La Justicia argentina procesa por corrupción al expresidente Alberto Fernández
- Está acusado de supuestas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos
- Se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Justicia argentina ha procesado este jueves al expresidente Alberto Fernández por supuestas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato (2019-2023), en una causa que implica a unas 35 personas.
Según el diario La Nación, Fernández afronta un cargo de "negociaciones incompatibles con la función pública", con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, siendo este su primer procesamiento por corrupción tras dejar la Casa Rosada.
Acusado de favorecer los intereses económicos de un corredor de seguros
El juez federal Sebastián Casanello sostiene que el exmandatario favoreció los intereses económicos de Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros acusado como partícipe y vinculado a su "círculo íntimo", quien había sido su principal cliente entre 2010 y 2019, cuando Fernández trabajaba como abogado y lobista.
La investigación analiza la relación entre Nación Seguros y corredores privados como Martínez Sosa, cuya firma habría concentrado el 60% de las comisiones de la aseguradora entre 2020 y 2023, con ingresos totales de más de 2.250 millones de pesos (equivalentes hoy a cerca de 1,5 millones de euros, aunque entonces podrían superar los 19 millones).
Casanello considera que Fernández formaba parte del "plan de expansión de negocios" de Martínez Sosa con el Estado. En este sentido, la Justicia indaga si los intermediarios habrían cobrado comisiones superiores a las habituales.
Ordena un embargo de más de 14.600 millones en bienes
El fallo también ordena un embargo de más de 14.600 millones de pesos (unos 9,9 millones de euros) sobre los bienes del expresidente. Asimismo, procesa a otras figuras como el exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles, y a María Cantero, su exsecretaria privada, por los mismos delitos e incumplimiento de deberes de funcionaria. En total, una treintena personas irán a juicio junto al expresidente.
Por su parte, Fernández ha negado acusaciones. "No hay delito, ni sobreprecios, ni manipulación, es un intento de instalar sospechas infundadas", ha defendido su abogada, agregando que "Fernández no tenía capacidad de controlar contratos de organismos autónomos".
Imputado por un caso de violencia de género
Además de este proceso, Fernández está imputado en otra causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez, expresentadora de televisión y madre de su hijo nacido en 2022.
En abril, la justicia confirmó que será juzgado por "lesiones graves" y "amenazas coercitivas" hacia Yañez, quien lo denunció por agresiones físicas y psicológicas durante su relación, que duró cerca de una década y coincidió con su presidencia. Fernández también niega rotundamente los hechos y califica la causa como un intento de dañar su imagen personal y política.
Electo en 2019 con Cristina Kirchner como vicepresidenta, Fernández renunció a buscar la reelección en 2023, año en que Javier Milei ganó la presidencia con amplio margen, en un contexto de crisis económica e inflación récord.
