Enlaces accesibilidad

El Gobierno y el PSOE acuerdan un mecanismo de arbitraje para afectados por las preferentes

  • Una comisión fijará el perfil de los inversores que podrán reclamar el 100% de su dinero
  • El nuevo organismo estará presidido por la responsable de la CNMV 
  • Deberá presentar informes mensuales sobre la evolución de los arbitrajes

Por
Los afectados por las preferentes podrían recuperar toda su inversión

El Ministerio de Economía y el PSOE han alcanzado un acuerdo para dar salida a miles de afectados por las preferentes vendidas por los bancos ahora nacionalizados. El pacto incluye la creación de una comisión de seguimiento que decida el perfil de cliente que puede recurrir al arbitraje para recuperar el valor nominal de toda su inversión, según han informado este martes fuentes parlamentarias.

Según han informado esas fuentes, este arbitraje está pensado especialmente para los afectados por las participaciones preferentes vendidas por las cajas integradas en Bankia, porque en CatalunyaBanc y Novagalicia ya se ha recurrido a esta medida.

Sin embargo, han explicado que "eventualmente" podría aplicarse un procedimiento similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, "si se identificasen problemas de comercialización" como los que hubo en aquellas entidades.

Hasta ahora, devoluciones íntegras solo por sentencia judicial

Como han demostrado numerosas sentencias judiciales, muchos de los compradores de esos derivados complejos no fueron informados sobre el riesgo elevado de esa inversión o eran clientes de las entidades bancarias que no respondían al perfil de un inversor en ese tipo de producto. Cuando se han demostrado esas irregularidades, los bancos y cajas implicados han sido condenados por los tribunales a devolver la totalidad de la inversión.

Aparte de las irregularidades en su comercialización, los compradores de preferentes se han visto afectados por el proceso de reestructuración en las cajas y bancos que las vendieron. El Memorando de Entendimiento del rescate de la banca con problemas ha impuesto que una parte importante del dinero invertido en preferentes -una media del 40%- se utilice para sanear las entidades, por lo que se perderá. Además, el resto de la inversión se transformará en acciones de las entidades, con pocas probabilidades de convertirlas en efectivo.

Según ha explicado el portavoz del PSOE, Valeriano Gómez, el sistema de arbitraje acordado no choca con lo establecido en el Memorando que regula el rescate bancario destinado a muchas entidades que comercializaron esas preferentes, porque se trata de resolver procesos de comercialización "engañosos".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, ha destacado que este nuevo mecanismo ofrece "un cauce" de solución para todos los casos en los que se ha producido una comercialización "inadecuada e, incluso, engañosa". Alonso ha asegurado que el nuevo procedimiento del arbitraje cuenta con "la garantía de haberse puesto en práctica en varias autonomías" y "con la supervisión de la CNMV".

Los procedimientos de arbitraje puestos en marcha hasta ahora -aplicados a Novagalicia Banco y Catalunya Banc- han consistido en pactar las conversiones de las preferentes en acciones, algo que no convence a los afectados porque lo que quieren es recuperar sus ahorros íntegros y en mano. La devolución efectiva de las inversiones solo se ha conseguido, por el momento, a través de las sentencias judiciales que han condenado a las entidades.

Las ofertas de canjes

La CNMV ha recibido numerosas reclamaciones motivadas por las emisiones de participaciones preferentes y ha abierto expediente a varias entidades.

Ese organismo regulador ha expresado su voluntad de que las preferentes se canjeen por productos "más sencillos y líquidos" como los depósitos a un valor nominal del 100%.

Así, la mayoría de los 700.000 tenedores de preferentes que había en España en mayo de 2011 se han acogido a los canjes que les han ofrecido sus entidades financieras, pero en las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es más complicado, ya que tienen que someterse a las restricciones que impone el Memorando de Entendimiento y las normas comunitarias de ayudas públicas.

Varias entidades financieras han realizado ofertas de canje de preferentes a sus clientes, por ejemplo, Liberbank y Caja España-Duero ofrecieron a los titulares de preferentes cambiar sus títulos por depósitos a plazo fijo. El Banco Sabadell -que adquirió la CAM- ofreció canjear las preferentes vendidas por esa caja de ahorros valenciana a cambio de que el inversor comprara acciones del banco catalán.

Informes mensuales

Gobierno y PSOE han consensuado también que la presidenta de  la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez,  y el Banco de España ostenten respectivamente la presidencia y  vicepresidencia de esa comisión de seguimiento.

La comisión tendrá competencias en la comercialización de  instrumentos  híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los  procedimientos  de arbitraje y en el control de los recursos públicos.

El seguimiento se centrará en la realización de un informe mensual  estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las  características de los afectados por los mismos.

Según el texto del acuerdo, los objetivos de la comisión serán  seguir los procesos de arbitraje mediante la fijación y supervisión  de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor  que se utilizarán para filtrar las solicitudes de devolución de la inversión.

La comisión -que integrará también a la Secretaría General de Sanidad  y Consumo, al Instituto Nacional de Consumo y la Secretaría del Tesoro y Política  Financiera- elaborará un informe de estado de situación al mes de  constituirse, que se deberá elevar al Parlamento.  La composición de la comisión se completaría con representantes de las consejerías   autonómicas con competencias en consumo que han participado en los   arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

También se perseguirá elevar propuestas al Gobierno tendentes a  mejorar la transparencia de la comercialización de los productos  financieros y protección de los pequeños ahorradores.