20 años de la Operación Puerto, la trama de dopaje que cambió la historia del deporte español
- El 23 de mayo de 2006 se inició una operación que concluiría once años después y que obligó a cambiar el código penal
- La sentencia judicial final de 2017 fue absolutoria y prohibió utilizar las pruebas para sancionar a los deportistas implicados
El 23 de mayo de 2006 se inició con la detención de médicos (Eufemiano y Yolanda Fuentes junto a Merino Batres), preparadores y directores (Ignacio Labarta, Manolo Saiz y Vicente Belda) la operación más importante de lucha contra el dopaje que se haya dado en la historia del deporte español, la Operación Puerto.
Ese día D de la trama se incautó en varios apartamentos de Madrid y Zaragoza medicamentos y alrededor de 200 bolsas de sangre pertenecientes a la red de dopaje en el ciclismo orquestada por el doctor Eufemiano Fuentes. Era el movimiento ejecutorio de una investigación que había comenzado meses antes mediante vigilancia y escuchas telefónicas.
La primera investigación generó como consecuencia inmediata que el Tour de Francia prohibiera tomar la salida a ciclistas como Jan Ullrich, Ivan Basso o al equipo Liberty (denominado Astana tras la salida del patrocinador) luego de analizar el informe elaborado por la Guardia Civil. Con el paso de los meses y la ampliación de las investigaciones, se amplió el abanico de sospechosos, de ciclistas a futbolistas, atletas y tenistas.
La federación española de ciclismo asomaría la cabeza varias semanas después para abrir expedientes informativos a los corredores españoles citados en el informe, pero lo cierra poco después.
Casi un año después, en 2007, el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid al que asignaron el caso, Antonio Serrano, prohibió a las autoridades deportivas el uso de las pruebas para sancionar a los deportistas identificados.
En España por entonces no existía una ley contra el dopaje, de ahí que las posibles condenas a los implicados dependían de si atentaban o no contra la salud. En otros países, sin embargo, sí estaba más desarrollada la lucha contra el doping: Alemania identificó la sangre de Jan Ullrich en una de las bolsas e Italia sancionó a estrellas transalpinas como Ivan Basso, Michele Scarponi o Gianpaolo Caruso.
Un juicio de que duró más de una década
En enero de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Serrano reabrir el caso y hubo que esperar hasta 2013 para asistir al juicio oral. Se celebró en Madrid y por el banquillo desfilaron los Fuentes, Saiz, Belda o Labarta.
Se decretaría tras la vista que las bolsas de sangre debían ser destruidas y que no podían ser utilizadas para sancionar a deportistas. Eufemiano Fuentes fue condenado a un año de prisión y a cuatro de inhabilitación. El médico recurriría y en 2016 sería absuelto junto a Labarta — Manolo Saiz, Vicente Belda, y Yolanda Fuentes fueron liberados incluso de pagar las costas—.
Las bolsas de sangre, según esa sentencia del magistrado Alejandro Benito de 2016, debían de ser entregadas a las autoridades "para incoar expedientes sancionadores por dopaje". Sin embargo, un año después el mismo magistrado precisó, en una sentencia aclaratoria, que las bolsas solo podrán utilizarse para resolver expedientes sancionadores que estuvieran ya abiertos, no para identificar a posibles deportistas para sancionarlos después.
Los hechos en ese momento ya habían prescrito y no había expedientes abiertos desde el inicio —aquellos que abrió la Federación en 2006 tardaron poco en cerrarse—. A pesar de esto, el caso de la Operación Puerto originó sanciones más allá de la del ya retirado Ullrich o las de los italianos Basso o Caruso.
En 2009 el comité olímpico italiano identificó una muestra de una de las bolsas de sangre (la AMA disponía de esas pruebas) y afirmó que pertenecía al ciclista español Alejandro Valverde (vencedor ese año de la Vuelta a España). Al murciano le prohibieron competir en Italia y el TAS extendería en 2010 la prohibición a todo el mundo. No pudo volver a enfundarse el maillot del equipo Movistar hasta el 1 de enero de 2012.
La Operación Puerto ha sido, por tanto, el caso de persecución del dopaje deportivo más relevante que se ha vivido en España. La perspectiva de los años ha demostrado cómo significó un antes y un después, ya que su explosión evidenció graves lagunas legales porque el dopaje no era considerado un delito penal en España. Esto obligó al Estado a reformar su legislación de manera urgente. Se modificó en 2006 el Código Penal por primera vez para sancionar penalmente a quienes facilitaran o administraran sustancias y métodos prohibidos —como trasfusiones— y se conformó la actual Ley 39/2022 del Deporte, actualizada y adecuada a la normativa mundial antidopaje.
