Enlaces accesibilidad
Dopaje | Operación Puerto

La Operación Puerto queda vista para sentencia

  • Se espera que la magistrada Santamaría dicte sentencia en un mes y medio
  • La juez debe decidir si los hechos eran delito en la fecha de su comisión
  • Los procesados se enfrentan a una pena máxima de dos años y medio de prisión

Por
La Operación Puerto, vista para sentencia

La magistrada Julia Patricia Santamaría, que este martes declaró visto para sentencia el juicio de la Operación Puerto que comenzó el pasado 28 de enero, dictará sentencia dentro de aproximadamente un mes y medio, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Después de más de dos meses y con la misma expectación casi que el primer día, Eufemiano Fuentes fue el único de los cinco acusados que hizo uso de su derecho a la última palabra, ya que su hermana Yolanda, los directores deportivos Manolo Saiz y Vicente Belda y el preparador físico José Ignacio Labarta prefirieron no hablar.

"No entiendo de Derecho ni soy abogado, pero en los 35 años que llevo de ejercicio profesional jamás he perjudicado la salud de ninguno de mis pacientes ni he tenido reclamación alguna por daños producidos por mis tratamientos", dijo el doctor Fuentes en el cierre de la sesión 24 del juicio

La juez, titular del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, debe decidir si los hechos -que los acusados no discuten, pues todos admiten que se practicaban transfusiones de sangre a los deportistas con el fin de aumentar su rendimiento deportivo- eran o no constitutivos de delito en la fecha de su comisión, antes de la entrada en vigor en febrero de 2007 de la Ley Antidopaje.

La clave está en la sangre

Para ello será fundamental la consideración que se dé a la sangre. Las defensas sostienen que no puede ser tenida por un medicamento, de acuerdo con las leyes españolas; mientras que las acusaciones han solicitado a la juez que no se atenga a la literalidad del texto de la Ley del Medicamento.

La cuestión es clave porque el delito contra la salud pública previsto en el artículo 361 del Código Penal, por el que se juzga a los acusados, habla de "los que expendan o despachen medicamentos deteriorados o caducados, o que incumplan las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia (...), y con ello pongan en peligro la vida o la salud de las personas".

La pena máxima a la que se enfrentan los procesados -el médico Eufemiano Fuentes; su hermana Yolanda, también médico; los exdirectores deportivos Manolo Saiz y Vicente Belda; y el preparador físico José Ignacio Labarta- es de dos años y medio de prisión, mientras que las defensas han solicitado la absolución de todos ellos.

La juez también deberá pronunciarse sobre la petición de la mayoría de las acusaciones -la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI), la Federación Española de Ciclismo (RFEC), el Comité Olímpico Italiano (CONI) y el exciclista Jesús Manzano- de que entregue las bolsas de sangre intervenidas a las autoridades antidopaje.

El objetivo es contrastarlas con otras muestras genéticas en poder de los organismos responsables de la lucha contra el dopaje e iniciar en su caso procedimientos sancionadores contra los deportistas que sean identificados, pero la juez deberá decidir antes si ello constituye una intromisión en la intimidad de esas personas.

Por último, la magistrada Santamaría tendrá que estudiar la petición de algunas de las acusaciones -como la UCI o la AMA- de deducir testimonio contra seis ciclistas españoles que declararon como testigos en el juicio para investigarles por falsedad y la que, en el mismo sentido, ha hecho hoy mismo el abogado de Yolanda Fuentes contra el exciclista Jesús Manzano.

Los seis ciclistas señalados por la UCI y la AMA son Joseba Beloki, Isidro Nozal, Unai Osa, David Etxebarria, Ángel Vicioso y Marcos Serrano, que en sus comparecencias negaron haber conocido o participado en prácticas de dopaje.

Por su parte, el abogado de Yolanda Fuentes, Ignacio Arsuaga, ha pedido que Manzano -al que ha llamado "tramposo" y "fullero" y cuyas declaraciones en 2004 al diario As están en el origen del procedimiento- sea investigado al considerar que ha mentido "por venganza" por haber sido despedido del equipo Kelme y que su único objetivo es "conseguir dinero".