Las condiciones precarias de los trabajadores en centros de menores: "Nos sentimos solos y en peligro"
- Los profesionales de la intervención social reclaman medidas de protección urgentes
- El asesinato a una educadora social en Badajoz ha generado una oleada de protestas
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"Me amenazó de muerte, me agarró del pelo y me presionó contra el asiento. Al tratar de liberarme, me lesioné el hombro". A.B.P., trabajadora de un centro terapéutico de protección de menores, denuncia la precariedad extrema en la que desempeñan su labor los profesionales de este sector. La agresión, que inició la baja en la que lleva más de un año, se produjo durante una jornada en la que otras educadoras también resultaron heridas y fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para contener a los menores.
El asesinato de una educadora en un centro de internamiento destinado a menores con medidas judiciales en régimen semiabierto en Badajoz ha generado una oleada de protestas que reclaman más recursos para proteger a los profesionales de la intervención social. Los sindicatos denuncian que el sistema no garantiza la seguridad de los trabajadores ni de los menores.
Un sistema sin medios ni apoyo
La presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, Emiliana Vicente, explica a RTVE.es que "no hay un presupuesto suficiente, ni financiación, ni profesionales en número adecuado". Con ello, entiende que "se está resintiendo la calidad del servicio y el objetivo mismo de la ley, que es la reinserción y recuperación de estos menores".
El asesinato se ha producido en un centro que pertenece al sistema de justicia juvenil. Vicente pide no confundir estos recursos de cumplimiento de medidas judiciales con los pisos tutelados, que pertenecen al sistema de protección de menores y se encargan de niños y niñas en situaciones de desamparo.
El sistema de justicia juvenil, destinado a adolescentes de entre 14 y 17 años que han cometido algún delito, tiene como finalidad su reeducación y socialización. Sin embargo, según Vicente, la falta de recursos y la precarización de los trabajadores complica esa misión. "Estos profesionales sufren agresiones y violencia de manera permanente. Nadie debería enfrentar esto en el ejercicio de su trabajo", denuncia.
Aunque la tutela de los menores es pública, puesto que corresponde a las comunidades autónomas, la gestión de estos recursos está externalizada a entidades del Tercer Sector, lo que, en la práctica, diluye responsabilidades y dificulta la exigencia de mejoras.
Abandono de los profesionales
Vicente subraya la responsabilidad tanto de las administraciones como de las entidades gestoras. Las licitaciones que priorizan el ahorro sobre la calidad del servicio son, según la experta, el motivo por el que las condiciones laborales son tan precarias, lo que compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la eficacia del sistema.
La secretaria de Organización y Desarrollo Territorial de USO en Extremadura, Eva Vargas, denuncia en RNE esta "violencia sistémica" y señala que se ha producido un aumento de la "flexibilidad respecto a las medidas de atención a menores", en un contexto en el que su perfil "ha cambiado significativamente y la agresividad es más manifiesta". La secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, explica a La Hora de La 1 que resulta "inconcebible" que solo hubiera una profesional a cargo en el caso de Badajoz, por una cuestión de "sentido común".
La violencia en el día a día
Las complicadas condiciones del sector afectan también a los profesionales que trabajan en los pisos tutelados.
“Nos sentíamos muy solos y en peligro“
Jesús Ortiz fue educador social en uno de ellos hace más de una década y aún recuerda el riesgo constante al que se enfrentaba: "Nos sentíamos muy solos y en peligro. Uno de los chicos llegó a perseguirnos con un cuchillo. En otra ocasión, llamamos a la policía porque algunos de los menores traficaban y nos amenazaron a nosotros y a nuestras familias".
Ortiz también lamenta el proceso de mercantilización que ha vivido el sector. "Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchas empresas de construcción crearon su propia división de servicios sociales para optar a estos concursos, pero la función social les importaba más bien poco. Era solo otra vía de ingreso", explica a RTVE.es. En su opinión, este modelo de gestión ha generado una cadena de precariedad que no solo afecta a los trabajadores, sino también a los menores, que no reciben la atención que realmente necesitan.
La situación no parece haber mejorado lo suficiente con el paso de los años. Paula López —nombre ficticio— dejó su trabajo en un centro de menores tras solo cuatro días por el impacto emocional que conlleva la precariedad del sector. "Salí de ahí con un cuadro ansioso y tuve que ir al psicólogo", cuenta a RTVE.es. La joven se incorporó a la entidad al poco tiempo de terminar su formación universitaria, pero abandonó su vocación después de que un menor de muy corta edad la amenazara con un cuchillo que llegó a rozar su cuerpo. "La pregunta no es si corrí peligro real o no, sino qué hace un niño con un arma en la mano", reflexiona.
