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Un exayudante de Bolsonaro confirma que el expresidente discutió formas de anular las elecciones brasileñas de 2022

  • Mauro Cid ha declarado ante el juez que el expresidente habló con la cúpula militar formas de cancelar los resultados electorales
  • Existía un documento que preveía la declaración del estado de sitio y el encarcelamiento de magistrados del supremo
Un exayudante de Bolsonaro confirma que se discutió la anulación de las elecciones de 2022
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil REUTERS/Diego Herculano
RTVE.es / AGENCIAS

Un antiguo ayudante personal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ha reconocido este lunes ante la Corte Suprema de Brasil que el exmandatario discutió con la cúpula militar formas de anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que se alzó con la victoria el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para mantenerse en el poder. Bolsonaro, investigado por presunto intento de golpe de Estado, también será interrogado esta semana.

Cid, que ha colaborado con la Policía Federal en sus investigaciones, ha confirmado durante el interrogatorio que asesores de Bolsonaro (2019-2022) le presentaron un documento que preveía la declaración del estado de defensa y de sitio y el encarcelamiento de magistrados del Supremo. Durante ese encuentro, ocurrido tras el segundo turno de los comicios, el expresidente mandó "recortar" el documento y redujo la lista de las autoridades que serían encarceladas, según Cid.

El ex líder ultraderechista "recibió, leyó" y luego "retocó" ese documento, que disponía el "estado de sitio" y la "organización de nuevas elecciones", según Mauro Cid, que ha firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia a la espera de una remisión de pena. La única autoridad cuya prisión fue mantenida por Bolsonaro en el decreto, tal y como ha relatado Cid, es la del juez Alexandre de Moraes, quien precisamente es el magistrado instructor de la causa en su contra.

El ayudante personal también ha declarado que, días después, se presentó un borrador del documento a los comandantes de las Fuerzas Armadas en una reunión presidida por Bolsonaro en su residencia oficial en Brasilia. "El decreto decía el qué, no cómo iba a ser hecho", ha respondido, ante las preguntas del magistrado Moraes. Tras una reunión posterior, ha dicho Cid, el comandante del Ejército Marco Antônio Freire Gomes le relató que se había "molestado mucho" por las discusiones.

Cid habla de "presión" por parte de militares para anular los comicios

Freire Gomes le contó que el almirante Almir Garnier, jefe de la Marina, había puesto "a disposición" del presidente las tropas, mientras que el entonces comandante de la Fuerza Aérea Baptista Júnior se opuso a esas acciones. Cid ha dicho que había "presión" por parte de otros militares para que el presidente firmara el decreto para anular las elecciones y que se discutió la sustitución del comandante del Ejército por alguien que tomase una posición más "dura y radical".

En la sala de interrogatorio, a espaldas de Cid, ha estado sentado Bolsonaro, quien en uno de los descansos ha declarado a los medios de comunicación que tiene la "conciencia tranquila" y que "no se prepara" para ser condenado.

Después de Cid, ha sido el turno del exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem, investigado por unos documentos de su autoría que buscaban desacreditar las urnas electrónicas. Ramagem, quien ha rechazado las acusaciones de intento de golpe de Estado, ha dicho que se trataba de documentos "privados" y que fueron elaborados mucho antes de las elecciones de 2022.

A estos interrogatorios le seguirán esta semana los del propio Bolsonaro y otros cinco colaboradores cercanos, como el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el candidato a vicepresidente Walter Braga Netto.

Concluida esta fase, el magistrado instructor consultará a la Fiscalía y a las defensas de los acusados para determinar si son necesarios nuevos interrogatorios y diligencias o si se pasa a los alegatos finales.

Los acusados están siendo juzgados por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, cuyas penas máximas sumadas rondan los 40 años de cárcel.