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La Comisión Europea (CE) ha anunciado este miércoles la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano.

Según el director general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Agustín Reyna, la decisión de la CE es "lamentable" y el expediente es "innecesario e inapropiado". Reyna asegura al Canal 24 Horas que la BEUC inició "una denuncia que fue a todas las autoridades nacionales sobre este tema" y "la Autoridad Polaca de Competencia y Consumo está investigando". Según el director general, debido a esto, la apertura del expediente es "extremadamente prematura".

Además, afirma que "es difícil comprender" la decisión de la CE, ya que es esperable que se pusiera del lado de los consumidores " y no de las grandes empresas", ya que Ryanair y otras compañías low cost "están violando el derecho europeo". Reyna afirma que la legislación europea ofrece "un nivel de protección elevado que no siempre se cumple por las aerolíneas" y la CE, "en vez de apoyar esa cultura de protección, está haciendo lo opuesto".

Imagen: GETTY

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria que opera en el ámbito nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler. Entre esas prácticas detectadas por Consumo están el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios adicionales.

Pablo Bustinduy, que encabeza este ministerio, ha explicado en declaraciones a los medios que quiere "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de practicas, especialmente en materia de vivienda". Señala a los fondos de inversión que se están lucrando a costa de "cercenar el derecho a la vivienda de los españoles y de las españolas" y las inmobiliarias que se están saltando las obligaciones legales e "intentan exprimir a las personas que están buscando una casa donde vivir".

Asegura que las empresas están infringiendo las leyes españolas y el modelo de democracia del país para "anteponer su modelo de negocio" sin tener en cuenta la ley que rige en nuestro país". Afirma tajante que todas estas empresas pagaran por ello y que los ministros de su formación política, Sumar, "se van a encargar de que así sea". "En este país se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras en este país", sentencia Bustinduy.

Foto: EUROPA PRESS / IÑAKI BERASALUCE.

Varias organizaciones de consumidores de la Unión Europea han denunciado ante la Comisión Europea que siete aerolíneas siguen cobrando ilegalmente el equipaje de mano.

El Ministerio de Consumo impuso sanciones por 179 millones de euros y también la imposibilidad de continuar con estas prácticas. Como ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, esa sanción ahora está recurrida y ahora un tribunal tiene que decidir si, mientras se resuelve el recurso, la sanción es efectiva o no.

Según las organizaciones de consumidores que han promovido la denuncia ante la Comisión Europea, las prácticas abusivas de EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair se basan en aplicar un sobrecoste por el equipaje de mano como por seleccionar los asientos. "Hay que ser pacientes, yo estoy convencido de que lo vamos a ganar y que dejarán de hacerlo porque son prácticas ilegales conforme a la normativa española y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", ha defendido en una entrevista en La hora de la 1.

El Ministerio de Derechos Sociales ha denunciado ante la Fiscalía las palabras del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, en las que relacionaba "la discapacidad física, intelectual o psíquica" con una "herencia del pecado" y de las que ha pedido ya disculpas.

La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada dentro del Ministerio, ha enviado un escrito a la Fiscalía, firmado por su director general Jesús Martín, en el que ha solicitado que se "abran las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia" que podría "incurrir en el delito regulado en artículo 510.2 del Código Penal".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado un cambio normativo para impedir el 'spam' telefónico. De este modo, las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas comerciales no consentidas y que no estén identificadas como tal.

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado varias enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, todavía en trámite para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Por un lado, se establece que las empresas estén obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un prefijo telefónico específico. Y si las empresas no utilizan ese código, el operador de telecomunicaciones deberá bloquear la llamada. Por otro, se busca declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas, y obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas, entre otras medidas que se han dado a conocer en semanas anteriores.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que se trata de "impedir que haya modelos de negocio que se basen en menoscabar el derecho al tiempo, el bienestar o la privacidad de los consumidores".