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El Gobierno catalán abre expediente para revisar su actuación con la menor violada por el 'Pelicot catalán'

  • La Fiscalía de Barcelona ha solicitado 107 años y medio de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una menor
  • La víctima estaba bajo la guarda de Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia
La Generalitat investiga cómo pudo producirse el caso del ´'Pelicot Catalán'
RTVE.es/EFE

La Generalitat catalana ha abierto un expediente informativo para revisar qué actuaciones se activaron en 2021 al detectarse las violaciones reiteradas a una menor de 12 años por parte de un hombre que la ofrecía a otros pederastas. La Fiscalía Provincial de Barcelona solicitó 107 años y medio de prisión para este agresor, líder de una red de pedófilos, al que se le conoce como el 'Pelicot catalán'.

Los hechos ocurrieron mientras la menor estaba bajo la guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, aunque los tutores legales seguían siendo los padres, matizan desde el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. La diferencia entre guarda y tutela es que la primera define dónde y con quién vivía la menor y la segunda quién tomaba las decisiones sobre la administración de bienes y sobre aspectos importantes de su cuidado.

16 hombres investigados

El juzgado investiga a un total de 16 hombres por su presunta implicación en esta red de pederastia en Barcelona, liderada por el acusado, un electricista de 40 años que se encuentra en prisión provisional, conjuntamente con otro encausado.

El denominado 'Pelicot catalán' organizó, presuntamente, agresiones sexuales en grupo con adolescentes tras captar en redes sociales a otros hombres, en ocasiones con prácticas sadomasoquistas que grababa con el móvil o con cámaras ocultas en su piso de Barcelona.

Las menores tuteladas, un objetivo fácil para las redes de explotación sexual

A raíz del primer caso, el titular del juzgado de instrucción de Barcelona, decidió abrir dos procedimientos más por hechos relacionados con el primer caso, donde hay más personas involucradas. El número de víctimas que suman los tres procedimientos desarrollados en este juzgado asciende, de momento, a un total de siete.

Las dos causas derivadas abiertas

El juzgado de instrucción 7 de Barcelona mantiene una causa abierta con 11 personas investigadas, entre las que se encuentra de nuevo el líder de la trama, por las agresiones sexuales a la menor tutelada y a otro adolescente.

Los indicios recabados en esas dos causas y el volcado de los teléfonos móviles permitieron abrir otra línea de investigación sobre otro tipo de encuentros sexuales con adolescentes que organizaba el cabecilla de la red y que también grababa con teléfono o cámaras ocultas, pieza en la que permanecen seis personas investigadas.

La mayoría de los menores identificados en esta tercera causa tenían más de 16 años y no eran vulnerables, con lo que ya podían consentir las relaciones. Por ese motivo, es posible que a los seis investigados no se les pueda juzgar por agresión sexual, aunque sí por su papel en la elaboración de pornografía infantil.

De hecho, a cinco de los investigados les han sido abiertas nuevas causas, de forma individual para cada uno, después de que los investigadores encontraran pornografía infantil en sus dispositivos correspondiente a hechos distintos de los que investiga el juzgado. El sumario del caso permite trazar el perfil de los implicados en la red de pederastia: varios de ellos son hombres con trabajo y pareja estable e incluso con hijos pequeños.

Según se desprende de varios autos de la Audiencia de Barcelona, uno de los acusados estaba al cuidado de un recién nacido cuando empezó a ser investigado, otro tenía un niño de ocho meses y un tercero, otro de poco más de un año.

Reacciones desde Infancia y Juventud

La Ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha adelantado que ya se ha empezado a tramitar un real decreto de estándares mínimos del sistema de acogida. "Ha habido un fallo muy grave y tenemos que hacer todo lo posible para modificar todo lo que sea estructural para evitar este tipo de casos", ha expresado.

Rego también ha asegurado que está en contacto con La Generalitat. "Se han iniciado los protocolos internos, hay elementos muy sensibles y tenemos que garantizar un ámbito jurídico y de protección absoluta para las víctimas y de prevención", ha sostenido la ministra.

Desde Infancia y Juventud abordan una reforma y ampliación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la violencia. En ella —ha indicado la ministra—, se van a añadir elementos que garanticen la protección, la escucha y la prevención de este tipo de situaciones terribles.

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar las conclusiones preliminares de este expediente informativo abierto a raíz del caso.

La síndica de Greuges investiga el caso

La institución del Síndic de Greuges (Defensor del pueblo) ha abierto una actuación de oficio a raíz de las informaciones del caso. La síndica, Esther Giménez-Salinas, pedirá información al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, al de Educación y al de Salud sobre "los hechos tan graves que se denuncian, las medidas tomadas una vez se detectó los abusos a los que había sido sometida y qué atención está recibiendo a día de hoy", ha informado la institución en un comunicado.

La síndica ha expresado su preocupación por este caso y ha recordado que el objetivo del sistema de protección es precisamente proporcionar a los niños atendidos "un entorno alternativo a la familia que sea seguro, protector y educativo".

Recuerda también que, en noviembre de 2023, un informe de la institución denunciaba desprotección a la infancia. En él, también se alertaba de que el riesgo de explotación sexual es mayor entre las adolescentes que residen en los centros del sistema de protección y, por este motivo, pedía a la DGAIA que adoptara medidas específicas para evitar que sufran este tipo de abuso.

"Ante todo ello, la institución ve inaplazable que se aborden los graves déficits del sistema de protección que este caso ha puesto de manifiesto. Resulta imprescindible tener en cuenta las necesidades de estos adolescentes, especialmente las de niñas y chicas y que, por su historia vital, viven en una situación de gran vulnerabilidad", recalca la síndica.