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El Consejo de Europa pide trasladar a los presos de ETA más cerca de sus familias

  • El Comité para la Prevención de la Tortura destaca el fin de la actividad de la banda y su disolución
  • El Gobierno español responde que ya se ha producido un "cambio en la política penitenciaria"
  • El mismo informe detecta malos tratos en comisarías

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Manifestación en San Sebastián para reclamar el fin de la política penitenciaria de "excepción" para los presos de ETA.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha pedido a España el acercamiento de los presos de ETA a prisiones más cercanas a sus familias.

"A la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España", explica el CPT en un informe sobre la situación de las prisiones y los centros de detención en España, publicado este martes.

El informe recuerda que "muchos de ellos llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado según el artículo 91.2 del Reglamento Penitenciario de 1996 y sometidos a seguimiento FIES 3", y "su buen comportamiento en prisión no cambia su categorización".

El Gobierno español, a través del Ministerio de Interior, ha respondido ya a este requerimiento. En su respuesta asegura que tras la disolución de la banda terrorista se ha producido "un cambio en la política penitenciaria".

"A tal efecto - explica - y siempre partiendo del principio de individualización científica en la ejecución de las penas privativas de libertad, se han valorado y adoptado decisiones en materia de clasificación y destino respecto a estas personas que han supuesto un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida".

Interior ofrece una estadística de los presos de ETA en la que asegura que, a fecha de 17 de junio de 2021, el 25 % de presos etarras cumplían sus penas en prisiones vascas, mientras un 65 % lo hacía en cárceles situadas a no más de 200 kilómetros de distancia. Solo 6 presos (3,1 %) permanecían en prisiones a más de 400 kilómetros del País Vasco.

Malos tratos en comisarías

El mismo informe detectó malas prácticas en algunas comisarías y recibió "un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional", dice el informe.

Por ello recomienda a la Policía y Guardia Civil que "transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes".

Igualmente, lamenta la inexistencia de grabaciones y por eso recomienda que, en lo sucesivo, las autoridades españolas garanticen que todas las comisarías de Policía estén obligadas a almacenar todas sus grabaciones de CCTV (circuito cerrado de televisión) durante un mínimo de 30 días.

El Ministerio de Interior aseguró en su respuesta que estas grabaciones estaban prescritas por la normativa, pero justificó que algunas instalaciones carecen aún de la "disponibilidad técnica para su conservación".

También solicita que la Policía garantice a los detenidos un acceso rápido a un abogado y el derecho a disponer de un intérprete. Se pide además una mayor formación del personal en el uso de técnicas de control y contención, y que la videovigilancia esté operativa, y prohíbe la aplicación del régimen de incomunicación a menores de 18 años.

La delegación del CPT visitó las prisiones de Brieva (Ávila), Castellón II, Soto del Real y Estremera (Madrid), Sevilla II, Picassent (Valencia), así como los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla.

La delegación europea visitó también comisarias de Madrid, Algeciras, Castellón, Sevilla y Valencia, y mantuvo encuentros, entre otros, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general de Instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

El CPT asegura que la cooperación de las autoridades españolas fue excelente y que las restricciones sanitarias por la pandemia "habían logrado en gran medida restringir la propagación del virus".