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Sánchez impulsará las lenguas cooficiales en la UE durante la Presidencia de España

  • Lo ha anunciado en la reunión que ha mantenido con diputados y senadores socialistas de la XV legislatura
  • Los partidos soberanistas lo critican porque apuntan que es un compromiso que ya tenía y que no ha desarrollado

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Sánchez hace un guiño a los nacionalistas e impulsará las lenguas cooficiales en la UE

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho este miércoles un guiño a los partidos nacionalistas y ha anunciado su compromiso para "hacer más" para impulsar el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias durante la Presidencia española de la Unión Europa.

En su intervención en la Cámara Baja donde ha presidido la reunión de diputados y senadores socialistas de la XV legislatura y en el marco de las negociaciones para constituir la Mesa del Congreso, Sánchez ha reconocido que estos años se ha impulsado las lenguas cooficiales a través del Instituto Cervantes, "pero debemos hacer más, se puede hacer más y vamos a hacer más", ha subrayado.

Sánchez ha subrayado que estas lenguas están reconocidas en la Constitución como "lo que realmente son", un "enorme activo de nuestra sociedad", y ha emnarcado su anuncio en el "debate" suscitado en las últimas semanas al volver a pedir las fuerzas nacionalistas e independentistas que se amplíe el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

"España habla en castellano, pero también habla en catalán, en euskera y en gallego y es nuestro deber y responsabilidad garantizar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas", ha incidido.

Por ello, el líder del PSOE ha aprovechado para subrayar que "no hay propósito más noble en política que construir convivencia" para "superar con ello conflictos que desgarraron" a la sociedad en el pasado y ha llamado a "estar más unidos en nuestra diversidad".

Críticas de los soberanistas al anuncio

El anuncio ya ha sido replicado por uno de los diputados de Bildu, Ion Iñarritu, quien ha apelado a Sánchez a empezar mejor por las instituciones españolas como el Congreso: "Empezará por las de su casa, ¿no?", se ha preguntado en la red social antes conocida como Twitter.

También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado la medida y ha considerado que no es creíble. "Lo tenía más fácil para ser creíble en temas lingüísticio y ha demostrado lo contrario", subraya en su cuenta en Twitter. Asimismo ha lamentado el poco presupuesto para impulsar el euskera. "PERTE de nueva economía de la lengua: de 1.100 millones, solo 2 millones para el euskera", ha reprochado Esteban.

Asimismo la dirigente de ERC Marta Rovira ha subrayado que no es un anuncio nuevo y que ya se firmó el año pasado. "Si esto ya lo asumió y sellaste en los acuerdos de la mesa de negociación el 7 de julio de 2022", ha recordado Rovira en su cuenta de Twitter. "En el Parlamento Europeo hemos trabajado mucho. Cumple y termine el trabajo", ha pedido.

Precisamente uno de los acuerdos alcanzados en julio de 2022 en la mesa de diálogo sobre Cataluña tenía como objetivo el impulso y la protección del catalán. Además del compromiso de solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el Pleno, se recogía "la ampliación del derecho de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas del Estado". Eso sí, en aquel documento sólo se hablaba de revisar "el Reglamento del Senado" pero no se mentaba al Congreso.

En los doce meses que han transcurrido desde aquel acuerdo no se ha dado ningún paso en el Senado. Tras el 23J, cuando los independentistas, nacionalistas y también Sumar abogaron por regular el uso de estas lenguas en el Congreso, desde Moncloa señalaron que lo lógico sería explorar primero las posibilidades de ampliar el uso de las lenguas en la Cámara Alta.

Junts registró una iniciativa en 2021 que el Senado aceptó tramitar con apoyo del PSOE, para reformar el Reglamento y permitir el uso de lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara Alta. La iniciativa, con un coste aproximado de casi un millón de euros, quedó 'congelada' con la ampliación constante de los plazos de enmiendas y finalmente caducó con la disolución de las Cortes.