Mas convocará, si gana, una cumbre de partidos catalanes para exigir el concierto al Estado

• Se lo exigirá a quien gane las generales de 2012 a cambio del apoyo de CiU
• CiU quiere en Cataluña un régimen fiscal como el del País Vasco y Navarra

Las palabras del dirigente de Esquerra se han convertido hoy en uno de los temas de la campaña electoral

El candidato de CiU en las elecciones, Artur Mas, ha avanzado este lunes que, si es presidente de la Generalitat, una de sus primeras decisiones será convocar una cumbre de partidos catalanes para pactar la estrategia a seguir para exigir a Madrid, tras las generales de 2012, el concierto económico.

CiU tiene previsto plantear el concierto para Cataluña, como ya tienen País Vasco y Navarra, como condición para apoyar la gobernabilidad tras la cita electoral qué decidirá quién ocupa La Moncloa.

Mas ha oficializado este lunes públicamente cuáles serán los primeros compromisos que piensa cumplir si llega al Govern y que se dividen en cinco grandes ámbitos: reducir sustancialmente el paro, combatir el fracaso escolar, recortar la burocracia en la administración, reforzar las políticas de atención a las personas y defensa del autogobierno y de un pacto fiscal con el Estado.

Precisamente en relación con este último punto, Mas ha prometido citar lo más pronto posible al resto de líderes parlamentarios de Cataluña, para intentar diseñar conjuntamente una "estrategia de negociación" con el Estado, para conseguir un sistema de financiación similar al vasco o el navarro.

En esta cumbre, Mas pretendería reunir el máximo número de apoyos posibles a su propuesta, para ir a negociar ante el Gobierno español haciendo "piña" desde Cataluña, con una mayor "fuerza colectiva" que si acudiese únicamente el Govern sin ningún otro sustento externo, e incluso intentaría extender el consenso al conjunto de la sociedad.

Mas pide a PSC y PP una "actitud positiva"

Por ello, ha pedido a PSC y PP de Cataluña que adopten una "actitud positiva" en relación al concierto económico, de la misma forma que socialistas y populares vascos y navarros lo defienden para sus respectivas comunidades.

Otro de sus compromisos electorales es revisar los traspasos "mal negociados" por parte del tripartito con el Gobierno español, como el de Cercanías y trenes regionales, así como exigir los "más de 2.000 millones de euros" que a su juicio le deben a Cataluña en virtud de la inversión estatal prevista en el Estatut.

Además, insistirá en los traspasos de los aeropuertos de Girona, Reus y El Prat y recurrirá aquellas normativas del Estado que el Consejo de Garantías Estatutarias diga que vulneran el Estatut.

Plan de CiU para reducir el paro

En el campo económico, una de sus primeras acciones será convocar una cumbre de agentes económicos y sociales para consensuar un "plan de reactivación económica para reducir el paro", que pase por una moderación fiscal, mayor circulación de dinero, formación para el empleo, internacionalización, infraestructuras e innovación.

En educación, Mas también piensa convocar una cumbre con la comunidad educativa, para consensuar un "plan para reducir el fracaso escolar", además de revisar los criterios de matriculación para facilitar el derecho de padres y madres a escoger escuela.

En cuanto a la reducción de la burocracia en la Generalitat, ha recordado su promesa de recortar entre un 20% y un 25% la estructura política de la administración -consellerías, direcciones generales, organismos y entidades públicas, personal de confianza- y encargará una auditoría sobre el estado de las finanzas catalanas.

"Plan de rescate" financiero para afrontar la deuda

Una vez disponga de los datos de esta auditoría, ordenará diseñar un "plan de rescate" financiero para afrontar los "40.000 millones de euros de deuda" que acumula la Generalitat, que entre otras cosas obligaría al Govern a ir a las plazas financieras internacionales a intentar convencer a los inversores de la fiabilidad de Cataluña.

En cuanto a políticas de cohesión social, se ha reafirmado en su compromiso de eliminar el límite de los 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, aunque mantendrá un esquema de velocidad variable adaptado al "sentido común", y también suprimirá el "código ético" para los Mossos d'Esquadra, promovido por Joan Saura, porque proyecta una "sombra de sospecha" sobre los policías.