La Mesa del Senado elimina el espionaje a políticos de los motivos de despido de los dos informáticos
- El Senado asegura que no hubo acceso a datos de senadores ni otra motivación más allá de la promoción personal
- Partidos como PSOE y Junts exigen explicaciones y advierten de una posible intromisión en la intimidad de sus parlamentarios
La destitución de dos trabajadores informáticos del Senado por accesos indebidos a los sistemas internos del órgano ha desatado una tormenta política dentro de la cámara. Según el comunicado oficial difundido el miércoles, los empleados, pertenecientes a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, accedieron de forma ilícita a trazas de firmas electrónicas vinculadas a procesos de promoción interna y selección de personal. Sin embargo, el organismo ha aclarado este jueves que no hubo intención de llevar a cabo acciones de espionaje.
El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha explicado que los extrabajadores lo hicieron exclusivamente por "interés personal" para poder optar a un proceso de promoción. Por ende, la declaración niega a priori que se hayan producido descargas de archivos ni que se haya visto afectada la intimidad de los senadores.
La resolución de la sanción y expediente disciplinario a los dos informáticos fue aprobada gracias a la mayoría absoluta que ostenta el PP en el Senado y con los votos en contra del PSOE. Los dos trabajadores habían permanecido bajo investigación durante siete meses, mientras que los primeros accesos ilegales se produjeron en marzo de 2024. Su despido se produjo tras constatar que, pese a las medidas adoptadas, al menos uno de ellos había continuado accediendo sin autorización a los sistemas de información del Senado.
El caso ha encendido las alarmas en varios frentes políticos. El Partido Socialista ha acusado al Senado de "mentir y ocultar" información al negar que se hubiera accedido a material personal de senadores. La formación ha citado como prueba fragmentos de la carta de despido, donde se detalla que hubo accesos indebidos a portafirmas electrónicos de trabajadores, funcionarios y cargos de la Secretaría General del Senado. Entre los afectados, se encontraban miembros de la Mesa y la Letrada Mayor, incluyendo descargas de documentos, algunos de carácter personal.
"¿Por qué miente el PP en el Senado? ¿Qué tiene que ocultar?", han cuestionado las fuentes socialistas en un comunicado. La formación considera que el texto oficial de la cámara ha intentado minimizar la gravedad de lo ocurrido, y ha asegurado que el viernes emitirá un comunicado oficial al respecto.
Junts pide a Rollán que se les informe de forma individual del caso
A las críticas del PSOE también se ha sumado el Grupo Parlamentario Plural, integrado por formaciones como Junts per Catalunya, Coalición Canaria, BNG y Agrupación Herreña Independiente. En una carta dirigida al presidente de la Cámara Alta, han exigido ser informados de forma "individualizada" sobre el expediente disciplinario y han reclamado el acceso completo al mismo.
"Sería de una extrema gravedad que nos encontrásemos ante una actuación ilegal con trasfondo político. No queremos pensarlo, pero tampoco podemos descartarlo a la ligera", ha alertado el escrito, que también ha recordado casos pasados como el de la Operación Cataluña y la vigilancia de líderes independentistas.
Además, han reclamado detalles sobre las fechas exactas de los accesos, el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, y las medidas de seguridad implementadas para evitar que vuelva a ocurrir. También han pedido saber si ha habido algún otro parlamentario o grupo afectado, y si se han vulnerado derechos fundamentales.
Frente a estas sospechas, el Senado sostiene que el listado de senadores presuntamente afectados fue aportado por uno de los despedidos como argumento de defensa, con la intención de demostrar que el acceso a ciertas aplicaciones es habitual entre el personal técnico. Aun así, la Cámara Alta ha optado por trasladar el caso al Ministerio Fiscal, en un gesto de “prudencia”, para que se determine si los hechos pueden constituir una infracción penal.
