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Brasil

Bolsonaro se presenta a declarar como investigado por el intento golpista de enero contra el Gobierno de Lula

  • El Supremo busca determinar si, incluso desde EE.UU., el exmanatario tuvo algún papel en el asalto de los bolsonaristas
  • El ataque a los tres poderes brasileños acabó con 2.151 personas detenidas, de las cuales unas 300 siguen en prisión

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Bolsonaro se presenta a declarar como investigado por el intento golpista de enero
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se ha presentado este miércoles ante la Policía Federal para declarar por la investigación en curso sobre los actos golpistas del pasado 8 de enero contra el actual Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El exmandatario ha llegado a la sede de la Policía Federal brasileña junto a sus abogados, sin dar declaraciones a los periodistas que le esperaban.

Bolsonaro figura como investigado en el proceso tramitado en el Supremo que pretende identificar a los responsables del asalto al poder así como a quienes financiaron la movilizaron de los miles de activistas de ultraderecha que asaltaron las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y la Corte Suprema.

Un juez del Supremo había ordenado a mediados de abril la comparecencia del exmandatario, que siempre ha negado su implicación en los disturbios, ocurridos tan solo una semana después de la investidura de Lula da Silva.

Investigan si incitó al intento golpista desde EE.UU.

Durante el asalto, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, donde se había desplazado el 30 de diciembre, cuando todavía era mandatario, para no tener que entregarle la banda presidencial en la investidura de Lula, cuya victoria en las urnas siempre fue puesta en duda por su predecesor.

El Supremo, sin embargo, ha incluido a Bolsonaro entre los investigados para determinar si, incluso desde EE.UU., de donde regresó a finales de marzo, incitó a los atacantes o tuvo algún papel en la planificación del movimiento.

Los bolsonaristas que asaltaron los tres poderes de Brasil habían permanecido durante más de dos meses acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército pidiendo que se perpetrara un golpe de Estado contra el Gobierno electo. Bolsonaro no condenó esta actitud e incluso llegó a avalarla.

El ataque del 8 de enero acabó con 2.151 personas detenidas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión. El resto responderá ante los tribunales en libertad. De hecho, el martes, el Tribunal Supremo de Brasil aprobó la imputación penal de los primeros 100 acusados de haber cometido los ataques.