Begoña Gómez recurre ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez Peinado de pedir sus correos
- El abogado de Gómez rechaza ninguno de los otros cuatro delitos que el juez imputa a la esposa de Sánchez
- Peinado exigió a la Moncloa todos los emails corporativos de Gómez para que los investigue la UCO
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La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez de pedir todos sus correos electrónicos desde el año 2018, cuando se realizó el nombramiento de su asesora, Cristina Álvarez.
En un recurso directo de apelación presentado este lunes, ha solicitado que deje sin efecto la providencia en la que Juan Carlos Peinado, magistrado que instruye su causa, ordena a Presidencia entregar dichos emails a los agentes de la UCO para su análisis en el marco de la causa en la que le investiga por presunta malversación en la contratación de su asesora.
"El contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica", sostiene la defensa.
Cabe recordar que en la misma providencia, Peinado exigió además a Moncloa que indicase "el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia, así como el nombre de quienes "han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha".
El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa de Gómez, insiste en que no ha habido malversación alguna en la contratación de Álvarez y asegura que "la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación".
Por ello, carga contra el juez por hacer una interpretación del Código Penal "exorbitada", "extremadamente extensiva y alejada de la realidad".
La defensa de Gómez descarta cualquier delito
Según el recurso, entre las funciones de Cristina Álvarez se encuentra coordinar la agenda y gestionar las citas de Begoña Gómez, y aunque reconoce que en la parte final de un correo transmitió un "mensaje personal" de la mujer del presidente del Gobierno sobre su deseo de que Reale siguiese patrocinando la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, lo enmarca en un "favor".
Considera "difícilmente sostenible que esa conducta aislada" y "habitual en los usos sociales de este país y de tantos otros" pueda constituir un delito, y recuerda que el puesto de Álvarez es de plena disposición, con largas jornadas de trabajo.
Subraya asimismo que "es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos" y que eso "difícilmente" puede entenderse como malversación porque "el Código Penal no puede aplicarse con relación a lo que constituye un uso social, una costumbre universalmente admitida".
El abogado también rechaza con rotundidad que haya indicios de ninguno de los otros cuatro delitos que el juez imputa a Begoña Gómez. Niega, por ejemplo, irregularidades en la cátedra que codirigió en la Complutense o el "más mínimo indicio" de que interviniese en procesos de contratación pública a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado.
Recuerda, además, que Begoña Gómez "tiene una repercusión mediática indiscutible" y considera que una medida de este calibre debió ir acompañada de "cautelas" para que la limitación de su derecho a la intimidad "no se vea innecesariamente agravada".
Gómez y Álvarez están llamadas a declarar el 10 y 11 de septiembre
Begoña Gómez y Cristina Álvarez están citadas a declarar por un presunto delito de malversación de caudales públicos el próximo día 10 de septiembre y 11 de septiembre, respectivamente
Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, no fue hasta mediados del pasado agosto cuando imputó por dicho delito a Gómez, quien hasta ese momento figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Con esta ya son cuatro las veces que el juez Peinado cita a declarar a la mujer del presidente del Gobierno. En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del grupo Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense, la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
