La juez Alaya indaga la cantidad "exacta" cobrada por UGT y CC.OO de los fondos de la Junta

• De los fondos para las ayudas sociolaborales investigadas
• Se han detectado "numerosos pagos" de las mediadoras a los sindicatos

La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares quiere saber la cantidad "exacta" cobrada por los sindicatos UGT y CC.OO y distintas federaciones vinculadas a ellos en relación a los fondos librados por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales que están siendo investigadas.

En un auto, la magistrada Mercedes Alaya argumenta que "se han detectado numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de empresas vinculadas a ellos", como son Atlantis Asesores, para CC.OO; y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.

Por ello, "se hace necesario profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas".

El objetivo "es intentar determinar la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales cobraron" ya que "el montante de las sobrecomisiones que las organizaciones sindicales han recibido de las mediadoras no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos".

Investiga las cuentas de ocho federaciones

La juez de los ERE ha pedido información sobre las cuentas con las que operan ocho federaciones de UGT y CCOO y sobre los productos bancarios contratados por familiares de Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y del "conseguidor" Juan Lanzas.

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, ha tomado esta decisión tras un atestado de la Guardia Civil, según el cual, de lo investigado hasta ahora se deduce que los intermediarios en los ERE cobraron a la Junta sobrecomisiones que ascendieron a 18.065.630 euros, lo que equivale al 13,6 por ciento de las pólizas investigadas, pese a que la media del mercado era de 4,6 por ciento.

En cuanto a Antonio Rivas, recoge entre otras irregularidades, que la compañera de uno de sus hijos estuvo contratada por las empresas Al Andalus Mass media Channel y Consulting Social Siemur, propiedad del "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas.