Enlaces accesibilidad

El Constitucional alemán suspende la ratificación del Fondo de Recuperación de la Unión Europea

Por
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier es el encargado de ratificar el Fondo de Recuperación
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier es el encargado de ratificar el Fondo de Recuperación

El Tribunal Constitucional de Alemania ha manifestado que el presidente del país no puede aprobar la legislación que ratifica el Fondo de Recuperación de la Unión Europea. La decisión del máximo tribunal del país ha estimado un recurso contra este mecanismo pensado para impulsar las economías europeas por los efectos del coronavirus.

El alto tribunal "decidió que el jefe de Estado no debe firmar" el texto de la ley sobre este plan, que acaban de aprobar los parlamentarios, recoge el comunicado de la sala. Y añade que quedará en suspenso hasta que se adopte una decisión sobre un recurso de urgencia interpuesto.

De esta forma, quedan en el aire los casi 750.000 millones de euros que la Comisión Europea pretende repartir entre los 27 países de la UE y su fecha.

El presidente de Alemania, Frank-Wlater Steinmeier, debe esperar antes de poder firmar la Decisión de Recursos Propios de la UE. Este texto es el que permitiría poner en marcha el plan para emitir deuda europea y así financiar la recuperación de los efectos de la pandemia.

Los Fondos de Recuperación, paralizados por una firma

La normativa ya había sido aprobada por las dos cámaras del país, el Bundestag y en el Bundesrat (el Senado alemán). Solo faltaba la firma que es lo que ha paralizado el alto tribunal del país. El Constitucional alemán entiende que el recurso presentado por un conjunto de ciudadanos alemanes tiene base legal para cuestionar la legalidad del fondo de recuperación.

Los jueces alemanes no han dado plazos sobre su futuro veredicto, pero sus decisiones sobre asuntos similares se han prolongado hasta los tres meses, según la Agencia EFE. Esto supone que la UE no podrá cumplir su meta de que todos los Estados miembros hayan ratificado el plan para finales de abril.

El Ejecutivo comunitario no puede acudir a los mercados de deuda hasta que la Decisión de Recursos Propios de la UE haya sido aprobada en los veintisiete parlamentos nacionales. Por el momento, sólo han sido ratificados completamente en Bulgaria, República Checa, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta, Portugal y Eslovenia.

La ratificación del fondo de recuperación en todos los Estados miembros no es el único trámite a completar para que las ayudas empiecen a fluir hacia los países, puesto que la UE antes debe dar también el visto bueno a los planes nacionales con las reformas e inversiones que financiarán dichos fondos.

Un recurso presentado por euroescépticos

La demanda por el procedimiento de urgencia fue impulsada por un grupo de economistas, cuya cabeza más visible es el político Bernd Lucke, exlíder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD). Lucke fundó esa formación en 2013, entonces como partido eminentemente euroescéptico.

Lo abandonó un año después, al dar el partido un giro claramente xenófobo, discurso que se acentuó en 2015 con la crisis migratoria y la llegada a Alemania de casi un millón de refugiados. Lücke abandonó la AfD, pero ha seguido impulsado sucesivas formaciones, todas ellas minoritarias.

14 horas - Los servicios secretos vigilan al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania - Escuchar ahora

Desde estos grupos, como otras organizaciones afines, se impulsaron en el pasado otras demandas parecidas contra paquetes de rescate europeo. La propia AfD, primera fuerza de la oposición en el Bundestag desde que accedió a esa cámara, en 2017, ha anunciado asimismo que presentará recursos contra la entrada en vigor del paquete post-pandemia.

La demanda de Lucke, suscrita por un colectivo denominado "Alianza de la Voluntad Cívica", está avalada por unas 2.200 firmas, según informaciones de la televisión pública ARD.

Se argumenta que el paquete vulnera la "obligatoriedad de la UE de presentar presupuestos equilibrados",  califica el volumen de la deuda de "desorbitante" y la convierte, además, en compartida por todos los estados miembros.