Quince autonomías acogen menos menores migrantes de los que les correspondería por población
- Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades que más tendrían que ampliar sus plazas
- El Gobierno ha trasladado estos números a las comunidades en una reunión previa al reparto de menores migrantes
15 comunidades autónomas —todas excepto Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes.
Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620).
Les siguen Castilla y León (565); Castilla-La Mancha (501); Extremadura (260); Asturias (214); Aragón (212); Murcia (195); Cantabria (148); Cataluña (136); La Rioja (89); País Vasco (79) y Navarra (49). En el caso de la Comunidad de Madrid, esta dedicaría actualmente el 92% de su sistema de acogida a atender a menores migrantes no acompañados, con 2.352 plazas para menores (españoles y extranjeros), y debería ampliar en 83 plazas su capacidad.
Las islas y ciudades autónomas, desbordadas
En la otra cara de la moneda están Canarias, a la que le correspondería tutelar 718 jóvenes y acoge 5.566 (una diferencia de 4.848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28). Se trata de las comunidades que más presión migratoria reciben, en especial Canarias y las ciudades autónomas.
Así consta en la hoja de ruta que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha presentado en la Comisión Sectorial celebrada este miércoles con los directores generales de las autonomías. La tabla recoge los datos de la capacidad ordinaria correspondiente a cada territorio para acoger a los más de 15.000 menores migrantes no acompañados que hay en España.
Concretamente, establece una capacidad media del sistema de 32 niños y jóvenes por cada 100.000 habitantes. De este modo, se entiende como capacidad ordinaria de cada territorio el número de plazas que debe tener en función de su población. El Ministerio ha llegado a esta hoja de ruta tras estudiar los datos facilitados por las comunidades autónomas. Sin embargo, Aragón no ha aportado al Gobierno su cifra de acogida y Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia no lo ha hecho como el departamento que dirige Sira Rego había requerido hasta en dos ocasiones desde marzo.
No obstante, en esta hoja de ruta solo se tiene en cuenta el criterio de capacidad ordinaria de acogida. En el caso de traslados de menores migrantes desde comunidades sobreocupadas, como Canarias, se van a tener en cuenta otros criterios, como la renta per cápita, el esfuerzo previo o los niveles de desempleo de la región. La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia tiene previsto reunirse el próximo mes de junio.
Madrid y Galicia cargan contra el Gobierno
Algunas comunidades ya han respondido a los cálculos del Ejecutivo. La Comunidad de Madrid ha rechazado este martes los criterios de reparto que, en su opinión, han sido "impuestos" por el Ministerio de Juventud e Infancia. "El Gobierno vuelve a ningunear a las comunidades autónomas, sigue sin contar con nosotros y lo único que quiere hacer es validar sus actuaciones ilegales", han señalado a EFE fuentes del Departamento madrileño de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila.
Las comunidades autónomas han rechazado "entrar en el juego" del Ministerio, porque "no queremos ni por acción ni por omisión validar unos criterios que se nos han impuesto, como se quiere imponer un reparto de menores", según las mismas fuentes.
Por su parte, la Xunta de Galicia ha denunciado que el Gobierno no dará "ni un solo euro" para la atención de los menores que prevé trasladar a su comunidad. "El Ministerio no ha respondido a ninguna de las demandas de Galicia, que pedía planificación y financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema", ha denunciado la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García.
También llegan las críticas desde barones socialistas como el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien ha lamentado en RNE que no haya una estrategia de verdad en relación con la emigración en España, "probablemente ni en Europa" y se ha preguntado "quién va a poner orden en la política de migratoria" y "quién corre con los gastos". "Alguien dirá que es un poco feo hablar de gastos, pero es que precisamente yo tengo que velar, entre otras cosas, por los miles de niños que estamos atendiendo ya, que se van a ver resentidos en su atención, porque donde caben 3.000 no van a caber 16.000 de golpe, no hay recursos", ha insistido.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha dicho que el vuelco de un cayuco en El Hierro —hasta ahora con siete muertos— es el "rostro más duro" de la inmigración por lo que ha reprochado a quienes están "lejos" y en "los despachos" que no sean "capaces de entenderlo".
El Gobierno sugiere a Canarias un protocolo para solicitantes de asilo
Este mismo miércoles el Gobierno central ha remitido al Ejecutivo canario su propuesta de protocolo para asistir a los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo tras llegar en pateras o cayucos a España a través de este archipiélago. El "borrador abierto a aportaciones" responde al auto del Tribunal Supremo que, el 25 de marzo, obligó cautelarmente al Ejecutivo central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que tiene bajo su tutela la administración canaria: unos 1.200 de los 5.800 que acoge.
El documento planteado es el resultado del "trabajo intensivo" realizado con la implicación de distintos ministerios en las últimas semanas, fruto del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias en la reunión celebrada el 3 de abril, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
