desde hace un par de años del tercer grado penitenciario.
Los arquitectos de la trama: Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín
Correa logró recaudar unos 30 millones de euros a base de inflar facturas, cobrar comisiones y obtener contratos irregularmente. Una cantidad considerable y nada fácil de mantener oculta. Para evitar tener que declararla, se ayudó de numerosas sociedades pantallas en el extranjero y cuentas bancarias en Suiza, Mónaco y otros países, todas ellas a nombre de otras personas. Los dos grandes arquitectos de este entramado societario para evadir capitales fueron, como expresó el magistrado, el empresario Ramón Blanco Balín y el abogado Luis de Miguel.
Ambos crearon la estructura empresarial en los paraísos fiscales a donde canalizaban los fondos obtenidos en la trama. Desde allí, redirigían el dinero “para nutrir el capital de las sociedades patrimoniales radicadas en España”. Ambos fueron condenados por la pieza principal: el juez decretó cinco años y nueve meses de cárcel para el empresario, y 12 años y 9 meses para el abogado.
De Miguel es abogado y experto en planificación fiscal. Ejerció como administrador de varias de las empresas de Correa y fue el que empezó a tejer la red de sociedades. Cuando se fue del entramado, quien continuó su labor fue Blanco Balín, que contaba con un gran currículum.
Fue inspector fiscal y consejero delegado de Repsol YPF en la década de los 90, aunque pasó también por otras grandes compañías como Gas Natural o Barclays Bank. Además, contaba con grandes contactos en el sector empresarial y en la política, ya que era amigo personal del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Los contables y administradores
La jerarquía de la trama continuaba con Isabel Jordán, gestora de empresas del Grupo Correa y estrecha colaboradora del cabecilla. Una las sociedades que administró durante años fue Easy Concept, dedicada a la realización de eventos y actos públicos, como los mítines del PP.
Fue una de las primeras en colaborar con la Fiscalía y detalló ante el juez cómo funcionaba la Gürtel y los regalos que daban a sus clientes "privados y públicos", como "trajes de Milano, albornoces o una invitación a un spa". De hecho, en octubre de 2007 decidió denunciar ante la Guardia Civil a Correa después de que el gestor contable de la trama, Javier Nombela, le diera una documentación que probaba las irregularidades.
Durante la instrucción del caso, explicó que una de las cosas que le llevó a dar la voz de alerta fue la inseguridad que sentía, ya que aseguraba estar siendo amenazada y acosada por los líderes de la trama. Finalmente, fue condenada a 14 años y 10 meses por su implicación en la primera etapa de la Gürtel.
El juez acordó incluir en la nómina de imputados a otros empleados directos de Jordán, como el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo. Se encargaba de llevar la documentación de las empresas y controlar los pagos a los responsables de la Administración que colaboraban con la trama. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) halló en 2009 en su casa los indicios de la 'caja B' para pagar a "cargos públicos, políticos y orgánicos del PP" y fue condenado a más de 13 años de prisión por la 'pieza principal'.
Se repiten además otros nombres de empleados, ya conocidos en la causa: el ex alto cargo del Govern balear y empleado de Easy Concept, Pablo Collado; la empleada del Grupo Correa y supuesta encargada de elaborar las hojas de coste de las adjudicaciones en la Comunidad de Madrid, Alicia Mínguez; y la exadministradora Inmaculada Mostaza.
Empresarios, banqueros y testaferros
En el banquillo de los acusados también se sientan varios empresarios acusados de colaborar y encubrir la trama, así como de poner su nombre a las sociedades a través de las cuales Correa y Crespo blanqueaban el dinero.
Uno de ellos es el empresario de la construcción y los medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri. Es propietario y accionista de periódicos, televisiones y radios de la comunidad, como El Diario de Soria y El Correo de Burgos. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en la causa Gürtel de Boadilla y fue detenido en el marco de la Operación Enredadera, que investiga las presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico en decenas de municipios.
Otro de los testaferros de Correa habría sido su primo Antoine Sánchez. Fue detenido junto a él en 2009, cuando estalló el caso Gürtel, y se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por blanqueo. El cabecilla utilizó su nombre para la titularidad de empresas, al tiempo que le encomendaba trabajos menores fuera y dentro de España. No obstante, desde que estalló la causa Correa ha tratado de exculparlo y, según ha confesado en la primera jornada del juicio, la idea de poner a su primo como testaferro de sus sociedades fue de Ramón Blanco Balín, pero "se quedó en una mera firma".
