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Múgica arremete contra fiscal de Madrid por negar el informe sobre los centros de menores

  • Critica la "insólita" la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales madrileña
  • La consejera negó irregularidades en los centros de menores de la Comunidad
  • También crítica al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
  • El informe del Defensor del Pueblo se ha presentado ante el Senado
  • El texto denuncia irregularidades en la atención a los niños internados

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El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, y la Consejera regional de Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, "parecía que estaban contando Alicia en el país de las maravillas", cuando comparecieron para negar las irregularidades en los centros de menores de la Comunidad que había denunciado un informe de la institución.

"Me ha parecido insólita la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, responsable en última instancia del contenido de estos informes, y del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de JusticiaMás parecía que estaban contando Alicia en el país de las maravillas, declaró Múgica.

En declaraciones a los medios previas a su intervención ante la Comisión Mixta del Senado para Relaciones con el Defensor del Pueblo, Múgica incidió en que este informe, que recoge las conclusiones de una investigación en 27 de los 58 centros para jóvenes con problemas de conducta que hay en España, "sigue en la pauta" de la Institución "de preocuparse por los menores".

"Hemos recorrido 27 centros y hemos sacado conclusiones en algunos casos esperanzadoras y en otros desalentadoras. En estas, los menores no reciben el tratamiento que debieran y que por lo tanto, cuando salen de esos centros a los 18 años, tienen que adaptarse a la vida en condiciones poco gratas", explicó Múgica, para incidir en que estos jóvenes "se encuentran desarmados ante la vida" y eso se debe "desterrar", al igual que "el método de corregir y castigar".

El informe del Defensor del Pueblo presenta ante el Senado el texto difundido a principios del mes de febrero en el que se destapa irregularidades en la atención a los niños internados, como vulneraciones de derechos y castigos "desproporcionados".