Las directrices de la reforma laboral del Gobierno: contrato de 33 días y copago del despido

Fomento de la contratación indefinida

Es la principal medida del Gobierno, con el fin de reducir la dualidad entre trabajadores fijos y temporales: universalizar el contrato de fomento de la contratación indefinida, ahora reservado a determinadas categorías, con los requisitos de que se apliquen a personas que hayan estado desempleadas tres meses (en lugar de los seis actuales).

Se impulsará la conversión de contratos temporales al contrato de fomento de la contratación indefinida y en diciembre de 2012 se revisará la aplicación de la medida, para dedicidir si se mantiene.

Despido: más barato y copago

La generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida supondrá un abaratamiento del despido de los 45 días por año trabajado del contrato ordinario a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente. Se mantienen los 20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades para los despidos objetivos y los ERE colectivos, aunque se redefinirán las causas de despido objetivo para hacerlo más flexible: en esencia, se pretende admitir causas económicas ("cuando los resultados de explotación de la empresa arrojen pérdidas económica, no meramente coyunturales"), técnicas, organizativas o de producción.

Otra novedad es que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se hará cargo de ocho días de la indemnización en caso de despidos individuales objetivos y de despidos colectivos, siempre que se trate de contratos indefinidos. Para costearlo, se pretende incrementar las aportaciones de las empresas al Fogasa, un incremento que "se verá compensado por una disminución en otros conceptos de cotización empresarial".

Temporalidad

A cambio de flexibilizar el despido, se intenta limitar la temporalidad, de forma que el contrato por obra o servicio tendrá un límite temporal máximo de dos años, ampliable a tres. La indemnización por fin de contrato pasaría de ocho a 12 días por año trabajado, un aumento que será progresivo para su implantación definitiva en 2014.

La primera propuesta recogía, además, la prohibición de utilizar el contrato eventual en actividades estacionales, que deberán recurrir a los contratos fijos discontinuos. En la contratación parcial, se pretende eliminar las horas complementarias, permitiendo realizar horas extraordinarias prorrateando el máximo legal a la duración de la jornada.

Flexibilidad interna de las empresas

La propuesta final del Gobierno establece los requisitos que facilitarían que aquellas empresas con problemas económicos pudieran modificar las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Si son condiciones que disfruta toda la plantilla y que ha decidido de forma unilateral del empresario, éste sólo debería comunicarlas a sus empleados, que tendrían un período de consultas de 10 días para tratar de llegar a un acuerdo con su patrón. Si no se alcanzase, el empresario comunicaría su decisión sobre la modificación y los trabajadores podrían recurrirla en un conflicto colectivo o de forma individual.

Si, por el contrario, las condiciones laborales que se quieren variar están fijadas en un convenio colectivo, el empresario sólo la podría llevar a cabo si, debido a una crisis económica, se produjera una disminución de actividad en el sector al que pertenece la empresa o si se registrase una caída de demanda de los productos o servicios de la misma. El empresario también podría modificarlas si con ello evita que la situación económica de su compañía afecte a su viabilidad futura o al empleo.

El proceso de modificación se haría como máximo en 20 días: 10 de ellos se emplearían para consultas y negociación entre patrón y empleados, y los otros 10 días serían la duración de un proceso arbitral que podría solicitar cualquiera de las partes.

Empleo juvenil

Aunque no aparece en el segundo documento de propuestas, uno de los principales retos de la reforma será impulsar el empleo de los jóvenes. Para ello, se amplia la edad máxima para suscribir contratos de formación de los 21 años actuales a los 24 años -algo que para los sindicatos precariza aún más al colectivo-.

También se pretende establecer, cofinanciado al 50% con las Comunidades Autónomas, un programa extraordinario de formación, destinado a jóvenes de hasta 24 años.

Este viernes, el Gobierno trasladará a sindicatos y patronal su propuesta definitiva, que deberá acordar con los grupos políticos entre el lunes y el martes para aprobarla en el Consejo de Ministros extraordinario del miércoles 16.