El Juzgado Mercantil nº2 de Barcelona ha rechazado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal. Considera legítimo que no contrate a sus repartidores como asalariados, tal y como exige la Ley Rider. El juez no solo rechaza la reclamación, sino que defiende la figura del falso autónomo como la más adecuada para un sector con demanda cambiante. Analizamos esta sentencia con Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO.
Antxon Alonso y Fernando Merino, dos de los empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de mordidas a exdirigentes socialistas en el marco del caso Koldo, han declarado este lunes como investigados en el Tribunal Supremo y han negado haber participado en estas comisiones. El empresario de Servinabar ha reconocido que contrató a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, durante nueve meses por un total de 5.500 euros para sacarle del paro. Durante este tiempo, ejerció como comisionista, consiguiendo obras privadas para Servinabar.
El magistrado Leopoldo Puente les investiga por el supuesto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. El primero en comparecer ha sido Merino, exresponsable de Acciona, que ha comenzado a las 10:00 de la mañana. Al término de este ha sido el turno de Alonso, el presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.
Después de las declaraciones, el juez ha ordenado medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, les ha prohibido salir de España y les ha obligado a que comparezcan cada quince días en sede judicial. De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares.
Según fuentes presentes en su declaración, Alonso solo ha respondido a preguntas de su abogado, a quien ha explicado que ofreció a Cerdán el contrato de compraventa de participaciones de Servinabar cuando este se planteó abandonar la política. Más tarde, ambos descartaron esta operación cuando el exnúmero 3 del PSOE decidió permanecer en política. Según la Guardia Civil, esta empresa se habría hecho con obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.
