Junts pacta con el Gobierno "blindar" el catalán en la ley de atención al cliente
- Desde el Ministerio de Consumo explican que la norma todavía se encuentra en fase de tramitación parlamentaria
- Junts habla de un "cambio de paradigma" que prioriza los derechos del consumidor
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Junts ha anunciado este martes un pacto con el Gobierno para "blindar" el catalán en el proyecto de ley de atención al cliente, que regulará los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y operadoras de servicios básicos de interés general.
Aunque la norma todavía se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, explican fuentes del Ministerio de Consumo, los de Puigdemont ya se anotan el tanto y reivindican que gracias a su iniciativa se garantizarán "los derechos lingüísticos de consumidores y usuarios".
En un comunicado, el partido catalán ha asegurado que "será obligatorio que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos".
Esta obligación afectará "a la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales", según Junts. Por ello desde la formación aseguran que han dado un paso más en la línea de sus actuaciones "en defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes y de poder vivir plenamente en su lengua".
Consumo explica que la norma se encuentra en fase de tramitación parlamentaria
Desde el Ministerio de Consumo explican a RTVE Noticias que la norma todavía se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, pendiente todavía, por ejemplo, de que se resuelvan las más de 200 enmiendas presentadas, de su debate en la comisión y posteriormente en el Pleno del Congreso antes de llegar al Senado.
"Es, por tanto, una ley que aún está en negociación en el Congreso (...) entre otros objetivos, va a servir para ampliar los derechos de las personas consumidoras, garantizando, por ejemplo, que seas atendido por una persona y no una máquina si así lo deseas o que no tengas que esperar más de tres minutos para ser atendido al hacer una reclamación", aseguran fuentes de este departamento.
En una de esas enmiendas, Junts propone que las empresas a las que afectará la nueva ley "se asegurarán de que los servicios de atención a la clientela estén dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, y para garantizar los derechos lingüísticos" de sus usuarios
El acuerdo, indica la nota, afectará a compañías eléctricas, suministradoras de gas, de agua, telefonía, aeronáuticas, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, aseguradoras, servicios públicos, cualquier otra empresa con más de 250 trabajadores y empresas que facturen más de 50 millones de euros anuales.
Junts habla de un "cambio de paradigma" que prioriza los derechos del consumidor
El acuerdo con el Gobierno español permite, según el comunicado hecho público este martes, asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evita la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña.
El partido catalán también ha recordado que, de entre las enmiendas acordadas, "que deben ratificarse próximamente en ponencia", destacan la formación "obligatoria" en catalán de los trabajadores de los servicios de atención al cliente y la sustitución de la obligación de responder, como mínimo, en castellano, por la de hacerlo en la lengua oficial en la que se haya dirigido el cliente a la empresa.
El acuerdo también supone que las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente se adaptarán a la lengua elegida por éste.
Según Junts, estos acuerdos suponen "un cambio de paradigma" ya que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, sin que ello dependa de la "buena voluntad" de la empresa o de su ubicación territorial.
El acuerdo, indica la nota, afectará a compañías eléctricas, suministradoras de gas, de agua, telefonía, aeronáuticas, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, aseguradoras, servicios públicos, cualquier otra empresa con más de 250 trabajadores y empresas que facturen más de 50 millones de euros anuales.
