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Caso Bateragune

El Supremo anula la sentencia que condenó a Otegi a seis años de prisión por pertenecer a ETA

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en 2018 por parcialidad de una jueza en este caso
  • Otegi, condenado por intentar reconstruir Batasuna, fue condenado a seis años y medio e inhabilitado hasta 2021

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El Supremo anula la sentencia del caso Bateragune contra Otegi por pertenecer a ETA

El Tribunal Supremo que impuso en 2012 una pena de seis años y medio de cárcel y diez de inhabilitación al actual coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y condenó también a otros dos acusados por pertenecer a ETA. El criterio del Supremo tiene en cuenta la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España en 2018 por parcialidad de una jueza.

La Sala Segunda ha estimado los recursos de revisión interpuestos por Arnaldo Otegui, Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto Garcia y Miren Zabaleta Tellería y ha anulado la sentencia de 7 de mayo de 2012 que les condenó por un delito de pertenencia a organización terrorista.

Otegi y Díez Usabiaga fueron condenados por la Audiencia Nacional a diez años de prisión por un delito de pertenencia o integración en organización terrorista al intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune y otros tantos de inhabilitación, mientras que al resto les impuso ocho años de cárcel. Al revisar la sentencia, el Supremo rebajó las penas a entre seis y seis años y medio de prisión, un fallo que más tarde avaló el Tribunal Constitucional.

Tras agotar la vía judicial en España, los acusados acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que hace dos años les dio la razón al considerar que se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos por falta de imparcialidad de una magistrada que les juzgó.

El alto tribunal constata que esa sentencia del TEDH constituye "título suficiente" para autorizar, en primer lugar, la interposición del recurso de revisión y "para ahora estimarlo", al amparo de lo dispuesto en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Arnaldo Otegi salió de la cárcel en marzo de 2016 tras cumplir los seis años y medio de condena, pero seguía estando inhabilitado, lo que le impidió concurrir en las elecciones vascas de ese mismo año.

El origen del recurso al TEDH

En el origen del recurso de los condenados al TEDH está la respuesta que dio esta magistrada, Ángela Murillo, cuando Otegi, en la vista de una causa anterior, no quiso contestar si condenaba la violencia: "Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta". A lo que Otegi replicó: "Yo también sabía que lo iba a preguntar".

La Audiencia Nacional condenó a Otegi entonces a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Él recurrió la parcialidad de Murillo y el Supremo le dio la razón y ordenó la repetición del juicio, en el que otra Sala de la Audiencia lo absolvió. Dos meses después, en el juicio por Bateragune se repitió la recusación contra Murillo pero esta vez sin éxito.

Para Estrasburgo, aceptar la primera recusación de la jueza por parcialidad contra Otegi en un caso y rechazarla en otro procedimiento diferente contra él solo unos meses después vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Otegi: "No existe Justicia independiente en el Estado español"

Tras conocer la decisión del Supremo, Otegi ha reaccionado por medio de un mensaje en redes sociales en el que ha dicho que hay que "recordar que no existe Justicia independiente en el Estado español" y que su encarcelamiento "fue una operación contra la paz en Euskal Herria".

"Hoy es el día para recordar que no existe justicia independiente en el Estado español. Hoy es el día para recordar a los presos políticos vascos, exiliados y deportados y exigir su libertad", ha añadido en un mensaje en Twitter.

De la misma manera, la candidata a lehendakari y parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha opinado que "la Justicia española queda retratada una vez más".

"El mismo Tribunal Supremo que les condenó y les tuvo en la cárcel de forma injusta seis años y medio con el aval del Constitucional, además se permite tardar 20 meses en asumir la sentencia de Estrasburgo", ha comentado Iriarte en las redes sociales.