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El juez se ve obligado a dejar en libertad a los piratas al retirar el fiscal la acusación

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha visto obligado a dejar en libertad a los siete piratas  somalíes detenidos el miércoles por un buque español. Al retirar la Fiscalía la acusación contra ellos y solicitar su entrega a Kenia, el magistrado se ha visto obligado a anular su prisión provisional.

El Ministerio Público (la Fiscalía) considera que debe ser el país africano el que ejerza la jurisdicción  sobre ellos y no la Audiencia Nacional, según dicta un convenio firmado entre la UE y Kenia.  El magistrado rechaza esta petición por que entiende que se "quebrantarían los principios constitucionales básicos del proceso y  las garantías a las que se ven sujetos".

Por ello, Andreu ha decidido continuar con el procedimiento judicial al considerar que tiene la "ineludible obligación" de continuar las investigaciones porque el Estado Mayor de la Defensa denunció "unos hechos que serían constitutivos de delito y sobre los que la jurisdicción española tiene plena e indiscutida competencia".

Si bien, el magistrado advierte de que con la resolución que "se ve obligado a adoptar", no podrá "terminar con el enjuiciamiento de los inculpados".

Esta decisión  también afecta a otros siete piratas detenidos el jueves. Todos ellos quedarán en libertad a pesar de haber sido acusados de los delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas.

Por un convenio 'desconocido'

En un principio la Fiscalía aceptó la competencia de la Audiencia Nacional basándose en el principio de jurisdicción universal para el delito de piratería, al tratarse de un ilícito "perseguible en todos los países". Así lo dictaba el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regula el Convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas. 

Pero al parecer, hay otro acuerdo,  del que podría no haberse tenido constancia en un primer momento, que dicta otro procedimiento.

La Fiscalía ha justificado su cambio de postura haciendo alusión al  "Canje de Notas entre la UE y Kenia sobre las condiciones y  modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido  actos de piratería". Según este convenio, firmado el pasado marzo,  "procede entregar a las personas detenidas a las autoridades  competentes de Kenia, a fin de continuar el procedimiento judicial".   

El escrito de la Fiscalía pedía el jueves que "las personas detenidas sean entregadas a Kenia y se interesa que se deje sin efecto la prisión provisional acordada, al objeto de permitir la entrega de los detenidos por parte de las fuerzas integradas en Eunavfor --fuerza naval de la Unión Europea-- a las autoridades de Kenia, con el archivo de las presentas diligencias".

Pero para el magistrado Andreu esta decisión "no afecta ni puede afectar" a personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española".

"Por imperativo legal y en absoluta disconformidad" con el cambio de postura de la Fiscalía; así explica Andreu en un auto la decisión de poner a los siete piratas "en libertad inmediatamente".