Torra denuncia ante el Supremo una "persecución política" de la Junta Electoral para cesarle

• Pide medidas cautelares al alto tribunal en contra de la orden de inhabilitación, que se niega a acatar
• "El Govern no aceptará que Torra sea inhabilitado como president ni como diputado por la JEC", ha dicho la portavoz

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la reunión semanal del ejecutivo catalán.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo medidas cautelares en contra de la orden de inhabilitación de la Junta Electoral Central (JEC), al considerar que obedece a una "persecución de tipo político" para cesarle, "usurpando" competencias del Parlament. Por su parte, el Govern "no acatará" la orden, según ha afirmado la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, solo tres días después de que el Parlament ratificara a Torra y calificara la inhabilitación de la JEC como "golpe de Estado".

"Es evidente que ni se ha atribuido nunca a la Junta Electoral Central el enjuiciamiento de las incompatibilidades de los parlamentarios, ni esta se había entendido nunca, hasta el momento, competente para ello", señala el documento, al que ha tenido acceso RTVE. En él Torra pide como medida cautelarísima que se deje sin efecto la aplicación del acuerdo de la JEC, ya que supone una "vía de hecho" para cesarle, usurpando la competencia del Parlament, lo que supone un "grave conflicto constitucional".

Asimismo, advierte al Supremo de que el acuerdo de la JEC del pasado viernes, 3 de enero, para retirarle el acta de diputado, está viciado de la "más radical de las nulidades" y comporta una "vulneración grosera" del ordenamiento jurídico, como lo sería si al Parlament "se le ocurriera declarar el cese o dejar sin efecto el nombramiento de los vocales" del árbitro electoral.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Budó ha avanzado que Torra va a presentar este mismo miércoles una petición de medidas cautelares ante el Supremo en contra de la orden de la JEC que exigió que fuera suspendido como diputado del Parlament, requisito indispensable para ser elegido como president.

A la espera del desenlace de esta nueva vía judicial, Budó ha dejado claro que el Govern "no acatará" la decisión de la JEC: "El Govern no aceptará que Torra sea inhabilitado como president ni como diputado por la JEC", ha subrayado.

"Una verdadera ceremonia de la confusión"

La JEC, según el recurso de Torra, pretende "una verdadera ceremonia de la confusión" en relación con dos conceptos: "inelegibilidad e incompatibilidad" por utilizar los dos conceptos "como sinónimos".

Argumenta que la Junta Electoral Central es "manifiestamente incompetente" para resolver sobre la pérdida de condición de los diputados del Parlament de Cataluña y se fundamenta en el artículo 24 del Reglamento del Parlament, que recoge por qué causas se puede perder la condición de miembro de la cámara.

En relación con la "inelegibilidad", el recurso asegura que nadie que ya ha sido elegido "puede devenir inelegible" y que por tanto, la declaración de inelegibilidad es "manifiestamente contraria a Derecho" y "aberrantemente antijurídico".

Considera además el recurso que "el establecimiento de las incompatibilidades parlamentarias" corresponde "en exclusiva" al legislador de cada comunidad autónoma, de acuerdo con cada Estatuto de Autonomía.

Sobre las competencias de la JEC, considera que el hecho de que sea un órgano permanente de la Administración electoral, de acuerdo con el artículo 9.1 de la LOREG, no significa que toda cuestión regulada en la legislación electoral pueda ser conocida por ella.