El PSOE dice que no tocará la autodeterminación de género en la ley trans pero quiere darle "seguridad jurídica"

• Plantea "dudas" sobre equiparar ciertas violencias a la violencia de género, según apuntan fuentes de la formación
• Los socialistas dicen que se puede "mejorar" la ley y hacerla "más robusta" ante un recurso en el Constitucional de PP y Vox

El PSOE dice que no tocará la autodeterminación de género en la ley trans pero quiere darle "seguridad jurídica"

El PSOE descarta tocar la libre autodeterminación de género en la ley trans pero plantea “dudas” sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género y apunta a que quiere dotar de una mayor “seguridad jurídica” a la ley ante el PP y Vox y su previsible recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes socialistas han hecho estas puntualizaciones en medio de la polémica por el retraso en la tramitación parlamentaria de esta norma que firma el Ministerio de Igualdad y la ministra Irene Montero (Unidas Podemos). Precisamente, la propia ministra ha dicho este jueves en TVE que vive “con muchísima preocupación” el retraso en la norma, después de que el PSOE votara esta semana junto con el PP y Vox para ampliar el plazo de enmiendas parciales al próximo miércoles. Y es que Montero cree que los socialistas ponen “en riesgo” la aprobación de la ley antes de final de año y les ha advertido: “No vamos a consentir ningún retroceso en derechos”.

Horas después, los socialistas aseguran que no modificarán la parte de autodeterminación de género, que es la clave principal de la ley y supone despatologizar a las personas trans, puestoo que podrán cambiar de sexo registral ya sin informes médicos ni otros requisitos. Esta parte, que va en línea con la OMS, el Consejo de Europa y la Sociedad Española de Psiquiatría, es con la que no está de acuerdo un sector del PSOE (con dirigentes como la exvicepresidenta Carmen Calvo) y una parte del feminismo, que cree que la ley "borra" a las mujeres y defiende el sexo biológico.

Pero aunque dice que no tocará esta parte, el PSOE plantea dudas respecto a equiparar “ciertas violencias” con la de género y ha abogado por dotar de una mayo jurídica: “Sabemos que acabará recurrida por el PP y sus socios de la ultraderecha en el Tribunal Constitucional”.

En su artículo 65, el proyecto de ley contempla, por ejemplo, que cuando haya una condenado o una orden de protección por violencia familiar LGTBIfóbica o intragénero -en parejas LGTBI- las víctimas tendrán los mismo derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género.

A del PSOE, el Poder Legislativo (el Congreso y el Senado) puede “mejorar” la ley y hacerla “más robusta” ante esos posibles “ataques” de los que son “verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos”.

Llop pide tener en cuenta la "perspectiva de la infancia"

Sobre estas cuestiones se ha referido este jueves la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha defendido que la futura ley debe reconocer los derechos de estas personas "con seguridad jurídica y sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de infancia".

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Llop, como otros miembros del Gobierno y del PSOE, ha pedido no polemizar sobre el hecho de que se haya ampliado el plazo de presentación de enmiendas a la ley en el Congreso porque "la legislatura no va a terminar en una semana, hay todavía más de un año".

Respecto a la infancia, el proyecto pactado en el seno del Gobierno y remitido al Congreso establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

Ante el enfado de las asociaciones del colectivo LGTBI, de Unidas Podemos y del Ministerio de Igualdad por el retraso, la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han insistido también este jueves en que el objetivo es mejorar la norma con propuestas de consenso.

"Retrocesos evidentemente no se van a producir en ninguna tramitación legislativa; todo lo que se produce en el seno del Congreso tienen que ser avances, propuestas de consenso, de diálogo con el resto de formaciones políticas también", ha respondido a la ministra de Igualdad la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Ha subrayado la necesidad de "ser sensibles", escuchar e incorporar todos los elementos que se consideren buenos para progresar en los derechos del colectivo.

Y Bolaños ha situado en la normalidad la ampliación del plazo de enmiendas al asegurar que la función del Parlamento es mejorar las leyes, como ha ocurrido, ha dicho, con la Ley de Memoria Democrática que este jueves publica el BOE y que estuvo "durante meses" en tramitación. "Eso ocurrirá con esta ley también, una tramitación parlamentaria para mejorar el texto y para, por supuesto, ampliar derechos que es en lo que está siempre el Gobierno y el Partido Socialista", ha concluido.

Feijóo llama "frivolidad" a ley y se compromete a derogarla si gobierna

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la ley trans es "una frivolidad" y se ha comprometido a derogarla si gobierna.

"La ley trans es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres, que afecta a los derechos de la infancia y que se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana", ha declarado a su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra hoy en Bruselas. Y ha añadido que el proyecto legislativo "no debe aprobarse en ningún caso".

"Si la ley trans, con el borrador que aprobó el Gobierno, se aprobase en el Congreso de los Diputados, tenemos el compromiso de derogarla en el caso de que tengamos los votos suficientes en la siguiente legislatura", ha zanjado.