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Admitida a trámite una querella por presunta prevaricación contra la 'Comisión Sinde-Wert'

  • El objeto es una resolución de la Comisión de Propiedad Intelectual contra una web de enlaces
  • Un juzgado determinó que el delito no estaba "suficientemente justificado"
  • El abogado experto en Propiedad Intelectual, David Bravo, ha interpuesto la querella

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El texto actualiza un decreto ley que aprobó el anterior Gobierno del PP para incorporar a la legislación española la última directiva europea
El texto actualiza un decreto ley que aprobó el anterior Gobierno del PP para incorporar a la legislación española la última directiva europea Thinkstockphotos

El juzgado de instrucción número 2 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal por un supuesto delito de prevaricación contra la conocida como la 'Comisión Sinde-Wert', el órgano que gestiona las denuncias contra páginas web que presuntamente albergan material protegido con derechos de autor.

El objeto de la querella interpuesta por el abogado experto en Propiedad Intelectual, David Bravo, es una resolución que dictó la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura (CPI) el pasado 2 de septiembre contra el responsable multiestrenos.com, una web con enlaces a archivos torrent de películas y series, entre otros. La resolución recogía una supuesta "vulneración de los derechos de propiedad intelectual" contra tres obras y consideraba que el hecho de enlazar se trata de una comunicación pública.

Ese mismo día, el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao resolvió sobreseer provisionalmente otra denuncia contra otra página de enlaces, mejortorrent.com (web en la que aparecían páginas como multiestrenos.com o tomadivx.com, entre otras), por haber cometido "actos presuntamente delictivos". El tribunal consideró, en su resolución difundida por Instituto Autor, que la perpetración del delito contra la propiedad intelectual no aparecía "suficientemente justificada" y consideraba lo contrario que la CPI, que enlazar no es comunicar públicamente.

Principales argumentos de la querella

La actual querella está dirigida contra los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual, presidida por Teresa Lizaranzu, y contra los ocho vocales titulares y suplentes que la componen, cuya identidad no se puede revelar. Se trata, recoge el texto, de una composición "secreta para los ciudadanos", puesto que no consta "en ningún boletín oficial el nombramiento de sus miembros" y difundirlos sería "una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos".

Bravo defiende que las dos resoluciones -la del juzgado de Bilbao y la de la CPI- "recibidas en el mismo día con un margen de pocas horas entre una y otra son absolutamente opuestas en todos y cada uno de sus fundamentos jurídicos".

En este sentido considera que la resolución de la Comisión de Propiedad Intelectual es "un intencionado acto de superponerse a los órganos judiciales que están instruyendo una causa y a sus resoluciones". Según manifiesta el abogado en el contexto de la querella, esta comisión "nació fundamentalmente para conseguir el cierre rápido o la retirada de contenidos en vía administrativa" de las páginas de enlaces, "pese a que las resoluciones judiciales [en resoluciones anteriores] eran, de forma muy homogénea, favorables a estas".

Bravo argumenta la querella con resoluciones emitidas y que se han sobreseído en casos anteriores contra páginas web de enlaces: "El denominador común de la argumentación de las resoluciones citadas es que un enlace es una mera cadena de caracteres alfanuméricos que indica dónde se halla un contenido pero que no lo reproduce ni comunica públicamente".

Los archivos torrent no tienen contenidos en sí, sino información -metadatos- que ayudan a localizar diferentes piezas del archivo final que proceden de diferentes alojamientos web. Se trata de una de las modalidades de P2P -una 'red de pares'-, es decir, intercambio de archivos que están en el disco duro del ordenador de cada usuario y que este decide compartir.

El auto del juzgado madrileño al que ha tenido acceso RTVE.es considera que los hechos denunciados por Bravo pueden ser "constitutivos de delito de prevaricación administrativa". Así el juez ha incoado diligencias previas y ha solicitado una copia del expediente tramitado por la Comisión de Propiedad Intelectual.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura han informado a RTVE.es de que aún no han recibido ninguna notificación y que podrán valorarla una vez la hayan estudiado.

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