Detenidas siete personas por presunta explotación laboral de 45 trabajadores en situación irregular en La Rioja
- Las víctimas vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación ni higiene, según la Guardia Civil
- Los arrestados son investigados por delitos de organización criminal y trata de seres humanos, ente otros
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La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a siete personas que presuntamente formaban una red criminal de explotación laboral de al menos 45 trabajadores agrarios en situación irregular, tres de ellos menores de edad. Estas personas no tenían contrato y vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación, incluso encerradas con candados en ellas, todo ello en condiciones de insalubridad. Además, trabajaban jornadas enteras "con la promesa irreal de legalizar su situación irregular".
Los detenidos son seis hombres y una mujer y tienen edades de entre 28 y 50 años. Son investigados como presuntos autores de los delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Los detenidos, por el momento, están en libertad a la espera de juicio.
El portavoz del Instituto Armado, Miguel Ángel Sáez, ha informado este miércoles sobre los resultados de la operación 'Landwirt', desarrollada en el marco del Plan de Actuación contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral', junto a la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, y el coronel jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure.
En el despliegue de la operación han participado tres equipos de inspección de fincas, inmuebles y explotaciones vinculadas a los investigados. Durante estas actuaciones se detectó la presencia de al menos 45 trabajadores en situación irregular explotados por la red, y muchos de ellos huyeron por el campo al darse cuenta de la llegada de los guardias civiles. Además, se comprobó la explotación de tres menores de edad de 12, 15 y 17 años que trabajaban en las mismas condiciones que los adultos.
Los detenidos, de origen marroquí, explotaban a compatriotas en situación de vulnerabilidad. Los captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas en municipios de Rioja Baja, como ha detallado Sáez.
Incautados 22.000 euros en efectivo y 2.500 en joyas
Se han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. Han sido incautados 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joyas, una cantidad relevante de documentación para su estudio y dos vehículos. También se han bloqueado seis cuentas bancarias y se ha suspendido temporalmente la actividad de una empresa.
El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja ha explicado que en el registro de una de las viviendas localizaron a 15 personas en su interior, algunas de ellas en situación irregular en España. En una de las estancias, cerrada con un candado desde el exterior, hallaron a un matrimonio en una habitación con solo un colchón y una manta en el suelo con una ventana de 30 a 40 centímetros como único punto de ventilación.
Investigación
A principios del pasado mes de julio, los guardias civiles de Policía Judicial en La Rioja supieron a través de una denuncia de la posible existencia de esta organización criminal asentada en La Rioja Baja, dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular mediante un entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas. Los datos recabados permitieron identificar a tres hombres que habían constituido una red que operaba en La Rioja y extendía sus ramificaciones hasta otras zonas en el sur de España, donde captaban mano de obra en situación irregular.
Una vez se encontraban en la región, explica Sáez, eran alojados en viviendas en deficientes condiciones de habitabilidad y trasladados a fincas agrícolas para ser explotados, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza del entramado criminal.
Realizaban tareas agrícolas como desbroces, poda o recogida de fruta y verdura, todo ello sin contrato y recibiendo la remuneración en efectivo. En muchos casos no llegaban a cobrar por su trabajo u obtenían pagos simbólicos, "como un euro por kilo de piparras recolectado". Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama. Esta situación generaba una relación de dependencia total al ofrecerles falsas promesas de tramitar su residencia legal y regularizar su situación en España.
La investigación ha sido desarrollada por guardias civiles de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de seguridad ciudadana y el grupo especializado con perros adiestrados en la detección de dinero. Los registros sorpresivos en los inmuebles fueron ejecutados por las USECIC de La Rioja y Navarra.
