El fin del estado de alarma supone un nuevo pulso entre el Gobierno y las comunidades. Por supuesto, en función de quién las gobierna. Los líderes socialistas apoyan la decisión de Sánchez mientras que los populares insisten: esta decisión les deja desprotegidos para tomar restricciones contundentes. En 'La Hora de La 1' hemos hablado con María Jesús del Barco Martínez, jueza decana de los juzgados de Madrid que ha advertido que, sin estado de alarma, "la legislación no permite todo lo que las comunidades quieren hacer" para controlar la pandemia. En opinión de Del Barco, los cierres perimetrales generales y el toque de queda quedarían fuera de sus competencias.
En Honduras, ha comenzado el juicio contra el considerado promotor, hace cinco años, del asesinato de Berta Cáceres. La popular activista medioambiental se oponía a la construcción de una presa hidroeléctrica que quería construir la empresa del acusado. La mataron a tiros, en su propia casa, en la madrugada del 3 de marzo de 2016.
El hombre que, supuestamente, ordenó el asesinato se llama Roberto David Castillo y desde el martes se sienta en el banquillo de los acusados.
Castillo, exagente de la inteligencia militar, era el presidente ejecutivo de DESA, la empresa que pretendía construir una presa hidroeléctrica a la que se oponía Cáceres. Los asesinos materiales de Cáceres, siete sicarios, fueron condenados en 2018 a penas de hasta 50 años de cárcel. La sentencia establece que el asesinato fue ordenado por ejecutivos de la compañía por las pérdidas económicas que les causaban las protestas de los ecologistas.
El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca está paralizado desde el crimen, que consiguió lo contrario de lo que perseguía: prolongar la vida del río por el que a Berta Cáceres le quitaron la suya.
La actuación del fiscal en el juicio por la violación en grupo a una joven en Sabadell hace dos años ha sido polémica por el áspero interrogatorio a la víctima. También fue duro el tono de la defensa. Incluso el abogado de la chica ha defendido la incisiva actuación del fiscal. A pesar de la dureza, asegura que eran preguntas necesarias. Casos como este vuelven a abrir el debate sobre cómo evitar que las víctimas tengan que revivir el horror. Desde las asociaciones judiciales insisten en que es clave la formación.
En el acceso a la carrera judicial y fiscal hay temario de género desde hace unos años y también tienen formación específica en la Escuela Judicial pero luego, cuando están ejerciendo no es obligatoria la formación continua. Gloria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, asegura que es una asignatura pendiente y que debería ser obligatorio en todas las jurisdicciones. Defiende que la formación sea de arriba a abajo porque si las sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional incorporan perspectiva de género será vinculante para otros juzgados.
Y esto, apuntan, subiría también el porcentaje de víctimas que denuncian. María Ángeles Jaime de Pablos, de Mujeres Juristas Themis. "Solo se denuncia un 10% de la violencia sexual porque el proceso supone un factor de revictimización para la víctima", asegura. Las víctimas se ven cuestionadas, porque dice Poyatos que los profesionales de la justicia están expuestos a los mismos prejuicios que el resto de profesionales. "Es muy fácil caer en prejuicios históricos como el de la mujer mentirosa". Por eso, defienden, la clave es la formación.
Un juez de Pontevedra ha retirado a un padre la custodia compartida de su hijo por permitirle dedicar demasiado tiempo a los videojuegos y a las redes sociales. La sentencia, que está recurrida al Tribunal Supremo, no solo destaca la adicción al Fornite del menor, también que pasó de no tener problemas escolares a suspender nueve asignaturas en 1º de la ESO y bajar también su rendimiento en actividades extraescolares
Estaban en las fiestas de A Maruxaina (Lugo) y fueron a orinar en un callejón. Alguien las grabó y posteriormentesubió sus imágenes a varias páginas pornográficas sin su consentimiento. Ahora, la justicia no ve delito en esa acción puesto que se tomaron en "un lugar público”. En ‘La Hora de La 1’ hemos estado en la manifestación que ha tenido lugar en Lugo donde decenas de mujeres se han unido para protestar contra esta decisión del juez. Paloma Maseda, una de las afectadas, asegura que “las imágenes se ven perfectamente, así como las conversaciones”. También reclaman que es un precedente terrible ya que “se ha retrocedido con esta sentencia unos diez o quince años en los derechos de las mujeres”. Las mujeres están intentando contactar con las páginas pornográficas puesto que, indicen, “es denigrante que, con la repercusión que está teniendo este tema, encima ellos se estén lucrando más”.
Ocurrió el 28 de octubre de 2013 en León, en el pozo Emilio del Valle de la empresa Hullera Vasco Leonesa. Murieron seis trabajadores y nueve resultaron heridos. Tras la primera sesión, el juicio se ha suspendido después de que algunas defensas hayan alegado que existían pólizas de seguro que no están recogidas en el sumario.
