La angustia de las personas migrantes ante la llegada de Trump a la Casa Blanca: "Les da miedo salir de sus casas"
- Alrededor de 11 millones de personas residen indocumentadas en Estados Unidos
- En su primer día como presidente, estableció nuevas medidas para frenar la migración irregular y facilitar las deportaciones
Apenas había pasado una semana de las elecciones presidenciales de Estados Unidos cuando José*, migrante irregular de Colombia, se casó con su marido, de nacionalidad estadounidense. Lo hizo antes de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca porque "él no solo está en contra de los inmigrantes, sino también del matrimonio igualitario y de las parejas homosexuales", cuenta a RTVE.es. En su primer día en el Despacho Oval, el nuevo presidente declaró la "emergencia nacional" en la frontera con México y estableció nuevas medidas para frenar la migración irregular y facilitar las deportaciones de lo que él considera "ilegal aliens" (extranjeros ilegales).
En San Francisco, Natalia, una joven valenciana, está preocupada: "Al ser inmigrante, no sé qué repercusiones voy a sufrir. Lo primero que pensé cuando salió Trump fue que me cancelaría el visado". Como respuesta al miedo, la gente ha empezado a ausentarse de sus puestos de trabajo. José, que se dedica a la hostelería en Nueva York, explica que, desde el día en el que el republicano tomó posesión, sus compañeros "no quieren venir a trabajar. Les da miedo salir de sus casas. Están asustados y con razón porque muchos empleados en estos restaurantes no tienen documentos", asegura este hombre, que lleva 11 años viviendo en el país. Entre el 23 y 29 de enero, han sido arrestadas 5.500 personas por carecer de papeles. Una cifra que contrasta con las 800 detenciones registradas en la misma fecha el año pasado.
Redadas migratorias masivas
El republicano ha restablecido la "expulsión inmediata" de migrantes, una política que permite la deportación rápida de personas indocumentadas sin un proceso judicial previo. Los medios de comunicación y las redes sociales se han hecho eco de las redadas migratorias masivas de la nueva Administración y, ahora, quienes están en el país sin un visado viven con el pánico a ser detenidos, incluso en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales.
En los bares, los negocios o los campos ya se nota el vacío de las personas migrantes. En California, las zonas de cultivo han quedado sin la mitad de sus trabajadores porque alrededor del 50% de su mano de obra es irregular. La ausencia masiva de jornaleros no solo ha puesto en peligro las cosechas, sino también la estabilidad de estas personas. "¿Qué va a pasar ahora?", se pregunta el director de la asociación Border Angels, Jesús González, que trabaja en la frontera sur del país. Si no van a trabajar, "van a perder su empleo y van a pasar hambre. Sin un sueldo, no podrán pagar por la comida, el alquiler, ni muchas otras cosas", argumenta.
Esta ansiedad "está invadiendo a todas las comunidades donde residen los inmigrantes", según la abogada especializada en migración Érika Jurado-Graham. Ella trabaja en Kansas City, pero cree que es "una paranoia generalizada porque están ocurriendo muchos arrestos colaterales" en todas las ciudades del país. Es precisamente "daño colateral" como los agentes migratorios estadounidenses llaman a aquellas personas sin antecedentes criminales que han caído en las redadas y deportaciones durante los primeros días de la nueva presidencia.
Unas 11 millones de personas indocumentadas
Uno de cada cuatro extranjeros en Estados Unidos es un migrante indocumentado. Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, 11 millones de personas residen indocumentadas en Estados Unidos. Muchas de ellas desempeñan trabajos mal remunerados en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y la industria alimentaria. "Aunque ahora esté irregular, soy la que te barre las calles y que te friega los platos de los restaurantes en los que comes. Porque claro, no quieren a los ilegales a no ser que sea para que hagan los trabajos precarios en los que les pagan una miseria y nadie más quiere", denuncia María, una española de origen cubano que vive en Miami.
La metrópolis en la que ella vive es una de las históricamente consideradas "ciudades santuario". Son grandes localidades como Chicago o Seattle que hasta ahora se habían negado a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y eran mucho menos restrictivas con las personas indocumentadas. Sin embargo, ahora Trump ha anunciado una orden para poder operar en ellas. Lo hace apoyándose su eterna promesa de hacer una "América grande de nuevo" y manteniendo un claro discurso antimigratorio y ultraderechista.
