La Audiencia Nacional investigará el genocidio de disidentes del Frente Polisario

• El juez Ruz admite a trámite una querella de una asociación saharaui
• Los hechos se habrían producido en los campos de Tinduf desde 1979
• Consulta aquí el auto de la Audiencia Nacional en PDF

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investigará a 29  oficiales del Ejército de Argelia y dirigentes y miembros de  seguridad del Frente Polisario por el genocidio y la desaparición de  ciudadanos saharauis y  disidentes de esta organización que se habría  producido en los campos de refugiados de Tinduf desde 1979.

Así consta en un auto [consúltalo aquí] en el  que Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, admite a trámite una querella presentada por la Asociación  Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos-Asadeh y tres  víctimas de estos hechos, que indiciariamente podrían ser  constitutivos, según el instructor, de los delitos de genocidio en  concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo,  torturas y desapariciones.

Ruz, que ha admitido a trámite la querella con el aval de  la Fiscalía, rechaza la pretensión de los querellantes de declarar al  Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática como  responsables civiles subsidiarios de los hechos investigados al  entender que la acción penal no se dirige contra estos dos  organismos.

Entre los 29 querellados se encuentran el ministro de Comunicación  del Frente Polisario, Sidahmed Battal; el exministro de Defensa y  actual representante en España, Jandoud Mohamed; el fiscal de esta  organización, Sidi Wagag; y miembros de la seguridad militar en los  campos de Tinduf (Argelia) y en la prisión de Rachid.

Análisis forense

La acción penal también se dirige contra el general Omari, actual  embajador de Argelia en Marruecos; Nabil Kadour, oficial de la  Seguridad Argelina agregado militar en la Embajada de Mauritania; el ex director general de la seguridad militar del Polisario y  responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad, o  Nadim Benaser, oficial del Ejército argelino en la Región de Tindouf.

“El Frente habría llevado a cabo "una campaña para elminar a las élites saharauis de origen español"“

El juez requiere a la asociación querellante que facilite los  datos de filiación y domicilio de todos los querellados para notificarles la  apertura del procedimiento penal, así como los correspondientes a las  tres víctimas. Añade que una vez se traslade la querella a los presuntos responsables  de los delitos de lesa humanidad, se procederá a fijar día y hora para  las declaraciones y a realizar una inspección médica de las víctimas  para evaluar sus secuelas. Ruz no admite, en cambio, que se  declare al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática  responsables civiles subsidiarios de los delitos que se indagan.

Según consta en la querella, el Frente Polisario habría llevado a  cabo "una campaña para eliminar a las élites saharauis de origen  español con la intención de romper los vínculos entre las distintas  tribus y sus autoridades naturales, al objeto de obtener un dominio  más directo y efectivo sobre toda la población saharaui refugiada en  sus campamentos".

"La dirección del Frente Polisario ha sido desde hace años objeto de  numerosas acusaciones de torturas sobre las poblaciones saharauis",  añade la querella, en la que expone las vivencias personales de las tres  supuestas víctimas. Entre ellas se cuenta una mujer cuyo padre,  según narra el escrito, fue encarcelado ilegalmente y torturado durante  años. Al poco de ser liberado, en 1986, el hombre murió a causa de las  "gravísimas secuelas que arrastraba por las torturas sufridas y los años  de encarcelamiento en condiciones inhumanas". Narra también el  encarcelamiento durante seis años, de 1979 a 1985, de uno de los  querellantes cuyo delito fue "tener diferencias de opinión con la  dirección del Polisario". La tercera víctima es otro hombre que  fue encarcelado de 1974 a 1980 acusado de pertenecer a los servicios  secretos españoles y que denuncia métodos de tortura "inhumanos y  salvajes".