El sumario del caso Montoro detalla cómo operaba el entramado que investiga la justicia. Sugerían a las empresas contratar al despacho que fundó el exministro en 2006, junto a ex altos cargos de Hacienda. A cambio de sumas importantes, ese despacho actuaba como intermediario y conseguía leyes a medida para ahorrarse impuestos.
En el caso de las empresas de gas, dos operaciones clave tuvieron éxito: una reforma en 2014 que redujo un 85% el impuesto de electricidad. Las arcas públicas perdieron así 59 millones en plena crisis, y otra rebaja fiscal en 2018, por un cambio en el Impuesto de Actividades Económicas. Estas medidas levantaron fricciones incluso dentro del Gobierno de Mariano Rajoy.
El sumario del caso Montoro también revela que el exministro y su equipo conocían antes que el juez algunas actuaciones de Hacienda, en casos de corrupción que afectaban al PP y a otros partidos.
A través de correos ahora revelados, los investigadores demuestran que el caso Barcenas fue objeto de interés por el equipo de Cristóbal Montoro.
"Mañana se entregará este informe al juez (pág. 68)", informa el que fuera director de la agencia tributaria a los colaboradores más cercanos del exministro de Hacienda, antes incluso de que el propio documento llegara a manos del magistrado.
Su equipo también puso el foco en el caso Gürtel. Santiago Menéndez mandó un correo al que fuera jefe de gabinete del exministro para comentarle la fecha y contenido de las comparecencias que iban a realizar los funcionarios de la Agencia en esta causa.
Lo mismo ocurrió con el caso en el que se investigó el patrimonio de la familia del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. El exdirector de la agencia tributaria llegó a pedir una explicación de por qué un informe de Hacienda se publicaba en la portada de 'El Mundo' sin que nadie le hubiera dicho nada. "Es absolutamente impresentable e indecente", escribió. El control era tal, que un año después, como aparece en el sumario, hay correos en los que le prometían que iban a mandarle resúmenes de los informes de Pujol o Gürtel.
El interés de Montoro y su equipo alcanzó también a Rodrigo rato y a otros rivales políticos de Mariano Rajoy como Esperanza Aguirre. Otros famosos también suscitaron interés, como la baronesa Thyssen o Rafa Nadal. Se informaba del resultado de las inspecciones y de los acuerdos alcanzados con los protagonistas.
Por un lado, están las empresas gasistas, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Según refleja el sumario, habrían contratado a Equipo Económico para que utilizara su influencia sobre el Ministerio de Hacienda y así introducir reformas que favorecía a empresarios dispuestos a pagar por ello.
Pero esta red de influencias no solo se limitaba al sector del gas. El auto del juez también amplía la operativa a otras empresas como la polémica Madrid Network, Ferrovial y Abengoa. En el sumario se muestra como, por ejemplo, Abengoa fue cliente de Equipo Económico, llegó a pagarle casi 4 millones de euros entre 2009 y 2015.
De hecho, esta asesoría cobró al Grupo un total de 3.979.280,74 euros, entre 2009 y 2015. Y también se pueden observar los importes que Equipo Económico facturó a Ferrovial.
Aunque el gabinete también ejerció su influencia en otros sectores, como el mundo del juego. Según recoge el auto, habrían prestado servicios a la empresa de juegos de azar Codere, vinculada al exministro de Justicia, Rafael Catalá, lo que supuestamente habría desembocado en un cambio en el régimen fiscal, que beneficiaba a las empresas operadoras del juego.
¿Y cómo se distribuían las ganancias?
Según revela la investigación, el sistema ideado para distribuir los recursos generados por las presuntas operaciones ilícitas se haría de dos maneras: a través de altas nóminas para sus socios y a través de un entramado de sociedades.
Los investigadores creen que el objetivo de este entramado de empresas era ocultar el destinatario final de ese dinero y que pudieron ser utilizadas para esconder el dinero obtenido en el extranjero. Desde el sindicato de técnicos de hacienda inciden en que la labor de los lobbies tiene que estar sujeta a mucha más regulación y prohibir que políticos o expolíticos formen parte de esos gabinetes.
La Corte Suprema de Brasil ha dictado este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, han informado medios locales.
Bolsonaro, al que ya se le ha colocado la tobillera electrónica, ha asegurado que las medidas son "una suprema humillación" y ha reiterado que "jamás" conspiró contra la democracia ni pensó huir del país. Sin embargo, en una entrevista concedida a Reuters, ha confirmado que si tuviera acceso a su pasaporte se reuniría con el presidente de Estados Unidos. Asimismo, ha sostenido que espera que su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro solicite la ciudadanía estadounidense en lugar de regresar a Brasil.
El Alto Tribunal también le ha prohibido acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como con otros investigados o procesados en el caso por golpismo, incluido su hijo.
El despacho que creó Cristóbal Montoro cobró también comisiones de empresas eléctricas y renovables, según la investigación de los Mossos d'Esquadra.
En la causa quieren personarse Rodrigo Rato y Juan Carlos Monedero porque creen que el exministro utilizó a Hacienda para desprestigiarles. Por su parte, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre vuelve a acusar al exministro de filtrar sus datos fiscales en 2015.
Entre los 29 imputados figura Óscar de Amo. Participó activamente, según el juez, en los hechos investigados y hasta hoy seguía ocupando un cargo en el Ministerio de Hacienda. Acaba de ser destituido junto a Rogelio Menéndez, director Económico Financiero de Loterías.
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro asegura en un comunicado que no hay pruebas contra él, critica el auto judicial que le imputa y anuncia acciones en defensa de su honor.
Este miércoles, un juez le imputó siete delitos por la presunta creación de una trama para aprobar leyes desde su departamento, que favorecían a empresas gasistas. También están investigadas cinco compañías, que habrían pagado casi 780.000 euros a cambio de, presuntamente, reformas legislativas favorables. Lo habrían conseguido en al menos dos ocasiones.
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
El Gobierno se ha mostrado convencido de que "la verdad" sobre el caso "saldrá al final", mientras el Partido Popular enmarca esta cuestión en "la vida privada" de Ayuso y pide dejar actuar a la justicia. El jefe de Gabinete de la presidenta, además, dice que será el fiscal general el que acabe en la cárcel.
