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Estados Unidos

Un juez de Texas falla que obligar a incluir la cobertura contra el VIH a las empresas atenta contra su libertad religiosa

  • Señala que obligar a sus seguros médicos a incluir este tipo de medicación atenta contra la ley federal para la libertad religiosa
  • Se desconoce el impacto que tendrá el fallo más allá de impedir la cobertura de esas medicinas

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Muestras de sangre con virus VIH/SIDA infectados.
Muestras de sangre con virus VIH/SIDA infectados.

Un juez federal de Texas (EE.UU.) ha dictaminado este miércoles que una de las disposiciones de la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés), conocida como 'Obamacare', atenta contra la libertad religiosa de las empresas al obligar a los seguros médicos de las compañías a incluir medicación para prevenir el VIH

Tras una denuncia de la compañía Braidwood, una empresa de propiedad cristiana, el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, en inglés), encabezado por Xavier Becerra, el juez federal Reed O'Connor ha estimado que la norma "viola las creencias religiosas" y atenta contra la ley federal para la libertad religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés).

La compañía impugnó la disposición del 'Obamacare' que obliga a los seguros médicos a ofrecer a quien lo pida los medicamentos Truvada y Descovy de los laboratorios Gilead, que se toman de manera preventiva ante una posible exposición al virus.

Impedirá la cobertura de esas medicinas

El juez ha citado a ambas partes para aportar nueva documentación y, según explica la prensa local, no está claro qué impacto tendrá el fallo más allá de impedir la cobertura de esas medicinas.

Según medios estadounidenses, el abogado de los demandantes es Jonathan Mitchell, exprocurador general republicano de Texas, conocido por sus esfuerzos para restringir el acceso al aborto en el estado.

Mitchell ha argumentado que la cobertura obligatoria de esos medicamentos obliga a los cristianos a subsidiar el "comportamiento homosexual", ya que son tomados principalmente por hombres que tienen sexo con hombres.

Así, Mitchell estima que esto viola la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993, una ley que es frecuentemente citada por los conservadores para cuestionar el aborto, la anticoncepción y los tratamientos para personas transgénero.