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El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue a Pardo de Vera por los contratos a la exnovia de Ábalos

  • Cree que la expresidenta de Adif pudo participar en su contratación "posiblemente irregular y caprichosa" en empresas públicas
  • Deja su imputación en manos de la Audiencia Nacional por ser el juzgado con competencias para hacerlo
La expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera a su llegada al Tribunal Supremo en calidad de testigo
La expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera a su llegada al Tribunal Supremo en calidad de testigo EFE/ Rodrigo Jiménez
RTVE.es

El juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado a la Audiencia Nacional que estudie investigar a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por la contratación de la expareja del exministro José Luis Ábalos en dos empresas públicas, ya que ve posibles indicios de delito.

En un auto con fecha de 23 de abril, el instructor de la causa en el Supremo ha expuesto que Pardo de Vera habría tenido "una decisiva participación" en la contratación "posiblemente irregular y caprichosa" de Jéssica Rodríguez, exnovia de Ábalos, en 2019 en la empresa pública Ineco, vinculada al Ministerio de Transportes. En concreto, trabajó entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, periodo durante el cual Pardo de Vera presidía Adif.

Según Puente, Rodríguez habría sido "escogida libérrimamente" por Ábalos, con la participación de su exasesor Koldo García, para un puesto en el que la joven no llevó a cabo "actividad laboral alguna", pese a que sendas empresas públicas remitieron dos informes en los que certificaban que sí trabajó. Para el juez, en cambio, resultan "particularmente reveladoras" las comunicaciones mantenidas entre Pardo de Vera y Koldo en este sentido, recogidas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El magistrado expone, no obstante, que instruye la causa abierta contra Ábalos por su condición de aforado y que una imputación a Pardo de Vera recaería, en cambio, en las competencias de la Audiencia Nacional, donde están siendo investigados el resto de implicados en la presunta trama de corrupción.

Por ello, ha decidido remitir al Juzgado Central las actuaciones para que si considera "la existencia de posibles indicios de criminalidad en la conducta" de la expresidenta de Adif, proceda a citarla como investigada. En concreto, ha enviado los informes remitidos por Ineco y Tragsatec, el informe de la UCO del pasado 9 de abril y la declaración testifical de Jéssica Rodríguez.

Pardo de Vera declaró como testigo el pasado 5 de marzo que Ábalos le preguntó cómo funcionaba el proceso de contratación de personal administrativo en Ineco, aunque aseguró que no hizo gestiones en favor de nadie ni haber recibido instrucciones de Ábalos para contratar el material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia.

Pide a la UCO investigar la adjudicación de obras públicas

El magistrado del Supremo también ha ordenado a la UCO que investigue la adjudicación de las obras que aparecen en dos documentos presentados por el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, en el Supremo, un anexo de los presupuestos generales del Estado de 2021 con supuestas obras públicas preadjudicadas y un pantallazo con una nota manuscrita sujetada por una mano.

Puente adopta esta decisión una vez que la prueba caligráfica a la que se sometió Koldo García para comprobar si su letra era la misma que aparecía en esos documentos ha demostrado que es coincidente, por tanto, habría escrito las notas en los contratos sobre la preadjudicación de obra pública a cambio de comisiones.

Asimismo, el instructor cita como testigo a la que fue miss Asturias y expareja de Ábalos, Claudia Montes, tras un informe de la UCO que señala que "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail por "la influencia" del exministro y con "la relevante colaboración" de Koldo", por lo que ve conveniente que aclare los motivos de esa contratación.

También a César Moreno, un socio del empresario Víctor de Aldama, para que explique "las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales" de Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García. Ambas testificales tendrán lugar el próximo 6 de mayo.

Rechaza citar como testigo a Marlaska

Rechaza, en cambio, las peticiones de Ábalos para citar como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, porque no resultan "pertinentes, útiles ni necesarias".

El exministro había solicitado estas declaraciones porque el informe de la UCO reseñaba que Interior también adquirió durante la pandemia una importante cantidad de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada con Aldama, pero el juez dice que no se ha identificado "irregularidad alguna" en ese contrato.