Enlaces accesibilidad

El juez Calamita asegura que ha recibido presiones para que se vaya de Murcia

  • Confía en que el Tribunal le absuelva por retardo malicioso de un expendiente
  • "Hay quien considera que un católico no puede estar en Juzgado de Familia", ha dicho
  • Asegura que ha recibido presiones y extorsión para que se marche de Murcia

Por

El juez Fernando Ferrín Calamita ha manifestado este miércoles su confianza en un fallo absolutorio en el proceso que se sigue contra su persona. Ferrín Calamita está acusado de un presunto retardo malicioso del expediente de una mujer que pretendía lograr la adopción de la hija biológica  de su compañera sentimental.

El juez, que ha insistido en los micrófonos de Onda Cero en que no ha cometido "ningún delito", ha declarado que había recibido "presiones e incluso chantaje y extorsión" para que se marche de Murcia por parte del abogado querellante, José Luis Mazón.

Defiende su inocencia

"Desde un principio siempre ha habido presiones para que me vaya de Murcia", ha asegurado. Ferrín Calamita ha añadido que hay quien considera que "un católico no puede estar en un Juzgado de la Familia".

El juez Ferrín Calamita ha defendido su inocencia ya que simplemente dictó una providencia en mayo de 2006, cuando se presentó la solicitud, pidiendo que la adoptante fuera examinada por el gabinete psicosocial. Luego "hay otra providencia de junio en la que se extiende la pericial a la madre biológica", ha asegurado.

Esta última providencia, según ha declarado, "fue decisión de las integrantes del gabinete psicosocial, que querían ver a las dos". El juez ve en esta providencia el primer delito de prevaricación dolosa, cuando se extiende el informe a la madre biológica.

Calamita ha calificado de "absurdas" las acusaciones del fiscal acerca de que el juez quería quitarle la niña a la madre. "Fue decisión de las integrantes del gabinete", ha insistido. Este gabinete finalmente no vio a las dos mujeres ya que las citaron para el 16 de agosto y el informe ya estaba emitido para el 11 de ese mes.

En vista de ese informe, Ferrín Calamita nombró a la Dirección General de Familia de la Región de Murcia decisor judicial de la menor "y ellos hacen otro informe en el que tampoco van, por así decir, al grano, a la influencia que en la menor puede tener la adopción", ha comentado.

Según Ferrín Calamita, fue en ese momento cuando les dirigió una serie de preguntas que los psicólogos de la Dirección General de Familia no quisieron contestar "por motivos ideológicos, porque eran ideas personales y entienden que eso escapa a la competencia de un psicólogo".

Por esa razón y "harto de presiones y de llamadas telefónicas", el juez Calamita decidió, siempre según su testimonio, prescindir y dar el plazo de diez días a las partes para que aleguen lo que estimen oportuno en relación al planteamiento de una cuestión de insconstitucionalidad sobre la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo".

Entonces fue cuando la adoptante compareció con otro abogado distinto, José Luis Mazón, que recusó al juez Calamita "por ser católico" y acto seguidó se querelló contra su persona. 

Retardo malicioso

La querella vino inicialmente por retardo malicioso en la tramitación del expediente, algo que el acusado ha negado, argumentando que si eso fuera un retraso malicioso "habría que protestar en un 90% de los casos por un retardo de seis meses".

No obstante, Ferrín Calamita ha reconocido que ese informe de la madre biológica "no siempre se pide", pero este caso "era novedoso". Fue una reforma posterior, de marzo de 2007, la que "permitiría a la adoptante, a la que convive con la madre biológica, acudir directamente al registro civil a inscribir a la niña como hija suya".

El fiscal ha pedido para Fernando Ferrín Calamita una pena de tres años de prisión, una multa y 18 años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa. En el momento del juicio el delito se cambió alternativamente por "prevaricación dolosa o culposa", mientras que el abogado de la acusación añadió el delito de "retardo malicioso en la administración de la Justicia".

"Prácticamente dan un abanico de posibilidades al Tribunal para que me condene", ha lamentado el juez.

Pese a ello, Ferrín Calamita ha confiado en que "al final sean justos los tres magistrados que integran la sala", aunque ha manifestado su temor a que le condenen a pena de inhabilitación, lo que conllevaría una pérdida de destino.