Al menos dos muertos y numerosos heridos por la violenta represión policial contra los manifestantes en Perú

Brigadas juveniles

Piquetes de manifestantes, que en su gran mayoría portaban banderas peruanas, protestaban contra el gobierno de Merino cuando se encontraron con la avenida Abancay enrejada, por lo que lanzaron insultos y fuegos artificiales hacia los policías.

Esto fue respondido con disparos de gases lacrimógenos que las brigadas de jóvenes intentaron ahogar colocándoles conos de plástico, tal como se ha hecho en otras ciudades del mundo en las que se han visto grandes protestas desde el año pasado.

Sin embargo, fueron superados por la profusa cantidad de disparos de gases y perdigones, que hirieron a numerosas personas, entre ellas por lo menos a dos periodistas, y también generaron desmayos de jóvenes hombres y mujeres.

La situación fue tan dramática que incluso enervó los ánimos de manifestantes organizados de las barras del Universitario de Deportes y Alianza Lima, los dos archirrivales del fútbol peruano, que en un hecho inédito se unieron para enfrentar a los policías.

Una nube de humo

Mientras los reporteros que transmitían en vivo por los medios locales y redes sociales se quejaban por el excesivo uso de la fuerza, se presentó una durísima carga de los agentes antidisturbios, que avanzaron disparando hacia los jóvenes, algunos de los cuales cayeron heridos y fueron retirados por sus compañeros.

Esto formó una nube de humo que hizo retroceder a los manifestantes por el céntrico Parque Universitario, mientras que también se comenzaron a lanzar gases en la Plaza San Martín para dispersar a los ciudadanos que continuaban en ese lugar de manera pacífica.

La nube tóxica también afectó a las residencias próximas, como denunció desesperada en la radio la monja de una congregación que regenta un hospicio para mujeres y niños desamparados en esa céntrica zona de Lima.

Otro grupo de ciudadanos se mantuvo a la altura del Palacio de Justicia protestando contra la represión que se daba en el centro de la ciudad, mientras que los agentes también lanzaron gases contra los que ocupaban de manera pacífica la avenida La Colmena.

De inmediato, la Defensoría del Pueblo emitió un mensaje en Twitter en el que denunció que la Policía "está haciendo uso indebido de la fuerza y lanzando bombas lacrimógenas sin justificación contra los jóvenes que ejercen su derecho a la movilización en el centro de Lima".

Masiva protesta ciudadana

Una nueva masiva jornada de movilización nacional se desarrolló este sábado en Perú con decenas de marchas simultáneas en todo el país en rechazo al gobierno transitorio de Manuel Merino, contra el "Congreso usurpador" que destituyó al presidente Martín Vizcarra y la corrupción que destruye la vida política del país.

En Lima, decenas de miles de personas coparon la céntrica plaza San Martín y marcharon también en diversos distritos de la capital como Miraflores, San Miguel, Los Olivos y La Molina, en una movilización que superó la que el pasado jueves marcó el registro de la más multitudinaria en dos décadas en la ciudad.

Los ciudadanos, en su mayoría jóvenes y con una marcada presencia de mujeres, salieron a la calle nuevamente sin temor a la represión policial, que se ha ido incrementando con el paso de los días y ha generó críticas tanto de la Defensoría del Pueblo peruana como de organismos como Amnistía Internacional (AI) o las Naciones Unidas.

El presidente del Congreso pide la renuncia de Merino o será destituido

Por otro lado, el presidente del Congreso de Perú, Luis Valdez, ha pedido este sábado la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de Perú antes de que el Legislativo se reúna para evaluar su destitución.

"Mañana (domingo) tenemos que evaluarlo en la junta de portavoces, pero le pido al señor Merino que pueda evaluar su inmediata renuncia", declaró Valdez en el Canal N de televisión.

De esa manera el presidente del Congreso se sumó a las masivas peticiones que ya han hecho los principales políticos y precandidatos a la presidencia peruana tras la violenta represión del Gobierno contra manifestaciones ciudadanas.