Matar a un animal supondrá dos años de prisión y la ley de protección acabará con el sacrificio de mascotas

• El Gobierno ha modificado el Código Penal para poder castigar el maltrato animal
• La ley de protección animal terminará con los circos con animales salvajes

Matar a un animal se castigará con dos años de prisión

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Código Penal para ampliar las penas por maltrato animal a 24 meses de prisión con resultado de muerte, y a 18 meses si implica atención veterinaria. En ambos casos la inhabilitación para tener, convivir o trabajar con animales puede llegar a los 5 años y se termina con la impunidad de los maltratadores.

El Ejecutivo ha dado luz verde a la Ley de Protección Animal, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, con la que pondrá coto a los circos con animales salvajes, a la venta en tiendas de mascotas o el sacrificio de animales de compañía.

Belarra se ha mostrado orgullosa de presentar "la primera ley de derechos animales en nuestro país", algo que considera que ya estaba en "el sentido común y el sentir social".

En su intervención, Belarra ha hecho énfasis en que esta ley acaba con el maltrato exhibido en redes sociales, y ha aludido a casos concretos, como por ejemplo un vídeo que meses atrás mostraba a un hombre ahogando a un pequeño jabalí o las imágenes de un zorro quemado vivo. Pese a la “creciente sensibilidad hacia los animales”, la ministra ha lamentado que en España “el maltrato a los animales ha gozado prácticamente de una total impunidad”.

Sacrificio de mascotas limitado

Algunos de los mayores cambios de esta nueva norma son los relativos a no poder sacrificar animales de compañía, salvo por motivos sanitarios y eutanásicos, y a la lucha contra el abandono, Belarra ha cifrado en 300.000 los animales que se abandonan cada año en España. A partir de ahora todos los animales de compañía estarán identificados y vacunados y únicamente podrán ser criados por profesionales.

Se prohibirá también la comercialización de animales en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales, lo que incluye su uso en peleas y en actividades artísticas, turísticas, publicitarias o de mendicidad.

Belarra destaca que es una ley ambiciosa pero que va a salir adelante con acuerdo, en el seno del gobierno de coalición, acabando con la impunidad de los maltratadores de animales: “Podemos dejar a nuestros hijos un país en el que se cuida y protege a los animales y seres vivos con los que convivimos” ha señalado en una entrevista en RNE.

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También ha explicado que los zoológicos o delfinarios se convertirán progresivamente en centros de recuperación de especies autóctonas para que "los niños puedan conocer nuestra fauna local".

La ministra de Derechos Sociales ha detallado que el "maltrato instrumental" ejercido sobre las mascotas por hombres condenados por violencia de género será considerado un agravante por lo que defiende que "la lucha contra la violencia machista es transversal".

La norma va a permitir luchar contra el abandono animal y Belarra considera que es una ley que "nos hace más humanos". Ha añadido que "la totalidad de la gente de este país se conmueve con el maltrato. Los ciudadanos no admiten la crueldad animal.  Ahora pasamos a la acción con esta ley".

Régimen sancionador

El texto fija diferentes niveles de sanción en caso de infracciones: para las leves, la multa podrá ser de entre 600 y 30.000 euros; para las graves, entre 30.001 y 100.000 euros; y, para las muy graves, entre 100.001 y 600.000 euros.

En el caso de los perros, todos serán considerados “de compañía”, si bien los canes "de trabajo" -por ejemplo, los perros guía, policía, de caza o pastores- contarán con disposiciones adicionales que regularán su actividad de forma independiente.

Respecto a las colonias felinas, reconoce la existencia y responsabilidad de cuidar a los gatos comunitarios, cuya gestión "ética" -atención sanitaria o planes de control poblacional- queda bajo competencia de los ayuntamientos, aunque las CCAA deberán generar los protocolos marco.

Esta ley excluye los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, la ley iniciará su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó el pasado 6 de octubre.