La educadora insiste en que el problema es estructural: "No se trata de una organización concreta, sino de un sistema que no sostiene ni a los trabajadores ni a los menores". Muchos de sus compañeros, que estudiaron para dedicarse a la educación social, también se han apartado del sector por las condiciones insostenibles.
Secuelas físicas y emocionales
A.B.P. todavía recuerda el dolor en el hombro y el miedo en su cuerpo cuando aquel menor la agredió. La huella emocional continúa muy viva más de un año después y todavía le cuesta contener las lágrimas al rememorar lo que ocurrió. Cuando los servicios de emergencia contuvieron al joven, otra de las menores, con antecedentes de violencia hacia sí misma y las demás, intentó asfixiar a una compañera con la maniobra del mataleón.
Horas después, el adolescente que la había agredido regresó y, con la mano en alto, amenazó a las educadoras: "Vais a hacer lo que yo quiera o haré daño a las demás". Pese a los intentos de calmar la situación, no tardó en abofetear a A.B.P. Las trabajadoras tuvieron que realizar "maniobras especiales de contención" para evitar que accediese a la cocina u otras salas con objetos peligrosos. Cuando llegó la Guardia Civil, otro de los menores también había entrado en crisis y requería intervención.
La educadora y sus compañeras acudieron al hospital para realizar el parte de lesiones, pero no les dieron la baja en el momento, "porque era fin de semana". Al día siguiente, pese al desgaste físico y emocional, regresaron al trabajo. "No queríamos dejar vendidos a los compañeros ni a los menores", se resigna.
Tras un tiempo de baja, intentó reincorporarse, pero volvió a lesionarse en otra contención. Desde entonces, no ha podido regresar.
“Nadie se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme cómo estoy psicológicamente“
"Nadie se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme cómo estoy psicológicamente. Hay un vacío absoluto", lamenta. A pesar de todo, la educadora insiste a RTVE.es en que los menores no son los culpables y es necesaria una mejora de las condiciones para poderles ayudar de verdad: "Cuando cumplen 18 años tienen que salir por esa puerta y, para que podamos darles herramientas para la vida, nosotros también necesitamos estar bien".
Infrafinanciación, la clave del problema
"Sobre el papel, tenemos un equipo multidisciplinar muy bueno, pero llevamos casi dos años sin médico, uno sin enfermero y el psiquiatra solo se conecta online una vez al mes", denuncia Luis, representante sindical de una empresa que gestiona centros de menores con especial atención a la salud mental. La falta de personal especializado les obliga a recurrir a trabajadores sin formación específica en situaciones de crisis, lo que agrava la inseguridad en los centros.
La calidad del servicio se resiente en este escenario, con un grave impacto en la frustración de los menores. "Es muy difícil que estén motivados cuando las actividades son tan pocas o se cancelan porque no hay equipo suficiente", explica.
“No se tiene en cuenta la peligrosidad del puesto ni el estrés constante“
Las condiciones laborales son muy precarias, con salarios "míseros" que apenas superan el euro por hora nocturna trabajada. "No se tiene en cuenta la peligrosidad del puesto ni el estrés constante al que estamos sometidos", explica a RTVE.es. Las bajas entre el personal son parte del día a día "y, como casi nunca las da la mutua, no se considera baja laboral, por tanto, hay una afectación económica importante".
La ausencia de medidas de seguridad aumenta el miedo. En el centro, las "amenazas, insultos y tratos vejatorios a los profesionales" son una constante. A diario, se producen ataques al mobiliario y, en épocas conflictivas, también contra los trabajadores. El educador recuerda una ocasión en la que un joven persiguió a una empleada con una barra de metal para golpearla. Insiste en que no es algo habitual, aunque sí abundan los puñetazos, patadas y tirones de pelo.
A pesar de la violencia, insiste en no criminalizar a los menores: "Estos niños llegan aquí con una mochila cargada de historias extremadamente graves. Vienen como último recurso". Para él, son víctimas de un sistema infrafinanciado y abandonado por la administración. Reclama, sin embargo, medidas urgentes: "No creo en el punitivismo, pero tiene que haber mecanismos de control para protegernos a nosotros y a ellos".
Las reclamaciones a la empresa no han surtido efecto, incluso han culpado a los trabajadores por "no saber gestionar la situación" o han atribuido los hechos a "gajes del oficio". La comunidad autónoma tampoco ha tomado medidas e incluso "ha pretendido deshumanizar a los menores", cuenta el representante sindical. La renegociación del convenio para 2026 tampoco alivia sus preocupaciones, puesto que "empeora las condiciones de cuidados y protección".
