La presidenta del CGPJ propone expedientar a Peinado por apuntar que la Policía podría ayudar a huir a Begoña Gómez
- El órgano de los jueces se ha reunido sin acuerdo este domingo y volverá a hacerlo el lunes tras la queja de Marlaska
- La defensa de Gómez también denuncia al CGPJ que Peinado ha vulnerado su derecho a la defensa y pide medidas
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha propuesto este domingo expedientar al juez del caso de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por una falta grave al apuntar en su auto de apertura de juicio oral y medidas cautelares que los escoltas policiales de la esposa de Pedro Sánchez podrían "facilitar" su huida. Lo ha hecho en una reunión extraordinaria de la comisión permanente y telemática del CGPJ este domingo, que ha terminado sin acuerdo. La comisión volverá a reunirse este lunes.
Según ha podido saber RTVE, Perelló ha hecho esta propuesta de expediente por falta grave y la decisión se tomará este lunes en un encuentro que comenzará a las 9.00 de forma presencial con el fin de posibilitar un debate sobre la cuestión. Los vocales conservadores del CGPJ optan, en principio, por medidas informativas y no un expediente como propone Perelló.
Peinado envió este sábado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Marlaska: "Un grave cuestionamiento a la profesionalidad de los agentes"
La reunión de este sábado ha tenido lugar después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitase la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
El ministro considera un hecho de "máxima gravedad" las afirmaciones del juez, que suponen un "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Para el Ministerio del Interior, las "sospechas injustificadas" de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".
Begoña Gómez denuncia al CGPJ que Peinado ha vulnerado su derecho a la defensa
Por su parte, Begoña Gómez ha remitido también una queja al Consejo General del Poder Judicial por no haber recibido la notificación del auto de apertura de juicio oral contra ella y de medidas cautelares "por los cauces procesales legalmente establecidos" y haberse enterado a través de los medios de comunicación. Algo que, según ha esgrimido, supone una vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, lo que es "verdaderamente alarmante".
En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, pide al CGPJ que inste a la Inspección de Tribunales "a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa".
También le solicita que adopte "las medidas oportunas si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos".
La defensa de Gómez recuerda que la adopción de medidas cautelares, que pueden implicar restricciones a la libertad, al patrimonio o a otros derechos fundamentales de la investigada, sin comunicación previa o simultánea a la defensa "resulta especialmente grave, por cuanto impide a la parte el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal".
Todo esto se trata, para Camacho, de "una grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho".