A ellos se suman Jesús Calvo Soria, ex secretario general técnico de la Consejería de Educación madrileña y exgerente de la Universidad Complutense de Madrid, Guillermo Martínez Lluch, el exconsejero de Bancaja Eurocapital Financia y exdirector de Bancaja en Miami y el abogado Vicente Luis Agramunt, como responsables civiles.
De Bárcenas a 'El Bigotes': los otros grandes nombres del caso Gürtel
Lejos quedan atrás las decenas de ramificaciones que tuvo la trama Gürtel. Lo que empezó en 2009 con cinco detenciones, acabó convirtiéndose en una macrocausa con hasta 13 piezas distintas, en las que estuvieron involucrados casi un centenar de empresarios, funcionarios y políticos. Junto a los dos protagonistas –Correa y Crespo– también cobró relevancia un tercer líder, encargado de desplegar la red en la Comunidad Valenciana: Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes'.
Este peculiar empresario tiene a sus espaldas una condena acumulada de 18 años de cárcel tras varias sentencias por su implicación en diferentes ramas del caso. Entre ellas destaca la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. El juez determinó que para organizar dichas campañas, el partido contrató a la empresa que dirigía 'El Bigotes', Orange Market. El PP recurrió a empresarios que pagaron por "supuestos servicios" que había prestado la compañía, pero que "realmente no se habían producido".
El responsable en Valencia de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como "El Bigotes" EFE
El caso Gürtel dio otro giro de 180 grados en 2013 de la mano del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que daría nombre a otra de las grandes piezas judiciales de la última décadas. A principios de ese año, las autoridades suizas informaron a España de que el dirigente 'popular' tenía 22 millones de euros en bancos del país helvético, que traspasó a otras cuentas en 2009 tras ser imputado en Gürtel. Después, aparecieron publicadas en El País unas cuentas manuscritas por él, en las que aparecía una contabilidad paralela del PP y presuntos sobresueldos en dinero negro por parte de altos cargos del partido.
Bárcenas fue considerado como una pieza "fundamental" de la trama Gürtel porque "con su presencia en el PP podía acercarse a la persona idónea para conseguir la adjudicación correspondiente". El 'modus operandi' consistía, según la sentencia de 2018, en que Correa contactaba con los empresarios y el extesorero hacía las gestiones necesarias "para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera en que se tenía establecida".
El exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid EFE
En 2018, la Audiencia Nacional consideró "plenamente acreditada" la existencia de esta 'caja B' y condenó a Bárcenas a 33 años de cárcel. También a su esposa, Rosalía Iglesias, que recibió 12 años y 11 meses de cárcel por conocer "el origen delictivo" del dinero, al igual que el incremento no justificado de su patrimonio.
Tras las condenas de los principales cabecillas de la trama, las sentencias más altas recayeron sobre cargos del PP y alcaldes de la Comunidad de Madrid, como Guillermo Ortega (Majadahonda), el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, o Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la que fue ministra de Sanidad Ana Mato.
José Luis Peñas y Ana Garrido: las voces de alerta
Para que la Audiencia Nacional iniciara la investigación del caso en 2007, hizo falta dos denuncias. La primera fue la de José Luis Peñas, concejal de Urbanismo en Majadahonda por el PP que había conocido de cerca a Correa. Armado de grabadoras, fue recopilando a escondidas las conversaciones del empresario y otros integrantes de la trama sobre las adjudicaciones irregulares, que entregó en un CD a la Policía.
Aunque nunca se arrepintiño d ehaber denunciado, la decisión tuvo para él un gran coste personal. Sufrió amenazas y acoso, señalado como “traidor” y “delator” en público y privado. Además, aunque su colaboración fue reconocida como fundamental para el procedimiento, fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión; cinco años y un mes de inhabilitación absoluta; siete años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multa.
No obstante, el Supremo dio el aval para conmutarle las dos penas de inhabilitación absoluta que le fueron impuestas por otras de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección, lo que le permitiría seguir trabajando como empleado público en el Ayuntamiento de Madrid y garantizar el sustento económico de su familia. Posteriormente, fue indultado.
Ese mismo año, cuando el caso ya estaba en manos del juez Baltasar Garzón bajo secreto de sumario, una exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte interpuso una segunda denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Era Ana Garrido, una técnico de Juventud que había ido recopilando pruebas de las adjudicaciones irregulares en el municipio.
Al igual que Peñas, sufrió un hostigamiento por parte de algunos de sus antiguos compañeros, hasta el punto que el Consistorio donde había trabajado durante décadas fue condenado a pagarle de 96.314,15 euros por acoso laboral. "Los denunciantes llevamos 15 años sin poder recuperar nuestra vida", ha confesado en RNE, donde ha instado al Gobierno a poner medidas para que "haya garantías” para quienes ejercen ese dificil papel.
