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Emilio Botín declara desconocer la compra del 45,3% del capital de Aguas Fuensanta

 

 

 

 

 

El presidente del Santander está imputado junto a su hermano Jaime por apropiación indebida

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Rato está implicado en el caso, ya que su familia es propietaria de la empresa

 

 

 

 

 

 

 

El fiscal les acusa de cohecho, falsedad documental y administración desleal

 

 

 

 

 

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El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, ha declarado en el juicio en su contra por apropiación indebida que desconoce la operación de compra por parte de Banesto en 1999 del 45,3% del capital de Aguas de Fuensanta, propiedad de la familia Rato, y sostuvo que su relación con Rodrigo Rato era meramente institucional.

El proceso, en el que está imputado junto a su hermano Jaime Botín, presidente de  Banesto entre 1993 y 2002 y segundo accionista de Bankinter, intenta esclarecer hasta que punto fue legal la compra de la empresa Aguas de Fuensanta. Además de los hermanos Botín, también están encausados Rodrigo Rato y su hermano Ramón, que comparecerán ante el juez el próximo 27 de mayo.

 El juez les imputa a todos ellos presuntos delitos de apropiación  indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información durante la compra de la empresa.  Rato fue imputado en la causa tras abandonar su  cargo al frente del FMI en junio de 2007 que le otorgaba inmunidad.

Botín, que declaró en el juzgado 47 de Madrid entre las 10.20 y 11.05, sostuvo ante el juez José Sierra que la responsabilidad de esa operación correspondió a su filial Banesto.

 

Su hermano, Jaime Botín, apuntó al entonces máximo directivo de Banesto, Alfredo Sáenz, como responsable de la compra de Fuensanta, que también dijo desconocer.

Los hermanos Botín y Sáenz serán los primeros en declarar entre  los 15 imputados en esta causa, donde también está imputados el ex  ministro de economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional,  Rodrigo Rato y su hermano, Ramón Rato, que comparecerán ante el juez  el próximo 27 de mayo.

El juez titular, José Sierra, pidió el pasado mes de abril la  comparecencia de todos ellos dentro de la causa penal motivada por la  querella presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y  ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, abogado y  accionista del Banco Santander y de Banesto.

Ganarse el favor de rato

Según explica la querella presentada por Panea, durante el primer  trimestre de 1999 Emilio y Jaime Botín "con el fin de ganarse el  favor de Rato", entonces ministro de Economía y Hacienda,  formalizaron la adquisición del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la  familia Rato cuando la empresa "presentaba una situación de quiebra  técnica".

El precio pagado por Banesto en 1999 "suponía valorar el 100% de la sociedad en 13,2 millones de euros, lo que no tenía  justificación alguna dada la penosa situación económica y patrimonial  de la empresa ", según la querella.

En 1998, Aguas de Fuensanta registraba deudas por valor 94,4  millones de de euros, "cantidad que superaba con creces a los fondos  propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 6,9 millones de  euros", explica la querella.

El querellante aclara que "si en 1998 el beneficio neto de la  empresa fue de 122.000 euros, una valoración de la sociedad en 13,2  millones de euros "implicaría que Banesto tardaría 108 años en  recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta".

En la querella también se alega que Ana Patricia Botín, actual  presidenta de Banesto y sucesora de Sáenz, reconoció en la junta  general de accionistas celebrada en mayo de 2002 que el precio pagado  a la familiar Rato fue para la "cancelación de riesgos crediticios de  los vendedores que de otro modo, hubieran sido difíciles de cobrar",  según las palabras textuales recogidas por el querellante.

Favores judiciales como peaje

"¿En qué consistió el verdadero motivo del altísimo peaje?",  pregunta Panea en su querella. El abogado considera que Emilio Botín  recibió una "especial benevolencia" por parte del Ministerio Público  y la Abogacía del Estado en la causa que tramitaba la Audiencia  Nacional por delitos contra la Hacienda Pública por el 'caso de las  cesiones de crédito', ya que Banesto podía cobrar dichos créditos.

"La única explicación posible -según el principio 'qui prodest'-  es que el propio Rato puso en juego su enorme influencia para que se  adoptaran las medidas" para que estos organismos pasaran de "acusar a  defender", explica el querellante.

Asimismo, Panea acusa a los administradores de Banesto y del banco  de Santander de "ocultar en la información contable" a los  accionistas sobre la compra de Aguas de Fuensanta en las sucesivas  juntas de accionistas celebradas entre 1999 y 2003, y mantiene que  dicha operación "fue contraria a los criterios de actuación seguidos  para alcanzar el saneamiento de Banesto".