Enlaces accesibilidad

El Gobierno establecerá perímetros de seguridad contra los escraches ante las casas de políticos

  • Niega que los vaya a prohibir a menos de 300 metros como norma general
  • Fernández asegura que se estudiará cada caso para establecer el perímetro
  • Interior insta a la Policía a identificar a los participantes en los escraches
  • El PSOE advierte de que la Policía no puede limitar el derecho de manifestación

Por
Perímetros de seguridad contra los escraches

Habrá perímetro de seguridad para impedir los escraches, pero este no será necesariamente de 300 metros como se había dicho en un principio. Se decidirá en cada caso a qué distancia estará prohibido este tipo de protestas frente a los domicilios de los políticos.

El Ministerio del Interior ha mandado una instrucción a las delegaciones del Gobierno, a la que ha tenido acceso Efe, en la que se insta a "adoptar las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio".

La circular insta a los policías a identificar a los concentrados y poner las sanciones que marque la ley cuando los escraches no comunicados se desarrollen de forma pacífica. Si hay amenazas, coacciones o actos delictivos, los agentes deberán identificar a los concentrados y en su caso detenerlos.

La noticia saltaba esta mañana cuando el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anunciaba que el Ministerio del Interior iba a dar instrucciones "claras" a la Policía Nacional para que se prohibieran los escraches a menos de 300 metros como norma general. Martínez explicaba que se estaba trabajando con "el mismo criterio" que ha adoptado la Ertzaintza recientemente y que fija este límite especial.

Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, matizaba después que no se ha dado una instrucción general a las Fuerzas de Seguridad para establecer esta distancia y que solo se ha indicado la necesidad de fijar perímetros de seguridad, cuya longitud dependerá de cada caso, informa Europa Press.

Según ha explicado en los pasillos del Congreso de los Diputados, "se trata de una instrucción para que los responsables operativos sepan actuar con la proporcionalidad y flexibilidad necesaria" para garantizar los derechos fundamentales de manifestación y reunión, que exige una convocatoria previa, y el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio".

"De 300 metros, de 30 o lo que sea"

Fernández Díaz asegura que es "absurdo" poner la distancia en 300 metros como carácter general porque depende de la calle y el entorno en el que se encuentre el domicilio del político contra el que se dirija la protesta.

En función de estas circunstancias el perímetro puede ser "de 300 metros, de 30 o lo que sea", ha añadido el ministro del Interior que ha insistido en que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación exige una comunicación previa a la autoridad.

El ministro del Interior ha insistido en que "ninguno de esos acosos" han sido comunicados por lo que "esos llamados escraches, que son acosos, coacciones e intimidaciones, se están violando de manera flagrante la ley de derecho de reunión y manifestación".

"Distancia prudencial" para proteger los domicilios

Interior ya ha dado orden para que la policía asegure la "inviolabilidad" de los domicilios de los cargos públicos objeto de escraches y establecer una "distancia prudencial" entre la protesta y la vivienda del afectado.

Según la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad a las delegaciones de Gobierno, a la que ha tenido acceso Efe, si los escraches no comunicados se realizan ante los domicilios particulares de los cargos públicos "se adoptarán las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio".

Con esta circular, Interior quiere también garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble.

Asimismo, pretende preservar la libertad de circulación de los ciudadanos, "actuando de acuerdo al principio con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones".

La instrucción insta a los policías a que cuando los escraches actúen pacíficamente en concentraciones no comunicadas apliquen la Ley de Seguridad Ciudadana "identificando a los concentrados y proponiendo las sanciones que legalmente correspondan" en los términos de la Ley del derecho de reunión.

Y si los concentrados actúan de forma violenta o profieren amenazas, coacciones u otros actos delictivos, los agentes deberán identificarles y, en su caso detenerles, "dando traslado a la autoridad judicial competente".

El PSOE dice que es ilegal limitar el derecho  de manifestación

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez,  ha avisado a Interior de que el derecho de  manifestación no se puede limitar mediante una instrucción policial,  fijando un perímetro de seguridad en torno a la vivienda de un  político, como aconseja el departamento de Fernández Díaz ante  lo 'escraches'.

En los pasillos del Congreso, la dirigente del PSOE fue preguntada  por la pretensión del Ministerio del Interior de fijar un perímetro  de seguridad en torno a las viviendas particulares de políticas, para evitar las protestas que se  vienen realizando ante las casas de diputados del PP.

Son derechos fundamentales

Según Soraya Rodríguez, "ni el Ministerio del Interior, ni el  secretario de Estado de Seguridad puede dictar una orden de esta  naturaleza" porque los derechos de reunión, de manifestación y de  libre circulación son "derechos fundamentales" protegidos por la  Constitución que solo pueden ser limitados por un desarrollo  legislativo o por una decisión judicial. "La orden es ilegal", ha  proclamado".

La portavoz de PSOE ha expresado su "sorpresa" e "indignación" por las intenciones de Interior y ha insistido en que el Ministerio "no  puede dictar una orden de estas características con carácter  general". "Si hay un a colisión de derechos fundamentales,  será el  juez quien podrá limitar un derecho fundamental", ha remarcado.

El SUP asegura que debe ser decisión judicial

En la misma línea se ha pronunciado el Sindicato  Unificado de Policía (SUP), quien ha asegurado que solo un juez puede fijar  "zonas de alejamiento" respecto a la vivienda de políticos para evitar  que los domicilios sean objeto de escraches.

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, negó  que se vaya a establecer una distancia concreta, sino que se estudiará  cada caso con el criterio general de impedir las concentraciones frente a  las viviendas de diputados.

El ministro hizo esta aclaración después de  que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, dijese  que se actuaría como la Ertzaintza, que estableció el perímetro de 300  metros este lunes para evitar el escrache a un diputado del PP.

A este respecto, el SUP sostuvo que esta sucesión de manifestaciones  desde el Gobierno demuestra que el Ministerio del Interior "navega sin  rumbo".

Este sindicato, tras expresar su oposición a los  escraches frente a las viviendas, ha afirmado que "solo la autoridad judicial  es competente para establecer zonas de alejamiento o impedir la libre  circulación de personas por las vías de un país democrático, y España lo  es".

CiU enmarca que depende de las políticas policiales

Asimismo, el diputado de CiU Pere Macías ha enmarcado en el ámbito de las políticas policiales la decisión de prohibir los escraches, antes del desmentido de Interior de que fueses a menos de 300 metros de los domicilios de los políticos, ya que considera que es la Policía Nacional la que debe decidir las medidas para prevenir incidentes.

Macías, preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso, se ha limitado a señalar que considera que se trata de una "cuestión policial", que se adoptaría con el precedente de las medidas aprobadas por la Ertzaintza en este mismo sentido.

Los expertos policiales sabrán lo que es más conveniente

"Creo que es una medida policial. Los expertos policiales sabrán lo que es más conveniente en este caso en el marco de las políticas policiales de prevención de incidentes y protección a las personas", ha añadido.