En su primera semana en la Casa Blanca, el presidente canceló los visados a los estudiantes universitarios que se manifestaron en los campus para pedir el alto al fuego en Gaza, cerró la aplicación para pedir asilo en la frontera con México y también suspendió temporalmente los permisos de entrada desde Colombia por los problemas diplomáticos con Bogotá.
Cerca de un millón de personas que provienen de países como Haití, El Salvador, Siria o Nepal tienen asilo en Estados Unidos gracias a la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, desde que Trump tomó posesión, "el presidente está a diario firmando órdenes ejecutivas que restringen los programas de entrada humanitaria que permitían a la gente solicitar asilo en los Estados Unidos", expone Jurado-Graham. Pero en sus primeros días de vuelta en Washington, el republicano ha sumido en el limbo a 600.000 beneficiarios, cancelando este programa para los ciudadanos venezolanos. La nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó a principios de febrero que Venezuela ya no sigue cumpliendo las condiciones para la designación de 2023 y una vez el Gobierno haga el anuncio oficial, los venezolanos que adquirieron su permiso en el último año perderán en 60 días los derechos que les garantiza el TPS y carecerán de permiso para residir en el país.
Sara llegó de Caracas a Denver cuando solo tenía 15 años y, tras una década en suelo estadounidense, toda su vida está en Colorado. "Tengo un trabajo y una estabilidad. Yo estoy en mi apartamento sola con mi perro. Ahora tengo miedo de que me separen de él y de ser enviada a Venezuela. Yo allí no tengo nada, ni siquiera casa. Mis ahorros tampoco sé exactamente qué va a pasar con ellos", se pregunta con lágrimas en los ojos.
Las pérdidas siguen sumándose en este contexto. Una amiga de Sara "tiene una hija que es ciudadana de Estados Unidos y ella no lo es. Va a perder el TPS y teme que la puedan deportar en cualquier momento y las separen. Es algo que me da muchísimo dolor ver", asegura.
La Administración del republicano también ha eliminado el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el caso de hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. Si estos adultos son deportados, no sería la primera vez que el Gobierno republicano separa a familias migrantes. Durante su primer mandato, miles de niños fueron apartados forzosamente de sus padres en la frontera sur. Fue algo que Trump catalogó como un trabajo de "tolerancia cero", pero qué organizaciones como Amnistía Internacional, señalaron como una "violación flagrante de los derechos humanos".
Criminalización de las personas migrantes
La retórica estatal se ha relacionado con la "lucha contra la criminalidad", ya que el nuevo presidente no ha dejado de asociar a los extranjeros con el aumento de la violencia y el delito en Estados Unidos. Para él, la inmigración es una amenaza para la seguridad nacional, tal y como dijo en su campaña y que ahora reitera a través de sus acciones. "No son criminales. Son hombres, mujeres, niños... Son estudiantes y trabajadores que son tan parte de los Estados Unidos como cualquiera de nosotros", manifiesta González, de la asociación Border Angels.
Ante el auge de racismo, todos los entrevistados por RTVE.es insisten en defender su humanidad. "Aunque estemos aquí indocumentados, pagamos nuestros taxes (impuestos). Aportamos a la economía porque también aportamos a la renta, al mercado y en todo lo que uno consume diariamente", expone José.
María asegura que no siente miedo porque, si la deportasen, se volvería a España con su familia. Sin embargo, sí que la invade la desolación por saber qué pasará con todas aquellas personas que provienen de realidades distintas a la suya: "Yo sentiría que perdí mi tiempo, pero nada más. En cambio, si te estás yendo de países difíciles, evidentemente que te deporten es diferente".
A todas estas sensaciones, se suma la incertidumbre. "Es algo muy fuerte y muy difícil. Sientes que estás retrocediendo. Te sientes culpable de que estás haciendo algo malo. También, con los comentarios que hace la gente, por ejemplo, en redes sociales… Hay mucha xenofobia y sientes que estás aquí sin ser bien recibido", lamenta Sara.
*Los nombres de las personas migrantes de este reportaje son ficticios