A primera hora de la mañana, los familiares de las víctimas han colocado 6 rosas rojas a las puertas de los juzgados en recuerdo de los 6 mineros que perdieron la vida en el accidente. Reclaman justicia. Aseguran que algunas de las víctimas ya vislumbraban alguna desgracia, por la forma, dicen, en que se estaban haciendo las cosas.
Foto: EFE / J.Casares
Casi cien mujeres fueron grabadas orinando en la calle sin su consentimiento durante una romería -la Maruxaina de 2019- en San Cibrao, Lugo. Los vídeos, grabados con varias cámaras, han terminado en webs pornográficas. El juzgado considera que al tratarse de un lugar público no existe delito penal y ha archivado provisionalmente el caso. Las mujeres se han movilizado contra la decisión.
Foto: EFE / Eliseo Trigo.
La Inteligencia Artificial es hoy una realidad en aspectos cotidianos de nuestra vida, como el comercio electrónico, la concesión de un crédito o el diagnóstico médico. Si se ha preguntado por qué le llegan mensajes o aparece en medio de una web que visita publicidad de un determinado artículo sobre el que previamente había buscado información, eso es inteligencia artificial. La misma que decide inversiones y que le denegó ese crédito que solicitó.
El profesor de Filosofía del Derecho de la UC José Ignacio Solar, ha expuesto en el programa Encuentros de RNE en Cantabria las implicaciones éticas de una tecnología que ya ha condicionado elecciones, y podría incluso llegar a impartir justicia. Potencialidades, riesgos y efectos de la inteligencia artificial, han sido recogidos en un libro coordinado por José Ignacio Solar. Esta tecnología recopila todos nuestros datos y los utiliza para crear nuestros perfiles, ofreciéndonos determinados artículos o enviándonos mensajes concretos.
La Inteligencia Artificial es hoy una realidad en aspectos cotidianos de nuestra vida, como el comercio electrónico, la concesión de un crédito o el diagnóstico médico. Si se ha preguntado por qué le llegan mensajes o aparece en medio de una web que visita publicidad de un determinado artículo sobre el que previamente había buscado información, eso es inteligencia artificial. La misma que decide inversiones y que le denegó ese crédito que solicitó.
El profesor de Filosofía del Derecho de la UC José Ignacio Solar, ha expuesto en el programa Encuentros de RNE en Cantabria las implicaciones éticas de una tecnología que ya ha condicionado elecciones, y podría incluso llegar a impartir justicia. Potencialidades, riesgos y efectos de la inteligencia artificial, han sido recogidos en un libro coordinado por José Ignacio Solar. Esta tecnología recopila todos nuestros datos y los utiliza para crear nuestros perfiles, ofreciéndonos determinados artículos o enviándonos mensajes concretos.
José Ignacio Solar, coordinador de la publicación, señala que ya se aplica desde el comercio y las finanzas, a la medicina o la justicia
Más de la mitad de los abogados cree que el funcionamiento de la administración de justicia ha empeorado con la pandemia. Juan Coca ha hablado con ellos para conocer más de cerca su situación.
Las Palmas de Gran Canaria se va a convertir en la primera capital de España que va a contar con un juzgado especializado en la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Tomás Martín, juez promotor del proyecto, ha dicho en Las mañanas de RNE que es algo que los organismos internacionales pedían a España. "La Fundación Anar dice que en el último año se ha producido un elevado grado de incidencias. Además los estudios dicen que por encima de la incidencia están la prevalencia, los casos no detectados. Genera mucha preocupación que delitos tan graves no lleguen a judicializarse", ha dicho.
Y esto ocurre porque son delitos complicados de detectar, al producirse en el entorno familiar. "Se producen en el ámbito privado a víctimas que por la edad o el grado de madurez en ese momento no son conscientes de que están sufriendo un delito", explica. Un ámbito común de detección es el escolar, cuando un profesor ve algo sospechoso. "El espíritu del proyecto de Ley es convertir a toda la sociedad en elementos de detección."
María José Meilán Ramos, directora del Instituto de Medicina Legal de las Palmas, explica que cuando hay una denuncia la asistencia debe de ser muy especializada. "Hemos diseñado una unidad compuesta por un médico, un psicólogo y esperamos que también un trabajador social. Que sea la misma unidad la que valore al menor desde el principio hasta el final y que el proceso le dañe lo menos posible." El juzgado va a contar con una sala Gesell, diseñada para grabar las declaraciones de los menores de forma especial. "Es a través de un cristal, en un cuarto preparado para que el niño pueda estar cómodo, y a través del psicólogo se realizan las preguntas que las partes quieran realizar al menor. Es fundamental que un menor no tenga que sentarse en un juzgado con los abogados acusándolo y preguntando, es una cosa terrible", concluye.
