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Los profesores apoyan tener autoridad pública pero el resto del sector cree que es "insuficiente"

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La comunidad educativa de acuerdo en la necesidad de proteger al profesorado.
La nueva ley que trataría como "agentes públicos" a los profesores madrileños no ha tardado en provocar reacciones en el sector educativo. Los docentes lo tienen claro: la medida es necesaria, mientras el resto del sector educativo cree que es "insuficiente" para erradicar la violencia en las aulas.

Con la Ley de Autoridad del Profesor, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere combatir la indisciplina en las aulas y propone además que las agresiones a los docentes de primaria y secundaria puedan ser sancionadas con penas de entre 2 y 4 años de prisión.

El Sindicato Independiente de profesores ANPE está "totalmente de acuerdo" con la medida y pide que se extienda al resto de comunidades; se trata de una reivindicación que planteaban desde 2004, según ha explicado a RTVE.es Rosalía Aller, secretaria de comunicación de ANPE Madrid.

De igual forma se ha mostrado Eliseo Moreno, director del sindicato de profesores CSI-CSIF, quien ha asegurado que dar más autoridad al profesor es "una necesidad y puede ayudar muchísimo" a mejorar la labor del docente en España.

A pesar de las discrepancias y las distintas opiniones, lo cierto es que en los últimos años han aumentado los insultos y los desprecios de los alumnos a los profesores.

Una medida Insuficiente

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ve con reticencias otorgar autoridad pública a los docentes sin la aprobación del sector educativo y cree que es "complicada" desde el punto de vista administrativo.

Aunque los sindicatos CC.OO. y UGT apoyan este reconocimiento al profesor creen que es "insuficiente" e "inútil" para resolver el conjunto de problemas educativos de la Comunidad.

Asimismo, la Confederación Española de asociaciones de madres y padre de alumnos (CEAPA) cree que se trata de una "vuelta al pasado" y que "la autoridad no se puede dar por decreto", sino que ha de ganarse día a día en las aulas.

En esta línea se ha mostrado CC.OO., que considera "pelígrosísimo" que se crea que por dar más autoridad legal al profesor se solucione el problema de la disciplina en las aulas.

Desde la asociación de padres CEAPA, muy crítica con la normativa, piden "medidas más concretas" y más urgentes, como la "falta de formación de los profesores" o  la conciliación de la vida laboral y profesional de los padres; denuncian que la mayoría no puede acudir a las tutorias.

La violencia que no es noticia

Eliseo Moreno, director del sindicato de profesores CSI-CSIF, se ha mostrado especialmente preocupado por la llamada "violencia de baja intensidad": insultos, desprecios y mofas al profesorado que no se publican en los medios, pero que son uno de los principales problemas de la enseñanza en nuestros días.

En torno al 60% de los profesores son víctimas de este tipo de violencia psicológica, un 50% están desmotivados, y aproximadamente un 25% de los motivos de baja son psíquicos. Estas son algunas de las escasas cifras de las que dispone CSI-CSIF, pero suficientes para mostrar la "difícil" situación del profesorado de nuestro país.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar, ha apoyado la Ley de Autoridad del Profesor en una entrevista a Radio Nacional. Aunque Fígar reconoce que no se trata de una "varita mágica" se ha mostrado convencida de que "va a ayudar mucho" a reducir la violencia en las aulas.

En este sentido ha recordado que los profesores tienen que emplear hasta el 30% del tiempo de clase para mandar callar a los alumnos. La consejera defiende que la normativa sea sólo para los funcionarios públicos para así respetar la autonomía de los centros privados.

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