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200 jueces firman un manifiesto contra el indulto de los mossos condenados por torturas

       
  • Denuncian un creciente número de indultos a cargos públicos y policías
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  • Aseguran que el Gobierno hace un uso "grosero y desviado" del indulto
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  • Gallardón recuerda que es una facultad del Poder Ejecutivo y no del Judicial

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Doscientos jueces firman un manifiesto donde critican que se indultara por segunda vez a cuatro Mossos condenados por torturas

Cerca de 200 jueces han firmado un manifiesto criticando el uso  "grosero y desviado" de la institución del indulto por el Gobierno  tras la concesión de la medida de gracia a cuatro agentes de los  Mossos d'Esquadra.

Fueron condenados en 2009 por torturas conmutándoles  los dos años de prisión por 7.200 euros de multa pese a que la  Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del  10 de diciembre.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha recordado este jueves a los jueces que el indulto "no es una facultad del Poder Judicial, sino que es una facultad del Poder Ejecutivo" porque así lo establece la Constitución.

Gallardón ha subrayado que desde 1870 en España la facultad de otorgar esta medida de gracia es algo que corresponde al Poder Ejecutivo y que así lo establece la Constitución y se "ha venido haciendo desde hace más de un siglo".

"Es sin duda una de las tradiciones más señeras de nuestro derecho y le otorga al Gobierno de España la facultad de poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en aquellos supuestos en los que está justificado", ha explicado el titular de Justicia.

El Sindicato de Policía de Cataluña (SPC), uno de los más numerosos entre los Mossos d'Esquadra, ha destacado que un testimonio pagado fue el que propició que cuatro agentes de este cuerpo fueran condenados por delitos de tortura, maltrato, lesiones y detención ilegal.  

Jueces del Tribunal Supremo entre los firmantes

El comunicado de los jueces está suscrito, entre  otros, por los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés y  Joaquín Giménez, por el del juez del "caso Palau" Josep María Pijuán  y por la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  Margarita Robles.

Coinciden en que la actuación del Ejecutivo en el caso de los  Mossos "supone un menosprecio a los miles de agentes Policía (...)  cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que  defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Dicen también que lo acordado en el último Consejo de Ministros  supone un "ejercicio abusivo" de la facultad del indulto y  "una  afrenta al Poder Judicial", además de "una actuación contra la  dignidad humana" al incumplir la obligación que incumbe al Estado de  perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado  por agentes a su servicio.

Funciones de la Policía

A juicio de los firmantes, proteger los derechos de la ciudadanía  "es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado  Democrático" y  que reducir penas como aquellas a las que fueron  condenados los agenes autonómicos  "parece incentivar comportamientos  que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial".

Los jueces recuerdan que el indulto implica afirmar la falta de  necesidad de la ejecución de la pena y que sólo se justifica "cuando  el cumplimiento de aquella no desempeñe finalidad preventiva,  resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte  desproporcionada".

Por ello, insisten en que "no existe motivo razonable alguno para  un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido" en el caso del  acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

"Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la  dignidad humana -añaden- Conceder un indulto en estas circunstancias  supone realizar un uso grosero y desviado de la institución".

En el mismo sentido se ha manifestado la asociación Jueces para la  Democracia (JpD), que en un comunicado remitido igualmente este  jueves señala que "todavía resulta más censurable que el indulto se  aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del  propio Estado, cuando se dedica a través de sus agentes a infligir un  trato degradante, como en el caso de las torturas".

Añade la asociación que al aprobar este tipo de medidas, que  reiteran otras anteriores, "el Gobierno renuncia a la persecución  penal efectiva de actos gravemente lesivos de la dignidad humana.

Finalmente, JpD  quiere poner de manifiesto que el número  creciente de indultos afecta cada vez más a cargos públicos y a  policías, "con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en  un instrumento para que el poder se exculpe a si mismo".

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